Es necesario que los programas antinarcóticos estadounidenses en Colombia sean reajustados en el presupuesto del Año Fiscal 2011. La reducción de la producción de coca ha resultado ser mucho más difícil de lo previsto en los inicios del Plan Colombia.

diciembre, 2009
 Unofficial Translation

Honorable Hillary Rodham Clinton

Secretaria de Estado

Departamento de Estado de EE.UU.

2201 “C” Street NW

Washington, DC 20520

Estimada Secretaria de Estado Clinton:

           El presupuesto del Año Fiscal 2011 será el doceavo presupuesto
anual con un importante paquete de ayuda para Colombia – un
paquete de ayuda originalmente programado para ser retirado
paulatinamente después de seis años. Creemos que aún existe un
fuerte consenso bipartidario en lo que se refiere a la
continuidad de una asistencia generosa para Colombia. También
creemos que es el momento justo para hacer un balance de la
situación y reconfigurar tanto la ayuda como la diplomacia con
esa nación.

           Le pedimos que, a la hora de decidir el futuro de la política
estadounidense hacia Colombia y el correspondiente paquete de
asistencia, tenga a bien considerar algunas preocupantes
tendencias que se observan en Colombia en el campo de los
derechos humanos, la democracia y la situación humanitaria.
La desmovilización que tuvo lugar entre 2002-2006 de grupos
paramilitares generó importantes ganancias, entre ellas la
reducción de las masacres. Pero grupos emergentes y
paramilitares aún aterrorizan a las poblaciones, y siguen las
amenazas, las intimidaciones y los asesinatos.   Según el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
en Colombia, “independientemente de la caracterización que
pueda hacerse de los grupos armados ilegales surgidos del
proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares, la
violencia que generan no puede ser considerada como mera
criminalidad común. Los delitos que cometen, en el marco del
conflicto armado, producen un alarmante nivel de violencia
contra la población civil.”

Entre 2005 y 2008 hubo una escalada de ejecuciones extrajudiciales de
civiles a manos del Ejército de Colombia, ya que los soldados  asesinaban
a civiles y los  hacían pasar como guerrilleros muertos en combate  para
inflar el número de bajas.  El Relator Especial de la ONU sobre
Ejecuciones Extrajudiciales señaló que si bien no es tema de política
oficial del gobierno, “Las cantidades mismas de casos, su repartición
geográfica y la diversidad de unidas militares implicadas, indican que
éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por
una cantidad significativa de elementos dentro del ejército.” Nos
impresiona que muchas de estas unidades fueran receptoras de asistencia
militar y de defensa procedente de EE.UU. El gobierno colombiano viene
tomando algunas medidas para solucionar esto, pero la justicia es lenta
condenando estos abusos, ya que de los 1.056 casos asignados a la unidad
especial de la Fiscalía, sólo 16 terminaron en condena hasta ahora.

A pesar de las mejoras en seguridad, la guerra sigue siendo encarnizada en
el interior del país, donde en 2008 hubo 380.000 personas que huyeron de
sus hogares a raíz de la violencia, es decir casi un 25 por ciento más que
el año anterior. La violencia de los grupos guerrilleros, de los nuevos
grupos paramilitares, del mismo Ejército, y las luchas entre estos grupos
promueven el desplazamiento. Los guerrilleros, aunque debilitados, siguen
siendo un importante factor de inseguridad, asesinando civiles, amenazando
a funcionarios locales, colocando minas antipersonal  y reclutando niños
para incorporarlos a sus fuerzas. La violencia que encarnan todos los
actores armados parece estar agravándose, habiendo denunciado ya los
medios colombianos miles de desplazados solamente en la primera quincena
de octubre de 2009.  La estrategia de seguridad pública de Colombia
necesita ajustes de consideración, particularmente más medidas para
proteger a las poblaciones desplazadas más que utilizar recursos en
costosas ofensivas, y una campaña mucho más intensa contra los “nuevos”
grupos paramilitares  antes de que se consoliden aún más.

También siguen siendo preocupantes las campañas permanentes y sistemáticas
que se lanzan para denigrar y poner en peligro el trabajo de los
defensores de los derechos humanos, definidos de manera amplia. En 2009,
los medios colombianos dieron la noticia de que el Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), que es la agencia presidencial de
inteligencia, había realizado tareas de vigilancia ilegal sistemática de
grupos de derechos humanos (tanto colombianos como internacionales),
periodistas, políticos de la oposición, jueces de la Corte Suprema de
Justicia y sindicalistas. Las más altas autoridades de Colombia siguen
denigrando públicamente a los defensores de los derechos humanos,
comprometiendo su seguridad. Estas cuestiones fueron destacadas en el
informe de septiembre de 2009 de la Relatora Especial de las Naciones
Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, al concluir su misión en
Colombia. Además, un posible tercer mandato del actual presidente amenaza
con erosionar el balance de poderes establecido en la Constitución  entre
el Poder Ejecutivo, el Judicial (la Fiscalía, la Corte Suprema y la Corte
Constitucional), y con las  entidades de control que son fundamentales
como la  Procuraduría General de la Nación  y el Defensoría del Pueblo.

           Estas tendencias exigen una respuesta diplomática fuerte y
focalizada. Las palabras de preocupación que expresara el
Presidente Obama acerca de estos hechos durante la última
visita del Presidente Uribe fueron bien recibidas. Pero la
decisión que tomó el Departamento de Estado el día 8 de
septiembre de certificar a Colombia en el cumplimiento de las
condiciones de derechos humanos previstas en las leyes fue un
retroceso, ello en vista de la falta de solución al escándalo
del DAS y de la lentitud con que avanzan en la justicia los
casos de ejecuciones extrajudiciales.  Le rogamos que se valga
de todos los mecanismos posibles, incluso el de las
condiciones de derechos humanos vinculadas a la cooperación
militar y del tratado de comercio que está pendiente, para
promover un mayor avance de la justicia en casos de
ejecuciones extrajudiciales; la eliminación de toda clase de
incentivos para los asesinatos extrajudiciales; reducir la
violencia contra los defensores de los derechos humanos,
incluidos los sindicalistas; la protección de los derechos
territoriales de los pueblos afro-colombianos e indígenas; y
el desmantelamiento de las redes paramilitares y sus
sucesoras. El tratado que acaba de firmarse permitiendo al
personal militar estadounidense usar bases colombianas no debe
disminuir la voluntad del Departamento de Estado para valerse
de este factor de influencia.

           Le pedimos encarecidamente, Señora Secretaria, que se ponga
del lado de los colombianos que están luchando con valentía
para mejorar la situación de los derechos humanos y el Estado
de Derecho en ese país. Sería sumamente valioso si el
Departamento de Estado y la Embajada de EE.UU. en Bogotá
aumentaran sus actuales demostraciones diplomáticas de apoyo
a ese conjunto tan variado de fuerzas que son tan importantes
para la democracia, desde jueces hasta víctimas de la
violencia, desde grupos de derechos humanos y sindicalistas
hasta periodistas, desde líderes de desplazados hasta las
comunidades afro-colombianas e indígenas en riesgo. Los
Estados Unidos de igual manera debería defender los derechos
que tienen las víctimas a la verdad, justicia y reparación, y
también reconocer que esa defensa exige mejorar el acceso que
tienen los fiscales y representantes de víctimas colombianas a
los jefes paramilitares extraditados a los EE.UU.

           Asimismo le pedimos que coordine con los Departamentos de
Justicia y Trabajo para que el gobierno estadounidense
continúe apoyando los esfuerzos de  los fiscales colombianos
para investigar a fondo los más de 2.700 asesinatos de
trabajadores y lideres sindicales . Según un testimonio
presentado ante el Congreso por la Escuela Nacional Sindical
de Colombia, llevaría otros 37 años – al paso que van – a los
fiscales colombianos resolver el cúmulo de casos de homicidios
de sindicalistas que están pendientes de investigación.
Creemos que EE.UU. debería considerar incrementar su apoyo
financiero a la Fiscalía si Colombia acepta a su vez reforzar
su compromiso de resolver estos asesinatos.

           Estas prioridades también deben reflejarse en el pedido de
presupuesto para el Año Fiscal 2011. Después de once años, es
tiempo de disminuir la asistencia destinada a los militares
colombianos y “colombianizar” esos programas más
sistemáticamente, dentro de los presupuestos tanto del
Departamento de Estado como del Departamento de Defensa.
Estamos convencidos de que Estados Unidos debe continuar
prestando asistencia al sistema judicial de Colombia, enfocado
en el objetivo de reducir la impunidad, prestando especial
atención a las ejecuciones extrajudiciales, los ataques y las
amenazas dirigidas contra defensores de derechos humanos y
sindicalistas , y a la violencia de grupos armados ilegales.
El importante programa de derechos humanos de la USAID debería
continuar. Los programas de protección a testigos y víctimas
son una prioridad, al igual que los programas de apoyo a las
víctimas de la violencia.  Programas dirigidos a las
comunidades afro-colombianas e indígenas deben ser diseñados e
implementados en conjunto con  representantes de las
comunidades urbanas y suburbanas afro-colombianas, con los
consejos comunitarios y  los cabildos de los territorios en
cuestión. Sería bien recibida una mayor atención y apoyo a los
sobrevivientes de minas antipersonal, a la remoción de las
minas antipersonal y a los niños soldados desmovilizados. La
asistencia a los desplazados internos y refugiados colombianos
debería ser elevada a máxima prioridad. Las crisis de
desplazados internos y refugiados de Colombia son de las más
grandes del mundo, y la violencia que obliga a la gente a
abandonar sus hogares es un factor desestabilizante en la
región y el hemisferio. Es fundamental que los programas de
desarrollo y humanitarios de EE.UU. sean dirigidos claramente
por civiles, más que diseñados o coordinados bajo los
auspicios del Pentágono o el SOUTHCOM.

           Es necesario que los programas antinarcóticos estadounidenses
en Colombia sean reajustados en el presupuesto del Año Fiscal
2011. La reducción de la producción de coca ha resultado ser
mucho más difícil de lo previsto en los inicios del Plan
Colombia. El año pasado, cuando se intensificó la erradicación
manual y se comenzó a retirar el controvertido programa de
fumigación aérea, los datos de la Oficina de Control de Drogas
de la ONU dejaron ver que la producción de coca en Colombia
disminuyó, en particular en zonas con más erradicación manual.
Para poder ver beneficios sostenidos en el tiempo, debe
dejarse de invertir en fumigación aérea y pasar a invertir en
programas para agricultores con erradicación gradual
voluntaria combinados con programas efectivos de desarrollo
rural y desarrollo alternativo comunitario, poniendo especial
interés en la seguridad alimentaria. Es necesario seguir
fortaleciendo los programas judiciales destinados a
desmantelar las redes de traficantes e investigar el lavado de
dinero.

Especialmente preocupantes son las noticias recientes que indican un
aumento de la violencia y del consumo de drogas a nivel local, por ejemplo
en Medellín. Sería una catástrofe humana si la obstaculización de las
exportaciones de drogas a Estados Unidos tuviera como resultado un mayor
consumo de drogas dentro de Colombia. Por lo tanto, es preciso que la
política y asistencia de EE.UU. propicien un tratamiento efectivo contra
las drogas a nivel local, el empleo juvenil y alternativas para la
violencia juvenil y de las pandillas.

Recalcamos nuestro énfasis en que si EE.UU. realmente está hablando en
serio cuando habla de reducir la producción y el tráfico de drogas, debe
comenzar ampliando considerablemente, mejorando y financiando programas
efectivos de prevención y tratamiento contra las drogas en nuestro propio
país.  Le pedimos enérgicamente que haga hincapié en esta prioridad
nacional de seguridad y salud pública ante el Presidente Obama, el Fiscal
General  Holder y la  Secretaria de Salud y Servicios Humanos Sebelius.

           Finalmente, y lo que es de suma importancia y gravedad, es
tiempo de que la política estadounidense explore seriamente
las posibilidades de paz en Colombia. Nadie alberga ilusiones
de que esto sea algo fácil de conseguir. Pero Estados Unidos
puede jugar un papel importante instando al gobierno
colombiano a considerar medidas tendientes a propiciar
posibles escenarios de paz.  Estas medidas incluyen acuerdos
humanitarios, recibir con beneplácito más que con críticas las
iniciativas responsables de paz y medidas para humanizar el
conflicto provenientes de la sociedad civil y aceptar
intermediación.  El gobierno colombiano parece estar ahora más
abierto a considerar estas iniciativas.

           Sepa por favor que estamos dispuestos a trabajar con usted,
Señora Secretaria, para re-encauzar la asistencia y diplomacia
estadounidense con nuestro socio colombiano en nuestros
objetivos comunes de largo plazo de reducir los perjuicios
causados por el tráfico de drogas ilegales y defender los
derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia y la
paz.

Atentamente,

Miembros del Congreso

cc:        Robert Gates, Secretario de Defensa

           Eric H. Holder, Fiscal General, Departamento de Justicia

           Kathleen Sebelius, Secretaria de Salud y Servicios Humanos

           Hilda L. Solís, Secretaria de Trabajo

           James Braidy Steinberg, Subsecretario de Estado

           Arturo Valenzuela, Subsecretario de Estado para Asuntos del
Hemisferio Occidental

           General James L. Jones, Asesor de Seguridad Nacional

           Peter Orszag, Director, Oficina de Administración y Presupuesto

           R. Gil Kerlikowske, Director, Oficina de Política Nacional de
Control de Drogas

           Frank Mora, Asesor para América Latina, Secretaría de Defensa

           Dan Restrepo, Asesor para América Latina, Consejo de Seguridad
Nacional