Colombia, otra vez laboratorio

Leonardo González Perafán
Director de Indepaz
Julio de 2026

Cada cierto tiempo Estados Unidos le cambia el nombre a su guerra en América Latina. En los años ochenta fue la guerra contra las drogas; después llegaron el Plan Colombia y el Plan Patriota. Hoy aparecen el Escudo de las Américas y el Plan Patriota 2.0. Cambian los nombres, cambian los presidentes, cambian los discursos, pero Colombia sigue siendo el laboratorio.

La semana pasada se conocieron dos anuncios que, leídos por separado, podrían parecer simples decisiones de cooperación internacional. Juntos, sin embargo, revelan el rumbo de la política de seguridad que impulsarán Donald Trump y el presidente electo Abelardo de la Espriella.

El primero fue el ingreso de Colombia al denominado “Escudo de las Américas”, una iniciativa orientada a fortalecer la cooperación regional contra los carteles mediante inteligencia, intercambio de información y capacidades militares. El segundo fue quizá aún más revelador. Joseph Humire, subsecretario adjunto para Asuntos de Seguridad de las Américas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, anunció lo que denominó “Plan Patriota 2.0”, una nueva etapa de la alianza militar entre ambos países que, según sus palabras, llevará la relación bilateral a “nuevos niveles”.

Aunque todavía no existe un documento oficial que permita conocer el alcance de esa estrategia, sí se han anunciado algunos de sus componentes: entrenamiento militar especializado, creación en Colombia de una escuela regional para formar fuerzas de otros países, modernización de helicópteros, fortalecimiento de capacidades contra drones, ampliación de la inteligencia y acompañamiento a la conformación de bloques de defensa para la seguridad urbana.

Los nombres son nuevos; la receta no.

Durante más de cinco décadas Colombia ha ensayado prácticamente todas las fórmulas imaginables de la guerra contra las drogas. Ningún país de América Latina ha recibido tanta cooperación militar estadounidense; ninguno ha acumulado tanta experiencia en operaciones contrainsurgentes y antinarcóticos; ninguno ha servido durante tanto tiempo como plataforma de la política de seguridad de Washington. Y, sin embargo, el narcotráfico sigue ahí.  Y No porque nada haya cambiado, sino porque todo cambió.

Los grandes carteles dieron paso a redes mucho más flexibles; los grupos armados están fracturados y el conflicto se ha transformado; las rutas cambian permanentemente, las economías ilegales se diversificaron y ahora la minería ilegal, el tráfico de migrantes, la deforestación, el contrabando, la extorsión y el microtráfico han terminado por integrarse a un mismo entramado, por lo que se ha involucrado cada vez más a la criminalidad organizada local y urbana.

Hoy el crimen organizado no puede entenderse únicamente como un actor armado. Funciona como un complejo macrocriminal que articula economías ilegales y legales, estructuras financieras, redes de corrupción que cooptan al Estado, empresas fachada, mercados internacionales y organizaciones armadas que ejercen control territorial cuando resulta necesario. La violencia continúa siendo un instrumento, pero ya no explica por sí sola el funcionamiento de estas organizaciones.

Por eso sorprende que la respuesta vuelva a concentrarse, exclusivamente, en el fortalecimiento militar: Helicópteros, drones, inteligencia, entrenamiento, ciberseguridad. Muy poco se dice sobre el dinero y ahí está, precisamente, el corazón del problema.

Las organizaciones criminales sobreviven porque lavan activos, capturan instituciones, corrompen funcionarios, infiltran economías legales, aprovechan sistemas financieros internacionales y establecen alianzas con actores públicos y privados. Su principal fortaleza ya no depende únicamente de la capacidad de disparar, sino de la capacidad de acumular poder económico, político y social.

Entonces sabiendo eso, ¿Por qué, después de medio siglo de resultados parciales, seguimos creyendo que el siguiente plan militar resolverá aquello que los anteriores no pudieron?

La respuesta está en EEUU, y no es un secreto que es un país que ha construido buena parte de su liderazgo alrededor de una idea sencilla: los problemas complejos se enfrentan declarando guerras. Guerra contra los migrantes, guerra contra los carteles, guerra contra el terrorismo. Es una narrativa eficaz porque identifica enemigos claros y promete soluciones rápidas; sin embargo, la experiencia latinoamericana demuestra que esas guerras rara vez terminan donde empiezan.

Con frecuencia fortalecen las capacidades coercitivas del Estado, pero no necesariamente la justicia, la investigación financiera o las instituciones civiles. Multiplican operaciones, capturas e incautaciones mientras las organizaciones criminales modifican sus rutas, cambian de nombre y encuentran nuevas formas de conservar intactos sus negocios.

En ese contexto no sorprende que Colombia vuelva a ocupar un lugar central; ningún otro país ofrece tantas capacidades acumuladas para proyectar esa estrategia hacia el resto del continente. La idea de convertir al país en un centro regional de entrenamiento militar confirma que esta política trasciende las fronteras nacionales: Colombia no solo aplicaría la doctrina, también ayudaría a exportarla en la región.

Ese es, quizá, el verdadero significado del Escudo de las Américas y del Plan Patriota 2.0. No son únicamente acuerdos de cooperación bilateral. Representan el regreso de una forma de entender la seguridad hemisférica en la que el protagonismo vuelve a recaer sobre la respuesta militar.

Pero el crimen organizado de 2026 no es el de 1999 y, por esa misma razón, la seguridad tampoco puede seguir pensándose con las categorías del pasado. La disputa ya no consiste únicamente en controlar corredores o destruir campamentos. Consiste en recuperar territorios donde las organizaciones criminales administran economías, regulan conflictos, capturan rentas y terminan condicionando la vida cotidiana de las comunidades.

Por eso la seguridad debe entenderse como un proceso de transformación territorial: Recuperar un territorio no significa únicamente desplegar tropas. Significa garantizar justicia, infraestructura, educación, salud, acceso a mercados legales, protección ambiental, presencia institucional permanente y oportunidades para las nuevas generaciones. Significa impedir que la población deje se ser instrumentalizada por las organizaciones criminales en favor de intereses de terceros.

La experiencia colombiana demuestra que allí donde el Estado llega únicamente con operaciones militares, el control armado suele reaparecer cuando disminuye la presión. En cambio, cuando la presencia institucional se traduce en transformación del territorio, la capacidad de reproducción de las organizaciones criminales comienza a debilitarse.

Las comunidades no son un actor pasivo que espera ser protegido. Son el primer escenario de prevención. Fortalecer las organizaciones sociales, proteger a los liderazgos, garantizar la participación ciudadana y acompañar los procesos comunitarios constituye también una política de seguridad. Las comunidades organizadas producen información, generan confianza institucional, previenen el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, resisten la captura social del territorio y construyen mecanismos cotidianos de protección colectiva que ninguna operación militar puede reemplazar.

La seguridad del siglo XXI no depende únicamente del monopolio de la fuerza. Depende también de la capacidad del Estado para construir legitimidad junto con las comunidades.

Colombia no necesita una nueva estrategia venga acompañada de un nuevo nombre, como si cambiar el título bastara para corregir las limitaciones de las anteriores. Porque el verdadero riesgo del Plan Patriota 2.0 no es que fracase, es que vuelva a ser considerado un éxito bajo los indicadores de siempre: más capturas, más bajas, más toneladas incautadas y más operaciones militares, mientras el crimen organizado cambia de sigla, de ruta y de jefes, pero conserva intacta su capacidad para reproducirse.

Después de cincuenta años ensayando distintas versiones de la guerra, quizá la verdadera innovación no consista en perfeccionar la siguiente ofensiva militar. Quizá el desafío sea otro: construir una seguridad capaz de transformar los territorios, fortalecer a las comunidades y desmontar el complejo macrocriminal allí donde realmente se sostiene.

Solo entonces Colombia dejará de ser el laboratorio donde se ensayan las guerras de otros para convertirse en el país que diseña su propia política de seguridad.