Tres compañías petroleras se alistan para explorar el ecosistema marino del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en busca de hidrocarburos. Una acción popular interpuesta por Coralina hizo suspender la firma de adjudicación del contrato mientras las autoridades ambientales se pronuncian sobre la viabilidad del proyecto. Las dudas respecto a los beneficios y perjuicios de la explotación están en debate.
En noviembre del 2010, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) le otorgó a la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) y a las compañías Repsol (de España) y YPF (de Argentina), licencia para explorar y explotar dos áreas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (occidente del mar Caribe), donde se cree puede haber gas: en el banco Quitasueño (cayo 1, con 944 mil hectáreas) y en Providencia (cayo 5, con alrededor de un millón de hectáreas).
Al conocer dichas pretensiones mineras, la Corporación Autónoma Regional de San Andrés y Providencia (Coralina), entidad encargada de velar por el cuidado de estos arrecifes, interpuso en febrero del 2011 una acción popular contra la ANH, amparada en: la protección de los derechos colectivos a un ambiente sano, el equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución.
A través de este medio procesal, que le puso freno a la firma de la adjudicación del contrato, Coralina también alegó el riesgo al que se expone la conservación de especies animales y vegetales, así como la protección de áreas de especial importancia ecológica.
“Aún no se entiende cómo la ANH otorgó a las compañías petroleras los derechos de los cayos sin tener en cuenta en dicha determinación comercial la opinión de la comunidad insular, indispuesta también por el impacto social y cultural que podría tener la explotación en la isla”, asegura la directora de Coralina, Elizabeth Taylor.
En ese sentido, Sally Taylor, politóloga y magíster en Estudios del Caribe, asegura que la construcción de un modelo sostenible con el uso de las bases naturales y humanas no puede sacrificarse bajo la promesa de un futuro económico promisorio, máxime –subraya– “cuando ejemplos fallidos demuestran que las regalías prometidas son más de la Nación, el Estado y las corporaciones multinacionales que de los habitantes de las zonas en donde se realizan las explotaciones, cuyo desenlace son problemáticas sociales, culturales, ambientales y de salud pública que seguramente el Estado y las empresas extranjeras no ayudarán a cubrir”.
Germán Humberto Hernández, jefe de la junta de estudios económicos del Banco de la República, en un informe del 2004, señala que el impacto esperado de las regalías no es tan favorable para las regiones en la medida en que la sensación de “bonanza” es un terreno fértil para la corrupción, la desviación de fondos y la captura de recursos financieros por parte de la clase política y los actores armados ilegales. Sally Taylor asegura que “gran parte de los conflictos sociales generados en algunos lugares de explotación van por cuenta de la disputa por el manejo de los dineros, es decir, esto recae en las empresas multinacionales, en las administraciones locales o en las comunidades”.
En concomitancia, la ANH anunció reuniones con representantes de las comunidades isleñas para explicar las actividades que se pretenden realizar y las medidas para salvaguardar el medioambiente en las zonas de exploración.
Sin embargo, el profesor de la UN Francisco Avella asegura que esta entidad no asistió al encuentro adelantado por la Asamblea Departamental del Archipiélago el pasado 11 de abril. Por lo tanto, no ha aclarado los detalles de la adjudicación (sísmica a utilizar, explosivos, etc.), y si va a haber perforaciones marinas, terrestres o sobre los cayos.
Impacto ambiental
La intensa exploración petrolera de los últimos años ha afectado importantes ecosistemas del planeta, asegura la bióloga marina Adriana Santos, para quien las plataformas de perforación del subsuelo marino ponen en grave peligro los arrecifes de coral, pastos, manglares y ecosistemas, únicos en el caso del archipiélago.
Sally Taylor advierte que los impactos ambientales no son reconocidos en su dimensión, pues se cree que la restricción a la explotación en zonas arrecifales –aprobada por ley– es suficiente para proteger el medio marino: “Basta con mirar el ejemplo del Mar del Norte (situado entre Noruega y Dinamarca), en el cual el uso de cañones comprimidos para las actividades sísmicas ha tenido grandes efectos en el comportamiento de los peces.
“Las consecuencias de esta explosión las observamos en los cayos y bancos de pesca tradicional de la Isla de San Andrés, en donde se han detectado migraciones de langosta y otros peces, relevantes en la base alimentaria del territorio insular”, afirma la politóloga.
Entretanto, la ANH ratificó que para otorgar los contratos de exploración y producción de hidrocarburos durante la Ronda Colombia 2010 (avanzada para exploración de bloques petroleros en el territorio nacional), tuvo en cuenta la experiencia de las compañías y su capacidad para garantizar con estándares de calidad la protección del medioambiente.
Aún así, para la directora de Coralina, “la decisión de adjudicar estas zonas fue precipitada, y no hubo una discusión con las autoridades locales, por lo menos para entender los alcances sobre el área marina protegida”.
Por su parte, Ecopetrol S.A., una de las empresas adjudicatarias, señaló que “acatará lo dispuesto por las autoridades ambientales y judiciales competentes, quienes deben definir el tema, toda vez que son ellas, y no las empresas, las que determinan si es viable o no la realización de un proyecto de exploración y eventual explotación de hidrocarburos en estas zonas”.
El peor escenario
Los impactos que se vislumbran son diversos, y parten de la etapa exploratoria, en la que se tienen que perforar varios pozos para determinar si son productivos o no. “En muchos casos, la probabilidad de hallar el hidrocarburo es baja, y aparece en una de diez excavaciones. De tal manera se interfieren los recursos naturales del fondo marino”, señala Elizabeth Taylor.
Potencialmente, advierte la directora de la entidad ambiental, se genera un peligro latente: “Ante un eventual derrame, las consecuencias serían nefastas, no solo por la destrucción de los arrecifes, sino por la contaminación de las playas blancas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los cayos de San Andrés y Providencia no tienen más de un metro sobre el nivel del mar y están soportados por las franjas arrecifales”.
La fuga de hidrocarburos puede acabar con cientos de años de biosfera, dice Ernesto Mancera, director de la Sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia: “Basta ver lo ocurrido en el Golfo de México en el 2010, cuando 4,4 billones de barriles de crudo fueron expulsados al mar durante 87 días, amenazando la existencia de aproximadamente 400 especies de flora y fauna. Este desastre superó el de Alaska en 1989, cuyo resultado fue la devastación total de la fauna de la región con 11 millones de galones derramados”, enfatiza el experto.
Brigitte Gavio, también investigadora de la sede, señala que “la contaminación por petróleo tiene diferentes niveles: causa sofocamiento de los pólipos, (animales coloniales que forman el arrecife coralino), reduce la posibilidad de vida de las larvas, la producción de gametos (células sexuales) y la fertilidad de las especies. Entretanto, el deterioro del arrecife puede ser a mediano o largo plazo”.
En el archipiélago podría afectarse la diversidad avícola, coral, de reptiles, tortugas, etc. En este lugar hay procesos de reproducción de toda la biodiversidad, es decir, no solamente asociados al crecimiento de peces sino de moluscos, langostas, caracoles, estrellas de mar, erizos y otros animales y organismos marinos.
Incluso, se perdería el recurso pesquero de la población de caracol, langosta, pargo, mero y cherna. Los dos primeros representan más del 90% de exportaciones para el país.
Atentado contra reserva mundial
Desde el año 2002, la Unesco declaró al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como reserva de biosfera Seaflower (la red mundial de reservas de biosfera más grande del planeta), debido, entre otros asuntos, al gran inventario que alberga: más de 407 especies de peces, 48 corales duros, 54 corales blandos, 3 hidrocorales, 2 zoantidos, 2 anémonas, 3 medusas, 130 esponjas, 37 moluscos, 37 crustáceos, 38 equinodermos, 4 reptiles, 5 cetáceos, 157 aves, 3 pastos marinos y 4 mangles. No obstante, los científicos coinciden en que falta estudiar posibles nuevas especies en este lugar.
Los corales en las islas son ecosistemas estratégicos debido a que asocian varias especies. El director Mancera explica que “un coral es la matriz de organismos que han formado colonias y han creado a la vez estructuras duras, que parecen rocas, pero vivas. A estas se adhieren algas, microorganismos y otra gran cantidad de especies que generan una red trófica (cadena alimentaria)”.
Esta diversidad de fauna, además, convierte los corales en ecosistemas vitales para las zonas costeras en el Caribe, pues son una barrera natural contra el embate de las olas.
“La hidrodinámica del mar es retenida, minimizada con estas estructuras calcáreas que son colonias de organismos, son rocas emergentes, y tienen una función fundamental para protección de las zonas costeras y al mismo tiempo para el almacenamiento de grandes cantidades de organismos”, dice Adriana Santos.
Y añade: “La barrera coralina es un lugar estratégico para la vida y fundamental para la isla, si no hay barrera arrecifal, habrá deterioro y erosión de la playa”.
Actividades económicas de los arrecifes
Colombia es uno de los países más importantes en diversidad biológica. Muestra de ello es la reserva coralina Seaflower en el Caribe colombiano, con 349.800 km2, que ha permitido actividades comerciales e industriales que apuntan hacia el progreso de la región.
En el 2009, la Universidad Nacional adelantó un estudio sobre el potencial del buceo en las islas para determinar el valor ecoturístico y recreativo de los corales.
Según el estudio, las actividades recreativas en la Isla de San Andrés, como el buceo, cuyo principal atractivo es apreciar los arrecifes de coral, generan cerca de 24 millones de dólares al año.
Pero eso no es todo, estos animales coloniales generan otro tipo de riqueza que beneficia a las industrias farmacéuticas, pues poseen sustancias bioactivas que permiten elaborar medicamentos, cremas y alimentos. Este potencial no se ha explorado en el país.
En el mundo, la biodiversidad marina se conoce en una proporción mínima frente a la terrestre: “Animales y plantas del archipiélago generan una industria importante en el campo médico. Los estudios han demostrado que con las esponjas se pueden hacer antibióticos, y los moluscos expelen sustancias que permiten pegar huesos”, describe el profesor Ernesto Mancera.
Sigue pelea ambiental
Uno de los temas que más preocupan con la proyección petrolera es la pesca. Adriana Santos ha realizado investigaciones importantes al respecto y por eso sabe que la pesquería depende de estas zonas costeras, de los ecosistemas de manglar, los pastos y los arrecifes. “Ahí es donde están los sitios más productivos y donde ocurren los procesos de reproducción”, puntualiza.
A pesar de que la ANH informó que aplazará la firma de contratos para exploración y explotación en las zonas que habían sido asignadas en el Caribe colombiano, adelantará el proceso de concertación con Coralina para determinar la mejor forma de explotar los recursos.
También realizará, como estaba contemplado en los contratos, las consultas previas y tramitará la obtención de los permisos requeridos para el inicio de cualquier trabajo en las áreas contratadas.
Sin embargo, para la directora de Coralina, si en tres meses no hay acuerdo en el pacto de cumplimiento se procederá con la siguiente etapa que es el periodo probatorio. Después, el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés valorará las pruebas y fallará.
“El caso está en manos de los jueces, y estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en la defensa del archipiélago. Nos apoyaremos en nuestro sistema legal y judicial, en caso de que la acción popular no prospere”, declara la funcionaria.
El debate sigue abierto. No obstante, para expertos en el tema ambiental como el investigador Orlando Rangel, del Instituto de Ciencias Naturales de la UN, “tiene que haber una política de Estado que asegure que todas las partes van a ser escuchadas, y los intereses económicos no vayan en detrimento del bienestar
ambiental”.
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