Con la administración Trump se ha escalado el bloqueo y la estrategia para buscar el cambio
de régimen en Venezuela incluye la criminalización y tratamiento de guerra a la migración.
Los migrantes han pasado a ser calificados de invasores, amenaza interna e internacional a la
seguridad de los Estados Unidos, convirtiéndose en objetivo militar.
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En el discurso y en documentos la nueva etapa de la guerra por hegemonía y recursos, asocia
directamente la migración desde Latinoamérica con operaciones de narcotraficantes y
narcoterroristas que sirven a Organizaciones Terroristas Foráneas, FTO como el llamado
Tren de Aragua, los carteles mexicanos, centroamericanos y organizaciones colombianas
designadas como terroristas.
El cierre de El Darién y el despliegue militar en El Caribe con operaciones a cargo del
Comando Sur de los Estados Unidos, le da un nuevo curso a la tragedia humanitaria que
acompaña la migración forzada. Estamos ante la quiebra del derecho internacional por
decisiones unilaterales del gobierno de Donald Trump que rompen con los tratados vigentes
sobre migración y de lucha contra el crimen organizado para adoptar un discurso de guerra
antiterrorista y de anuncio de operaciones en cualquier país de la región para enfrentar las
supuestas amenazas a la seguridad de los Estados Unidos.
Las doctrinas de seguridad extraterritorial y de injerencia antiterrorista sin frontera se quieren
completar con la declaratoria de una situación de conflicto armado que sería interno en los
mismos Estados Unidos y al tiempo internacional. De esta manera se apela a diversos
pretextos, sean de seguridad y defensa o de guerras, para justificar la militarización en todos
los órdenes y la pretensión de imponer una sui generis dictadura internacional con acciones
terroristas de Estado.