Por: Andry Villa

“¿Por qué profe?”

La pregunta vino después de que un niño hablara de su escuela, del agua que debían traer del río y de cómo sentía que todo se quedaba en las ciudades mientras su comunidad seguía sobreviviendo entre carencias y abandono.

“Acá no tenemos dónde estudiar, no hay universidades, ni colegios, ni escuelas bonitas, nada grande, nada bonito. Acá nos toca ir a traer agua del río. Todo se queda en las ciudades. ¿Por qué profe?”

Todavía recuerdo el silencio que quedó después de escucharlo.

Porque hay preguntas frente a las cuales ningún discurso institucional alcanza. Preguntas que dejan al descubierto las fracturas más profundas de este país y que obligan a mirar de frente realidades que durante años Colombia ha intentado normalizar; la desigualdad, el abandono, la violencia y la costumbre de aceptar que ciertos territorios y ciertas vidas parezcan importar menos.

Escuchar a los niños, niñas y adolescentes del Putumayo durante la investigación transformó profundamente mi manera de comprender la justicia. Mientras gran parte del país debatía la paz desde escenarios políticos e institucionales durante el proceso de paz de 2016, las niñas y niños hablaban de ella desde su experiencia cotidiana, pero también desde reflexiones profundamente lúcidas sobre la dignidad, la participación, la reparación, la solidaridad y el cuidado de la vida. Sus voces no estaban marcadas únicamente por lo que habían vivido en medio de la guerra, sino por su capacidad de imaginar formas más humanas y justas de construir país.

Nueve años después, sus palabras siguen resonando con una fuerza poderosa. Porque, aunque este artículo toma como referencia las voces de niños, niñas y adolescentes del Putumayo, la realidad que denunciaban continúa presente hasta el día de hoy, en muchos territorios del país, especialmente en el suroccidente colombiano, donde comunidades enteras siguen creciendo en medio de confrontaciones armadas, miedo, reclutamiento, confinamiento y violencias normalizadas.

Lo más inquietante es que gran parte de esta tragedia ocurre ante los ojos de todos. Nos hemos acostumbrado a convivir con noticias sobre asesinatos, desplazamientos, amenazas o niños y niñas atrapados en la guerra, mientras el país aprende lentamente a desviar la mirada. Tal vez una de las formas más peligrosas de los discursos de odio no sea únicamente la agresión explícita, sino la indiferencia frente al dolor de ciertas vidas, la normalización del sufrimiento de comunidades históricamente excluidas y el silenciamiento progresivo de sus voces.

Y aun así, incluso creciendo en medio de tantas violencias, las niñas y niños del Putumayo seguían hablando de justicia desde lugares profundamente humanos.

“Todas las víctimas deben ser escuchadas, víctima no solo es el que tiene una afectación física, sino también los afectados psicológicamente”

En una sola frase, una niña lograba nombrar algo que durante años Colombia tardó en reconocer, la guerra también deja heridas invisibles. El conflicto armado no solo destruye cuerpos y territorios; también fractura emocionalmente a las comunidades, transforma las relaciones humanas y enseña a convivir con el miedo.

Muchos de los niños y niñas participantes habían vivido desplazamientos, asesinatos de familiares, confinamientos y control territorial de actores armados. Pero sus voces no se quedaron atrapadas en el dolor. Por el contrario, construyeron reflexiones profundamente éticas sobre lo que significa vivir con dignidad en medio de la violencia.

Cuando hablaban de justicia, no hablaban únicamente de castigo.

Hablaban de reconocimiento.

Hablaban de escucha, respeto, dignidad.

Hablaban de verdad.

“No sabemos nada de nuestros familiares cuando se los han llevado a la guerra, tienen que decirnos qué les pasó”

“Nunca se podrá reparar a un ser querido, nada lo repone, ellos deben reconocer públicamente que son los victimarios”

“Ellos deben pedir perdón en público, y ser capaces de perdonar, olvidar el rencor, perdonarnos a nosotros mismos”

En las voces de los niños y niñas, la justicia no aparecía como un concepto jurídico abstracto. La justicia era verdad. Era memoria. Era reparación. Era la necesidad de que el dolor fuera reconocido públicamente y que las víctimas dejaran de ser invisibles.

Y quizá una de las reflexiones más profundas de la investigación fue comprender que las niñas y niños no concebían la paz únicamente como el silenciamiento de las armas.

“Se cree que la paz solo se consigue dejando las armas, la paz no se consigue solo así.”

Los niños y niñas del Putumayo entendían algo que todavía hoy el país sigue intentando aprender, la paz no se construye solamente firmando acuerdos. La paz se construye transformando las condiciones que producen exclusión, desigualdad y abandono.

Por eso, cuando hablaban de paz, hablaban también de solidaridad, participación y justicia social.

“También podemos acabar con la violencia siendo solidarios y si alguna persona que ande sin ropa se le regale; la paz se hace si todos nos ayudamos, a veces hay gente que no tiene plata para comprar ropa, comida, cuadernos, remedios, entonces les podemos regalar de lo que nosotros tenemos, no regalar plata, sino lo que tenemos en la casa, chiros, pastas para la barriga, ropa, remedios, alimentos, así el que no tiene plata no sufre”

Hay algo profundamente conmovedor en esta reflexión. Mientras el país discutía la paz desde discursos políticos polarizados, una niña o un niño proponía compartir comida, ropa y remedios para disminuir el sufrimiento de otros. En medio de territorios atravesados por la violencia, las infancias seguían defendiendo la solidaridad como una forma concreta de construir humanidad.

Y quizá allí se encuentra una de las lecciones más urgentes frente a los discursos de odio.

El odio deshumaniza.

La solidaridad vuelve a reconocer al otro como alguien digno de cuidado.

Los discursos de odio no se desmontan únicamente desde discursos institucionales o llamados abstractos a la reconciliación. Se desmontan cuando las comunidades pueden vivir dignamente, cuando las víctimas son escuchadas, cuando las niñas y niños dejan de crecer entre miedo y silencio y cuando las voces históricamente excluidas participan realmente en las decisiones que afectan sus vidas.

Las niñas y niños lo dijeron con enorme claridad:

“La paz implica que todos y todas tengamos la libertad de opinar y decidir frente a las decisiones que nos afectan. Que los mayores escuchen lo que nosotros sentimos desde nuestro corazón, que escuchen nuestras voces”

Y también:

“Es necesario cambiar los representantes políticos actuales, dar la oportunidad a líderes campesinos, indígenas, afros que conocen el territorio, porque justicia es respetar las opiniones de los demás y que se respete la propia, que todos podamos opinar”

Sus palabras cuestionan profundamente una sociedad que históricamente ha tomado decisiones sobre los territorios sin escuchar a quienes habitan en ellos. Cuestionan una democracia donde muchas veces las comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes y campesinas siguen siendo vistas únicamente como escenarios de guerra y no como sujetos políticos con propuestas, memoria y capacidad de transformación.

Escuchar verdaderamente a las niñas y niños implica reconocerlos como interlocutores legítimos en la construcción de paz.

Implica aceptar que sus reflexiones no son ingenuas.

Son profundamente políticas.

“Hay que generar unidad en las comunidades, para generar diálogos y acuerdos, para exigir nuestros derechos. Diálogos de reflexión, de reparación, discusión, a nivel psicológico, político y cultural”

Tal vez Colombia todavía no ha comprendido que escuchar verdaderamente a sus niños, niñas y adolescentes no es un gesto simbólico ni un acto de ternura institucional.

Es una necesidad ética y política.

Porque mientras los adultos siguen preguntándose cómo construir paz, las niñas, niños y adolescentes del Putumayo ya habían comenzado a responder.

Diez años después, sus voces siguen teniendo una vigencia profundamente incómoda. No porque pertenezcan al pasado, sino porque las realidades que denunciaban continúan marcando la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en Colombia, especialmente en el suroccidente del país. El reclutamiento, la utilización por parte de actores armados y estructuras de crimen organizado, el miedo, el desplazamiento, el confinamiento y el abandono institucional siguen arrebatándoles el derecho a vivir plenamente su infancia.

Quizá la mayor deuda que mantiene Colombia con sus niñas, niños y adolescentes no sea únicamente la persistencia de estas violencias, sino haber desaprovechado durante años la posibilidad de escucharlos. Con frecuencia han sido tratados como destinatarios de protección o como objetos de cuidado, pero rara vez como ciudadanos capaces de interpretar su realidad, cuestionarla y proponer caminos para transformarla. Sin embargo, hace una década ya hablaban de verdad, de dignidad, de solidaridad, de participación y de justicia social con una claridad que hoy continúa interpelando al país.

En un momento en que Colombia enfrenta nuevamente el desafío de construir consensos en medio de profundas divisiones, vale la pena recordar que la paz no será el resultado exclusivo de acuerdos políticos ni de decisiones institucionales. Será también la capacidad de reconocer y escuchar las voces que históricamente han permanecido en los márgenes de las decisiones públicas.

Ojalá el próximo gobierno, y todos los que le sucedan, asuman ese desafío con la seriedad que merece. Escuchar a las niñas, niños y adolescentes no es un gesto simbólico, ni un acto de sensibilidad institucional. Es reconocerlos como sujetos políticos esenciales para la construcción de un país más democrático, más justo y en paz.

Porque la paz que Colombia sigue buscando tal vez ya había comenzado a escribirse hace diez años, en las palabras de quienes casi nunca son invitados a decidir sobre el futuro del país.

Datos de la autora

Breve perfil biográfico: Andry Villa es psicóloga, educadora, investigadora y profesional humanitaria con 18 años de experiencia en protección, derechos humanos y construcción de paz en territorios afectados por el conflicto armado colombiano. Ha trabajado con el Sistema de Naciones Unidas, entidades estatales y organizaciones sociales, nacionales e internacionales, acompañando procesos de protección y desarrollo territorial con comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, población refugiada, víctimas, mujeres y niñez. Su trabajo articula investigación, incidencia territorial y enfoque psicosocial desde las voces y experiencias de las comunidades.