La comunicación ANEXA, radicada el 22 de julio de 2026, solicita a la Directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, Dra. Irene Vélez Torres, “convocar y realizar audiencia pública ambiental para el seguimiento de la licencia otorgada al Ministerio de Defensa para la construcción de la Estación Militar Guardacostas en el Parque Nacional Natural Gorgona”.
La Fundación Biodiversidad, quienrealiza esta solicitud, a través de su representante legal, es reconocida por la ANLA como “tercero interviniente” en el trámite de tal licencia. Actúa en acuerdo con varias organizaciones; entre ellas, el Consejo Comunitario Bajo Tapaje y del Mar, organización de Pueblos afrodescendientes del litoral pacífico.
La petición resalta que el licenciamiento al Ministerio de la defensa, en cabeza de la Armada Nacional, comprende actos administrativos desde el año de 2015; incluye un número elevado de resoluciones hasta el año 2025; y destaca el incumplimiento de las obligaciones por parte del Ministerio de Defensa.
Según el ACTA (de seguimiento) No. 1017 de 2025, de la ANLA, se pide al Ministerio de Defensa, por ejemplo: Ajustar el análisis de impactos, en relación con la fertilidad y estabilidad del suelo marino; las características físicas, químicas y biológicas del agua; el hábitat para diversas especies; la calidad del aire; el incremento de ruidos por pilotaje y anclaje durante la construcción del muelle; el estado de ecosistemas coralinos, fondos rocosos, litoral arenoso y rocoso; la vida de peces, tortugas y mamíferos acuáticos; la cotidianidad de las comunidades humanas del litoral. Y más cosas.
Es indispensable que la Dirección de la ANLA también cumpla sus obligaciones de seguimiento y, además, responda de manera positiva las peticiones de la comunicación radicada. El Acuerdo Regional de Escazú obliga a los Estados parte a garantizar la participación de la ciudadanía en la toma y seguimiento de las decisiones ambientales. Este Acuerdo fue ratificado en Colombia mediante Ley 2273 del 5 de noviembre de 2022, sometida a control previo de constitucionalidad por la Corte Constitucional.
Según el citado Acuerdo, en virtud de la transparencia en la gestión ambiental, la ANLA debe entregar de forma oportuna y clara la información sobre permisos, contratos e impactos ambientales a cualquier ciudadano y, por supuesto, a los Pueblos concernidos, que son titulares de derechos de participación y soberanía.
Le queda poco tiempo a la Directora de la ANLA, Dra. Vélez, para que deje, si quiere, un legado de coherencia con una política ambiental que haga honor a normas nacionales e internacionales, obligatorias.
Darío González Posso – julio de 2026
Véase texto completo de la petición, en el descargable en PDF.
