LA DECISIÓN DE LA CORTE SOBRE EL GLIFOSATO
Por Camilo González Posso
Las informaciones y comentarios en medios de comunicación son confusas o confusionistas cuando se refieren a lo que está en debate en la Corte Constitucional con respecto al uso del glifosato. Basta leer la nota que publica hoy el diario El Tiempo e incluso columnas aparentemente serias como la del profesor Moises Wasserman para constatar que inducen a creer que se esta discutiendo el uso general de ese herbicida en Colombia, incluida la jardinería y la agricultura comercial de caña o café.
Hay que volver a aclarar que la deliberación de la Corte se refiere a la sentencia T236/17 que ordenó al CNE la suspensión del programa de aspersión aérea de glifosato a los cultivos de uso ilícito de coca, marihuana y amapola. La orden de la Corte es al Estado, referida a un programa específico, y no se mete con los particulares que utilizan ese agro tóxico e incluso otros con más potencia destructora de plantas y animales.
En muchos países del mundo se está prohibiendo o restringiendo el uso del glifosato en la agricultura o jardinería atendiendo a pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud y a estudios científicos pero ese no es el caso de Colombia. (ver alainet.org Glifosato: 17 países han prohibido o restringido el uso de este herbicida carcinógeno). Esa discusión llegará en unos años, posiblemente en más de una década como ocurre en toda colonia mental, pero aquí se discute sobre un método de acción del Estado que la Corte evaluó por denuncia de la comunidad étnica de Novita en donde se aplicó la aspersión área con glifosato como parte de las operaciones policiales y militares de la guerra antidroga.
Según la Corte el método y sustancia utilizadas no garantizan la protección de los derechos de la población, tiene altos riesgos para la salud y el ambiente, se realizó sin consulta a la comunidad étnica: la orden de suspensión fue hecha en consideración de estas y otras razones e invocando el principio de precaución.
Podemos agregar que el método de la aspersión aérea con glifosato realizado por el Estado no ha cumplido en el pasado, ni puede cumplir con las indicaciones de uso que exige el fabricante Monsanto ni las que ordena el decreto 1846/1991 y otras normas que regulan el manejo de estas sustancias incluida la aspersión aérea en monocultivos.
Esos manuales y normas exigen avisar y señalizar con anticipación para que se retiren animales domésticos y por supuesto niños, niñas y todo humano. Exigen también cuarentena de más de una semana para el ingreso a las áreas fumigadas, evitar contacto con la piel, ojos y vías respiratorias, proteger las aguas por el daño comprobado a especies acuáticas, evitar todo contacto con alimentos y otros cultivos. Es decir el uso esta prohibido en operaciones secretas, sorpresivas, inconsultas y por lo tanto en acciones militares que implican atemorización a la población y muchas veces desplazamiento.
Es tan bárbaro este método de guerra antidroga que en ningún país del mundo el Estado fumiga con veneno cultivos ilegales y menos ha autorizado operaciones conjuntas con la DEA para lanzar, como han hecho en Colombia, toneladas de agro tóxico en 1.800.000 de hectáreas. EE UU ha intentado imponer esta modalidad de guerra química en Afganistán y por estos días quiere que se retome en Colombia para venderle la fórmula a algún país africano (en Sudáfrica está cuestionandose el uso del glifosato en cultivos de marihuana por su poca eficacia). Pero no se conoce ni se conocerá de autorización alguna en territorio de Estados Unidos para que una agencia del Estado lance químicos tóxicos en un sembrado de marihuana. Es la ley del embudo aplicada bajo amenazas de descertificación o con la oferta de unos cuantos dólares.
El Presidente de la República solicitó a la Corte modificar la sentencia 276/2017 y permitir que el Estado utilice el glifosato en operaciones de erradicación forzada como complemento de muchos métodos dirigidos a disminuir los cultivos ilícitos. Iván Duque no ha presentado detalles del programa que están diseñando para comenzar a aplicarlo en próximos meses; quiere carta blanca para meter las fumigaciones como parte del menú. De manera explicita el gobierno ha dicho que no puede cumplir con los requisitos indicados por la Corte para considerar alternativas de uso del glifosato en operaciones aéreas de la fuerza pública, de modo que su argumento es por supuestas amenazas a la seguridad nacional. Parece que a juicio del presidente Duque los derechos humanos y el principio de precaución deben colocarse en segundo plano en aras de la supuesta efectividad de esa aspersión agrotóxica.
El gobierno está prisionero de sus propios sofismas y de la presión de la administración Trump que lo viene tratando a las patadas para someterlo a sus intereses geopolíticos. Se esta vendiendo la falsa idea de que el mejor e indispensable método para la disminución de cultivos de coca y oferta de cocaína son las fumigaciones aéreas con glifosato. Se desconocen los estudios que han demostrado que los pactos voluntarios o concertados de sustitución de economías ilegales son muchísimo más efectivos, de menor costo, más sustentables, con resiembra menor al 1% y con posibilidad de inclusión social y democrática de poblaciones.
El mismo gobierno de Iván Duque ha confirmado el registro de 235.000 familias con expresiones documentadas de voluntad de cumplir los pactos de sustitución y se puede decir que las 400.000 familias, más de dos millones de colombianos, que viven en las zonas impactadas directamente por las económicas de la coca para la cadena del narcotráfico, están esperando entrar al Programa Nacional Integral de Sustitución y demás programas de reforma rural. Estos pactos incluyen a pequeños productores campesinos, grupos étnicos, recolectores, pequeños comerciantes y transportadores locales. Están dadas las condiciones para una gran alianza desde las regiones con estrategias de desarrollo endógeno y diversas formas de articulación de la iniciativa pública y privada. Y no es cierto que todo es compatible con todo pues por la brecha de la “modulación” de la sentencia de la Corte se desataría otra guerra contra la población como la que se vivió con las aspersiones con glifosato en décadas pasadas.
¡Por hoy la Corte Constitucional tiene la palabra!
camilogonzalezposso@gmail.com Bogotá D.C. 18 de julio de 2019
