Popayán: una alerta que no puede pasar inadvertida
Por Leonardo González Perafán
Director de Indepaz
Hay alertas tempranas que confirman riesgos conocidos y otras que obligan a cambiar la manera de mirar un territorio. La Alerta Temprana de la defensoría del Pueblo 018 de 2026 para Popayán pertenece a las segundas. La Defensoría del Pueblo no está advirtiendo solamente sobre una prolongación de las violencias que durante años han golpeado al Cauca. Está señalando algo más inquietante: nuestra ciudad empieza a ocupar un lugar cada vez más funcional dentro de esas dinámicas. La alerta cubre los 23 corregimientos rurales y las nueve comunas urbanas y describe a la capital caucana como un nodo estratégico que conecta el centro del departamento con Valle del Cauca, Nariño y Huila.
Durante mucho tiempo pensamos la relación de Popayán con el conflicto desde otro lugar. La ciudad recibía a las familias desplazadas, concentraba instituciones y servicios y terminaba absorbiendo buena parte de las consecuencias humanitarias de las guerras que ocurrían en municipios vecinos. Esa realidad no ha desaparecido, pero ahora hay que agregar otra: las lógicas del conflicto también están encontrando en Popayán un espacio para moverse, financiarse, esconderse y proyectarse.
La alerta es especialmente interesante porque distingue dos escenarios que no deben confundirse. En la zona rural hay una disputa por corredores estratégicos de movilidad y logística. Allí aparecen el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas del Estado Mayor Central, con estructuras como los frentes Jaime Martínez, Carlos Patiño y Dagoberto Ramos, y el ELN, particularmente el Frente José María Becerra. En la zona urbana, en cambio, la Defensoría identifica una dinámica de coexistencia entre distintos actores que utilizan la ciudad como refugio, plataforma de financiación y espacio de proyección.
Esa diferencia es importante. El riesgo de Popayán no puede medirse únicamente preguntando cuántos hombres armados patrullan una vereda o si existe una confrontación abierta en determinado barrio. Buena parte de las nuevas formas de control funcionan de manera menos visible. Operan a través de redes de información, extorsiones, economías ilegales, intermediarios y relaciones entre estructuras armadas y criminalidad organizada.
La propia alerta menciona un fenómeno que merece mucha atención: la posible tercerización de actividades entre grupos armados y bandas locales, junto con la presencia de emisarios vinculados a estructuras transnacionales como Choneros, Lobos y Tiguerones. No significa que Popayán esté frente a una reproducción automática de los modelos criminales de otras ciudades, pero sí que debemos observar con cuidado la forma en que se conectan mercados ilegales, actores locales y estructuras de mayor alcance.
También hay un componente económico que no puede pasarse por alto. La Defensoría advierte que Popayán puede ser instrumentalizada aún más para el lavado de activos por su cercanía con enclaves cocaleros y mineros. Esa relación entre economías ilegales rurales y circuitos urbanos de legalización del dinero ayuda a entender por qué una ciudad aparentemente alejada de las zonas de producción puede convertirse en una pieza importante de la economía de la guerra.
Y mientras todo esto ocurre, los impactos recaen nuevamente sobre la población. La alerta registra homicidios selectivos y masacres, extorsiones, secuestros, utilización de explosivos y drones, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes y violencias basadas en género. Además, identifica riesgos particulares para pueblos indígenas, población afrocolombiana, liderazgos sociales, firmantes del Acuerdo de Paz, población migrante y personas LGBTIQ+.
Me preocupa especialmente el reclutamiento. En el Cauca llevamos demasiado tiempo viendo cómo niños, niñas y adolescentes son utilizados para sostener estructuras armadas. Ahora la Defensoría advierte además que el entorno digital facilita estos procesos. Ya no estamos hablando únicamente del reclutador que llega a una vereda; hablamos también de contactos mediante redes sociales, promesas, engaños y mecanismos capaces de alcanzar a jóvenes en contextos urbanos.
Por eso la respuesta a esta alerta no puede reducirse a anunciar más patrullajes o aumentar temporalmente el pie de fuerza. Eso puede ser necesario, pero el problema es bastante más complejo. Se requiere investigación criminal capaz de seguir las redes financieras, combatir la extorsión y el lavado de activos, proteger los entornos escolares y comunitarios, prevenir el reclutamiento, fortalecer a las organizaciones sociales y garantizar presencia institucional permanente en los corregimientos.
También se necesita algo que suele aparecer tarde en las respuestas estatales: fortalecer las capacidades de las propias comunidades. La Defensoría habla expresamente de autoprotección y seguridad humana. No es un asunto menor. Las comunidades no pueden quedar reducidas al papel de víctimas que esperan protección desde afuera; sus organizaciones, juntas, autoridades étnicas y liderazgos son parte fundamental de cualquier estrategia preventiva.
Desde Indepaz hemos insistido en que el Cauca no puede seguir atrapado entre operaciones militares sucesivas y respuestas de emergencia posteriores a cada crisis. La presencia de la Fuerza Pública es necesaria, pero la experiencia demuestra que, sin Estado social, investigación judicial, oportunidades para los jóvenes, fortalecimiento comunitario y salidas políticas al conflicto, los actores cambian de nombre, se reacomodan y vuelven a ocupar los mismos territorios.
La AT 018-26 tiene además una ventaja que no deberíamos desperdiciar: está advirtiendo antes. Nos dice dónde están los corredores, qué actores intervienen, qué poblaciones enfrentan mayor riesgo y hacia dónde pueden evolucionar las dinámicas. Incluso advierte que, si no hay prevención integral, puede consolidarse la coexistencia urbana entre estructuras armadas, aumentar el uso de drones, profundizarse el reclutamiento y sofisticarse la articulación entre criminalidad organizada y grupos armados.
Por eso no conviene leer esta alerta cuando ocurra la próxima tragedia. Hay que leerla ahora. Popayán todavía está a tiempo de impedir que esas dinámicas se consoliden. La peor respuesta sería acostumbrarnos poco a poco a la extorsión, al miedo, a los homicidios selectivos o a la presencia silenciosa de redes criminales hasta que terminen convertidos en parte del paisaje cotidiano. Una alerta temprana sirve justamente para evitar eso: para que nadie pueda decir después que no sabía lo que estaba pasando.
