Hay un viejo dicho que afirma: “Dime de qué te vanaglorias y te diré de qué padeces”. La frase contiene una intuición sencilla: aquello que exhibimos con mayor insistencia puede terminar revelando nuestras propias contradicciones.
Algo parecido ocurre en El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen. El rey desfila convencido de llevar unas vestiduras extraordinarias y todos celebran lo que supuestamente ven, hasta que un niño pronuncia lo evidente: el rey está desnudo. La puesta en escena destinada a engrandecerlo termina exponiéndolo.
Tal vez esa sea una buena manera de mirar la estética construida por Abelardo de la Espriella durante sus primeros meses de gobierno. La pistola al cinto, el chaleco antibalas, el radio de comunicaciones recurrentemente en la mano, los militares alrededor, las cárceles y los presos, las imágenes de quienes mueren en operaciones militares, la patria, Cristo Rey y el Tigre componen una imagen insistente de firmeza, mando, seguridad y autoridad.
Cuanto más necesita el poder exhibir su fuerza, más pertinente resulta preguntarse qué revela esa necesidad de mostrarla. Porque esos símbolos no solamente visten al poder; también pueden terminar dejándolo al descubierto.
La pistola comunica capacidad de fuerza; el radio construye la imagen de un presidente en permanente puesto de comando; la cárcel habla de una determinada concepción del castigo; y la exhibición de los muertos obliga a preguntarse por la frontera entre informar sobre una victoria militar y convertir el cuerpo del derrotado en parte de esa victoria. Las palabras hacen lo propio: “bandidos”, “narcoterroristas” y “terrorismo urbano” delimitan el lugar del enemigo, mientras que, al otro extremo, el presidente también decide a quién llamar “héroe”.
No se trata de desconocer que el Estado debe perseguir delitos, enfrentar organizaciones armadas y proteger a la población. Precisamente porque tiene esa obligación y dispone de enormes capacidades para cumplirla, importa observar cómo ejerce ese poder, qué lenguaje utiliza y, sobre todo, qué límites está dispuesto a reconocer.
Esa estética ha empezado a avanzar hacia un terreno más profundo y peligroso. El propio presidente anunció una “contrarrevolución cultural”, orientada, según el Gobierno, a recuperar valores tradicionales, fortalecer la identidad nacional y evitar que la cultura sea utilizada como instrumento ideológico.
La controversia llegó rápidamente al Museo Nacional, donde fueron retiradas decenas de piezas relacionadas, entre otros asuntos, con el conflicto armado, el movimiento feminista, la diversidad sexual, la Unión Patriótica, Carlos Pizarro y el Acuerdo de Paz. Un juez ordenó conservar las piezas retiradas y prohibió nuevos desmontajes por su contenido mientras estudia una tutela, además de pedir explicaciones sobre el fundamento administrativo de la decisión.
Toda curaduría selecciona y ningún museo puede mostrarlo todo. Pero un museo nacional tampoco es una simple bodega de objetos: es uno de los lugares donde una sociedad construye el relato de aquello que decide recordar de sí misma. Cuando la transformación de ese relato coincide con una política gubernamental denominada expresamente “contrarrevolución cultural”, las preguntas resultan inevitables: ¿qué merece permanecer en la memoria de la nación?, ¿quién puede ser héroe?, ¿quién ocupa el lugar del enemigo?, ¿qué historias permanecen visibles y cuáles salen del cuadro?
Y esa “contrarrevolución cultural” ya no parece limitarse a cuadros, palabras o símbolos. Empieza también a tener nombres propios dentro del Estado.
Después de apenas dos meses y medio de gobierno, De la Espriella sacó a Rodrigo Lara del Ministerio del Interior y nombró en su reemplazo a Alejandro Ordóñez, exprocurador, exmagistrado y hasta entonces embajador ante la OEA. Su trayectoria pública ha estado marcada por posiciones conservadoras en debates morales, religiosos y políticos que han dividido al país durante décadas.
El nombramiento importa porque el Ministerio del Interior no es una cartera cualquiera: por allí pasan el diálogo social, los derechos humanos, los asuntos indígenas y de comunidades negras, la consulta previa y buena parte de la relación política entre el Gobierno, el Congreso y los distintos sectores sociales. La pregunta es entonces si la “contrarrevolución cultural” seguirá siendo una consigna o comenzará a traducirse en una manera concreta de orientar las instituciones.
Un Gobierno que hace de la autoridad, los valores, la patria, el orden y la firmeza elementos centrales de su identidad queda especialmente expuesto a ser examinado justamente en aquello que proclama: sus procedimientos, sus límites, su relación con las instituciones y su disposición a aceptar controles.
Y ahí volvemos a Andersen. Tal vez no sea necesario quitarle las vestiduras al poder para descubrir lo que hay debajo. A veces basta con observar detenidamente aquellas que él mismo ha escogido para mostrarse.
El presidente está desnudo no porque carezca de símbolos con los cuales vestirse, sino porque ha acumulado tantos y los exhibe con tal insistencia que ellos mismos comienzan a revelarlo.
La pregunta, entonces, ya no es solamente qué imagen quiere mostrarnos el poder, sino otra mucho más incómoda:
¿qué queda al descubierto cuando el poder se viste de autoridad?
