Leonardo González Perafán
Director de Indepaz
Hay una expresión que aparece cada vez que vuelve la discusión sobre el porte de armas: las “personas de bien”. La idea parece sencilla: los delincuentes están armados mientras quienes cumplen la ley están indefensos. Entonces, dicen, habría que permitir que estos últimos también se armen.
El primer problema está en la expresión. “Persona de bien” no es una categoría jurídica. Es una valoración moral y profundamente subjetiva. ¿Quién decide quién es una persona de bien? ¿El Estado, el vecino, el policía, quien solicita el permiso o quien considera que está defendiendo el orden?
El Estado puede revisar antecedentes y requisitos para expedir un permiso. Lo que no puede expedir es un certificado de buena conducta futura.
Y estamos hablando de armas en un país que cerró 2025 con 14.780 presuntos homicidios, la cifra más alta de la última década según Medicina Legal y 5,4 % superior a la de 2024. De las víctimas, 13.641 fueron hombres y 1.122 mujeres.
El último Forensis disponible con información detallada sobre mecanismos muestra además la enorme presencia de las armas de fuego en nuestra violencia homicida. En 2024 la tasa nacional de homicidios fue de 26,61 por cada 100.000 habitantes y Medicina Legal considera la violencia homicida un problema grave de salud pública y seguridad.
Pero hay algo que me preocupa especialmente cuando escucho hablar de armar a las “personas de bien”: el peligro no siempre es un delincuente desconocido que espera en una esquina.
Medicina Legal realizó en 2024 12.930 valoraciones de riesgo de violencia grave o mortal contra mujeres por parte de sus parejas o exparejas. Y la Procuraduría terminó registrando 215 feminicidios durante 2024, 21 de ellos de niñas. En su balance a noviembre había encontrado además que el 68 % de los feminicidios registrados hasta entonces habían sido cometidos por parejas o exparejas y que en 34 casos se utilizaron armas de fuego.
A veces el peligro no está esperando en una esquina. A veces duerme en la misma casa.
Y tenemos una imagen mucho más cercana que debería servirnos de memoria: En Cali, durante las protestas de 2021, vimos civiles armados que se asumían del lado del orden y terminaron disparando contra otros ciudadanos. Naciones Unidas documentó ataques de civiles armados contra integrantes de la Minga Indígena y manifestantes, algunos ocurridos ante miembros de la Fuerza Pública. La CIDH llegó a calificar como “extremadamente grave” la participación de civiles armados en actos de represión contra manifestantes.
Eso debería bastar para entender el peligro de dividir una sociedad entre buenos y malos y, después, armar a los que se consideran buenos. Cuando alguien está convencido de estar del lado del bien puede terminar creyendo que también tiene derecho a decidir quién es el enemigo. No digo esto porque crea que somos violentos por naturaleza. Al contrario. Esa idea me parece peligrosa porque naturaliza la violencia, como si estuviéramos condenados a resolver nuestras diferencias a tiros. Colombia debería haber aprendido, después de tantas décadas de guerra, que la violencia no es un destino.
El argumento es mucho más sencillo: un arma aumenta la capacidad de hacer daño y puede volver irreversible una situación que no tenía por qué serlo. Por supuesto que existe la legítima defensa. Y obtener legalmente un arma no convierte a nadie en delincuente. Pero una cosa es reconocer ese derecho y otra convertir al ciudadano armado en una respuesta frente a la inseguridad.
Una sociedad con miedo necesita prevención, justicia, policías eficaces e instituciones que funcionen. La seguridad es responsabilidad del Estado, no puede convertirse en un sálvese quien pueda.
Porque el Estado puede autorizar el porte de un arma. Lo que nunca podrá certificar es quién es una “persona de bien”.
