La Consejerรญa Mayor CRIC, convoca a todas las autoridades indรญgenas del Cauca y del paรญs, asรญ como a las organizaciones sociales e iniciativas de paz a respaldar las acciones de resistencia civil realizadas por los pueblos indรญgenas en la perspectiva de crear condiciones para la convivencia pacรญfica y avanzar hacia una salida dialogada al conflicto armado, apoyando igualmente, la exigencia hecha por los pueblos indรญgenas a los actores armados de aplicaciรณn del derecho internacional humanitario, privilegiando la vida de los civiles antes que las victorias militares.
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La madrugada del 26 de marzo del presente aรฑo, la comunidad de las veredas Gargantillas y la Esperanza, del resguardo indรญgena de Tacueyรณ, Municipio de Toribรญo, fue sobresaltada por los impactos y las explosiones de un bombardeo aรฉreo efectuado, segรบn se conociรณ horas despuรฉs, por la Policรญa Nacional con el apoyo del โCOMANDO JUNGLA ANTINARCรTICOSโ contra un campamento de milicianos de la guerrilla de las FARC. De forma inmediata la comunidad abandonรณ sus viviendas y se concentrรณ en la Escuela de la vereda y en un caserรญo circundante que fueron declarados sitio de asamblea permanente.
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Los reportes de prensa han informado sobre la muerte de 15 personas y un detenido integrantes del sexto frente de las FARC; de igual forma las autoridades indรญgenas denunciaron que una menor de edad y tres los adultos se encontraban desaparecidos.
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Este hecho se da en un contexto, donde la comunidad del territorio ancestral de Sat Tama Kiwe, en respuesta al atentado de las FARC contra el municipio de Caldono, el 14 de marzo de 2011, realizรณ acciones de exigibilidad, respaldados en las normas de derecho internacional humanitario, referidas al respeto que deben aplicar los actores armados frente a la sociedad civil; dicha decisiรณn fue tomada en el marco del derecho a la autonomรญa y armonรญa territorial, la jurisdicciรณn especial indรญgena y el numeral 2 del artรญculo 95 de la Constituciรณn Colombiana, el cual reza que โse puede ย obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personasโ.
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De igual forma, ante las pretensiones engaรฑosas de las multinacionales y pequeรฑas empresas de saqueadores de los โrecursos naturalesโ, las comunidades de los resguardos de Las Mercedes, Pueblo Nuevo, Pioyรก, La Laguna-Siberia, La Aguada-San Antonio y Canoas, con apoyo de sus autoridades y guardia indรญgena, caminaron hasta los sitios donde las dragas hieren a la madre tierra, llevando el mensaje que no se acepta ninguna modalidad de explotaciรณn en el territorio ancestral de Sath Tama kiwe.
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Ante estas situaciones, a las que se suma un panfleto de amenaza contra organizaciones sociales, emisoras y autoridades indรญgenas, medios de comunicaciรณn y periodistas, a nombre de las autodefensas unidas de Colombia, bloque central, la Consejerรญa Mayor CRIC, se solidariza con las comunidades vรญctimas del conflicto armado y de la explotaciรณn minera, y apoya la declaratoria de Asamblea Permanente, que busca proteger a la sociedad civil, exigiendo:
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1) De las partes en conflicto, frente al caso especรญfico la comunidad indรญgena de Tacueyรณ, a) Respeto sobre el sitio de Asamblea permanente, donde se albergan mรกs de 80 personas, especialmente niรฑos, niรฑas y adultos mayores: b) proteger la integridad fรญsica e identificar el paradero de los civiles desaparecidos; c) Acoger los instrumentos nacionales e internacionales de protecciรณn, especialmente, con relaciรณn al reclutamiento de menores y al riesgo de explosivos de guerra abandonados o sembrados para causar daรฑo a sus enemigos y que pueden afectar a las comunidades y su territorio. d) ingreso de organismos humanitarios nacionales e internacionales a la zona para realizar la ayuda humanitaria correspondiente y brindar asistencia necesaria a esta emergencia.
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2) De los actores armados: a) Distanciar a la poblaciรณn civil de las continuas confrontaciones entre la fuerza pรบblica y la guerrilla, b) Reconocer y validar las jornadas directas de resistencia civil para la defensa de los territorios tradicionales y el ejercicio de la jurisdicciรณn indรญgena, c) Suspender los seรฑalamientos y sindicaciones que realizan funcionarios del Estado contra los dirigentes indรญgenas, d) No utilizar como escudos humanos a las comunidades y las estructuras especiales de la poblaciรณn civil; e) Respetar la autonomรญa territorial de los pueblos indรญgenas, asรญ como sus derechos de propiedad colectiva, f) Reconocer a las autoridades indรญgenas que portan el bastรณn del cabildo como sรญmbolo de autoridad tradicional.
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3) De las instituciones del Estado y empresas mineras: a) Atender el mandato Constitucional y la normatividad internacional que ordena realizar consulta previa, libre e informada con las comunidades siempre que se piensen realizar actividades que afecten la naturaleza y los territorios ancestrales de los pueblos indรญgenas, b) Acatar la decisiรณn comunitaria de no aceptar modalidad alguna de explotaciรณn que afecte la vida y deteriore la salud de nuestra MADRE TIERRA.
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4) Frente a los panfletos de amenaza: repudiar este tipo de mensajes, frente a los cuales el gobierno colombiano tiene varias responsabilidades, una, explicar la existencia de este tipo de organizaciones ilegales pues los voceros gubernamentales pregonan con vehemencia que el paramilitarismo fue desmontado; dos, distanciarse del discurso de estos grupos ilegales, los cuales sustentan su accionar en la defensa del gobierno y de las instituciones del Estado; y tres, brindar protecciรณn oportuna a las personas y organizaciones declaradas objetivo militar, atendiendo los requerimientos de los organismos internacionales de garantizar la actividad de los defensores de los derechos humanos y los mandatos de la Corte constitucional frente la garantรญa y protecciรณn de los pueblos en riesgo de desapariciรณn forzada por el conflicto armado.
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De igual forma, reclama de las instituciones del Estado, de las organizaciones de la sociedad civil y de los organismos de Derechos Humanos del orden nacional e internacional el respaldo a las jornadas de asamblea permanente, impidiendo que sean seรฑaladas como apoyo a la subversiรณn u obstaculizadas, como sucediรณ el dรญa 14 de marzo cuando la fuerza pรบblica, en el municipio de Caldono, puso en riesgo la integridad fรญsica de los movilizados al utilizar helicรณpteros de la fuerza aรฉrea que dispararon rรกfagas de ametralladora indiscriminadamente contra el personal civil, siendo que habรญa sido una actividad anunciada con anterioridad a la opiniรณn pรบblica, a las autoridades civiles y a los organismos de derechos humanos.
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Finalmente, la Consejerรญa Mayor CRIC, convoca a todas las autoridades indรญgenas del Cauca y del paรญs, asรญ como a las organizaciones sociales e iniciativas de paz a respaldar las acciones de resistencia civil realizadas por los pueblos indรญgenas en la perspectiva de crear condiciones para la convivencia pacรญfica y avanzar hacia una salida dialogada al conflicto armado, apoyando igualmente, la exigencia hecha por los pueblos indรญgenas a los actores armados de aplicaciรณn del derecho internacional humanitario, privilegiando la vida de los civiles antes que las victorias militares.
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Popayรกn, 28 de marzo de 2011 ย
CONSEJERรA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDรGENA DEL CAUCA โCRIC-
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