Presidente, hablar no es un delito
Por. Leonardo González Perafán
26/08/2026
Resulta preocupante que el presidente Abelardo de la Espriella haya escogido precisamente un escenario militar, durante el reconocimiento de la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas, para anunciar que “absolutamente nadie está autorizado” para establecer comunicación con los grupos armados y advertir que quien lo haga será llevado ante los tribunales. No es solamente una decisión sobre unas mesas de negociación: es un mensaje político que privilegia la respuesta militar y desconoce que, incluso en medio de la guerra, hay conversaciones que no buscan negociar el poder, sino salvar vidas.
Una cosa es que un Gobierno decida no adelantar negociaciones políticas y otra muy distinta que pretenda impedir cualquier tipo de comunicación con los actores armados. En un país con niños y niñas reclutados, comunidades confinadas, personas secuestradas, territorios bajo amenaza y poblaciones atrapadas en medio de confrontaciones, los canales humanitarios no son opcionales: son indispensables para proteger la vida.
En Colombia se habla con actores armados para conseguir la liberación de una persona secuestrada, recuperar un cuerpo, permitir la entrada de una misión humanitaria, evacuar heridos, evitar un desplazamiento, aliviar un confinamiento, garantizar el ingreso de alimentos o impedir que una amenaza termine en una masacre. También se habla para exigir que se respete una escuela, que no se instalen artefactos explosivos cerca de una comunidad o que un niño reclutado pueda regresar con su familia.
Eso no es negociar. Es proteger la vida.
Muchas veces, además, son las propias comunidades las que tienen que establecer esos contactos porque son ellas las que están frente al actor armado, sin escoltas ni helicópteros, intentando sobrevivir y proteger a sus familias. Criminalizar esa interlocución sería poner sobre las víctimas una carga adicional: exigirles que enfrenten la guerra, pero prohibirles hablar con quienes pueden hacerles daño.
Durante décadas, la Iglesia, organismos internacionales, organizaciones humanitarias y sociales, autoridades étnicas, liderazgos comunitarios y mediadores han cumplido tareas de buenos oficios y facilitación. Su función no ha sido reemplazar al Estado ni legitimar a los grupos armados, sino abrir pequeñas puertas cuando todo parece cerrado. Muchas liberaciones, entregas de cuerpos, evacuaciones y acuerdos humanitarios han sido posibles precisamente porque alguien pudo hablar.
Por eso también preocupa la advertencia de llevar ante los tribunales a quien establezca comunicación con estos grupos. Nadie puede ser convertido en delincuente por una declaración presidencial. El Ejecutivo no puede transformar mediante un discurso toda interlocución humanitaria en colaboración con un actor armado. Mucho menos puede sembrar miedo entre quienes cumplen labores humanitarias o entre las comunidades que necesitan hablar para protegerse.
La historia también enseña que incluso los gobiernos que han combatido con dureza a organizaciones armadas han mantenido canales de comunicación. Durante el conflicto de Irlanda del Norte, mientras el Gobierno británico enfrentaba militarmente al IRA y sostenía públicamente una línea dura frente al terrorismo, existieron canales de comunicación que, con avances, retrocesos y largos periodos de desconfianza, terminaron contribuyendo al cese al fuego de 1994 y al camino que llevó al Acuerdo de Viernes Santo de 1998.
La enseñanza es que mantener un canal abierto no significa rendirse, conceder legitimidad al adversario ni abandonar las obligaciones de seguridad del Estado. Significa conservar una posibilidad para proteger a la población mientras continúa la confrontación y una puerta por la cual, algún día, pueda entrar la paz.
Desde hace varios años hemos insistido en que los conflictos armados no tienen una solución sostenible exclusivamente por la vía militar. La fuerza puede contener estructuras, capturar responsables o impedir determinadas acciones, pero no resuelve por sí sola las causas que alimentan la violencia ni garantiza que otros actores no ocupen los espacios que quedan abiertos. La salida duradera requiere política, negociación y sobre todo participación de las comunidades.
Por eso es grave cerrar las puertas de la negociación, pero sería todavía más grave cerrar también los canales humanitarios. Una política de seguridad puede combatir a un grupo armado y, al mismo tiempo, permitir que existan interlocutores capaces de salvar una vida. No hay contradicción en eso. Hay humanidad.
En una guerra se necesita hablar incluso con quien se combate. A veces para intentar terminarla; otras, simplemente para conseguir que una persona vuelva a su casa, que un niño salga de las filas, que entren alimentos a una comunidad o que alguien pueda enterrar a sus muertos.
Presidente: hablar para salvar vidas no es un delito. Es una obligación humanitaria.
