• Durante el 2020 se han presentado como mínimo 16 acciones de la fuerza pública contra pequeños cultivadores los cuales en su gran mayoría están inscritos al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
• Se han producido choques entre comunidades y fuerza pública llegando a situaciones graves con un muerto en la comunidad Awá de Sabaneta municipio de Tumaco, y heridos en Cajibío, Cauca y sur de Córdoba. (ver cuadro abajo).
• El gobierno está aprovechando la situación de confinamiento de las comunidades en zonas cocaleras de Nariño, Cauca, Putumayo, Bajo Cauca Antioqueño, Chocó, Valle, Caquetá y Catatumbo, para una ofensiva agresiva de erradicación con participación de unidades de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Esta ofensiva busca cumplir los compromisos de erradicación establecidos por la administración Trump. En este año la meta es de llegar con erradicadores a 100.000 hectáreas de sembrados de coca que en 95% de los casos son pequeñas parcelas de menos de media hectárea.
• Las comunidades denuncian que la presencia del ejército en sus territorios pone en peligro sus vidas por el señalamiento e intimidación a los pequeños cultivadores y por la inminencia de combates en medio de la población civil al patrullar y acampar constantemente en zonas habitadas.
• La ofensiva de erradicación militar ha sido rechazada por las comunidades campesinas, indígenas y de consejos comunitarios por significar nuevos peligros en la actual situación de aislamiento y crisis de acceso a bienes esenciales de la canasta familiar y de la alimentación.
• La llegada de la Fuerza Pública aumenta los riesgos de expansión de la pandemia por la movilidad del personal armado en medio de las comunidades. Los erradicadores y las fuerzas de respaldo ocupan los territorios de propiedad colectiva, interrumpen las actividades de autocuidado, de siembra y cosecha de productos alimenticios en las huertas y fincas, y generan una situación de copamiento militar buscando grupos armados y generando situaciones de señalamiento a familias y líderes como si fueran aliados de los grupos armados al servicio del narcotráfico. (ver declaraciones de un oficial del Ejército según el cual los resguardos indígenas obstaculizan la lucha contra el narcotráfico: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/el-narcotrafico-es-la-gasolina-que-prende-la-guerra-territorial-en-cauca-486848)
• Según la COCCAM y organizaciones de las regiones afectadas, la ofensiva militar de erradicación evidencia un incumplimiento por parte del gobierno del acuerdo con 120.000 familias de pequeños cultivadores de coca que siguen esperando la reforma rural y los proyectos productivos para garantizar la sustitución voluntaria. Después de tres años de iniciado el programa de sustitución las comunidades han cumplido con el 96% de las metas, pero el gobierno no cumplió con los pagos de sostenimiento que debían cubrirse en el primer año (40 meses después el 55% de las familias que si cumplieron no han recibido ese apoyo para sostenerse mientras arrancan los nuevos cultivos).
• Tres años después y no se ha entregado la tierra para ninguno de los 40.000 cultivadores en predio arrendado que firmaron pacto de sustitución con el gobierno, ni se ha entregado tierra para reubicar a colonos cocaleros que habían ocupado propiedad colectiva indígena, de comunidades negras o de zonas de parques naturales.
• 40 meses después de iniciada la implementación de los acuerdos de sustitución y el gobierno tiene paralizados los proyectos productivos a las 99.000 familias que firmaron el contrato de sustitución. Y menos se les ha cumplido a las otras 110.000 familias que se inscribieron en los pactos colectivos de erradicación y sustitución voluntaria y que siguen esperando la reorganización del programa.
• En territorios étnicos (indígenas o afros) la presencia de la fuerza pública en erradicación militarizada (unidades de ejército y policía en erradicación forzada) se ha hecho sin la debida consulta previa a dichas comunidades
• Las comunidades exigen que cese la ofensiva contra los pequeños cultivadores de coca y comunidades vecinas en medio de la pandemia, piden el retiro de la fuerza pública que llegó en plan de guerra a las zonas pobladas y el cumplimiento del punto 4 del acuerdo de paz sobre política de drogas y sustitución de cultivos con reforma rural integral.
• En la grave situación de confinamiento por la pandemia, las comunidades están sometidas a la agresión y amenazas de grupos armados que pretenden desconocer los controles de las guardias étnicas, campesinas y de juntas comunales. Esos grupos pretenden imponer dictaduras del miedo y otro confinamiento armado. Por eso el llamado urgente es a la presencia del Estado con apoyo para la emergencia en salud y la emergencia por falta de alimentos. Es un llamado a que llegue un apoyo para la seguridad alimentaria, semillas, insumos agropecuarios en lugar de la ocupación militar para imponer dinámicas de guerra.

Dada la gravedad de la situación desde las comunidades sometidas a la agresión de grupos armados ilegales y a la ofensiva de ocupación militar para erradicación forzada, se está llamado a una presencia social del Estado.

Desde Indepaz se ha propuesto la visita urgente a Argelia (Cauca), Tumaco (Nariño), Puerto Asís (Putumayo), Montañita (Caquetá), Sardinata (Catatumbo NS), Taraza y Valdivia (Antioquia), de una misión humanitaria integrada por delegados de la Misión de NN. UU para la verificación de los Acuerdos de Paz, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Esa comisión deberá ser facilitadora de la implementación de un Plan Especial de Contingencia frente a la Pandemia y la crisis de alimentos y seguridad de las comunidades.