Los representantes y expertos de la sociedad civil integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad expresamos nuestro profundo rechazo y preocupación por el homicidio de 9 campesinos y lesiones graves de 18 de ellos el 5 de octubre en la zona rural del municipio de Tumaco, en un ataque contra las comunidades campesinas del río Mira y Frontera que protestaban desde el 28 de septiembre contra la erradicación forzada impulsada por el Gobierno Nacional.

Las versiones sobre tan lamentable hecho son contradictorias. Los altos mandos militares atribuyeron el hecho a un grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y manifestaciones públicas de las comunidades y distintas organizaciones sociales señalan a la Fuerza Pública como perpetradora del crimen. Por ello, se hace necesario adelantar una investigación imparcial e independiente basada en los más altos estándares de debida diligencia. Es un deber del Estado garantizar el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables, impidiendo maniobras para desviar, obstruir o manipular la evidencia en los primeros actos urgentes de indagación, asegurando la adecuada cadena de custodia, la práctica de pruebas técnicas y el retiro de la escena del crimen de los miembros de la Fuerza Pública presuntamente implicados.

En consecuencia, pedimos la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión II de la ONU, con el propósito de verificar la situación en la zona y acompañar a las comunidades afectadas. Así mismo, respaldamos la creación de una Misión de Verificación de la sociedad civil que se apresta a colaborar en las labores de investigación.

Los sucesos ocurridos en Tumaco fueron advertidos en el informe de riesgo de No. 027 de 2012 de la Defensoría del Pueblo, una alerta temprana del Comité Interinstitucional de alertas tempranas del mismo año y en varias notas de seguimiento, la cuarta de ellas emitida el 8 de noviembre de 2016. No obstante, la tragedia anunciada no fue evitada por el Gobierno Nacional y la intervención de la Fuerza Pública ha sido estrictamente militar y no incorpora mecanismos de disuasión diferentes al uso de la fuerza.

El problema de los cultivos de uso ilícito entraña una problemática social que demanda del Estado una respuesta oportuna, integral y sostenible. El Acuerdo suscrito por el Gobierno Nacional y las FARC-EP reconoce que “muchas regiones y comunidades del país, especialmente aquellas en condiciones de pobreza y abandono, se han visto afectadas directamente por el cultivo, la producción y comercialización de drogas ilícitas, incidiendo en la profundización de su marginalidad, de la inequidad, de la violencia en razón del género y en su falta de desarrollo”. En correspondencia, las partes coincidieron en la necesidad de “una nueva visión que atienda las causas y consecuencias de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades —hombres y mujeres— en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito”.

Con base ello, se establecieron como principios del Programa Nacional Integral de Sustitución: i) la construcción conjunta participativa y concertada entre comunidades y autoridades (nacionales, departamentales y municipales) de la solución a dicho problema y la superación de las condiciones de pobreza; ii) “la aplicación y el respeto por parte de las instituciones y de la ciudadanía de los principios y las normas del Estado social de derecho, el fortalecimiento de los valores democráticos, la convivencia ciudadana, y la observancia de los derechos humanos”; iii) el reconocimiento de “las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales”; iv) la sustitución voluntaria.

El uso de la fuerza para el tratamiento de un conflicto social y la erradicación forzada como primer recurso al problema de los cultivos contradicen cada uno de esos principios, así como los compromisos asumidos por el Estado en el Acuerdo Final. Por eso, para la construcción de una paz firme y duradera es imperioso que cada una de las instituciones comprenda que la construcción de soluciones sostenibles debe basarse en la garantía de los derechos de los ciudadanos —incluidos el derecho a la protesta pacífica, la libertad de asociación y los derechos sociales y económicos— y privilegiar el diálogo para un buen entendimiento.

El Acuerdo Final también estableció que la erradicación es el último recurso en la solución al problema de los cultivos de uso ilícito. Es decir, la primera opción es la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que incluyen la sustitución voluntaria y las comunidades campesinas del río Mira y Frontera han hecho manifiesta dicha decisión. Por eso, exhortamos al Gobierno Nacional para que facilite un escenario de interlocución con los campesinos y los pueblos étnicos sobre los procesos de sustitución de cultivos y ajuste sus acciones en la materia, en concordancia con lo establecido en el Acuerdo Final de paz.

De igual manera, consideramos oportuno acoger la solicitud de varias organizaciones sociales de Tumaco para celebrar una sesión especial de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, de manera urgente, encabezada por el Presidente de la República.

Firmamos:

 Camilo González Posso Gustavo                                                                                                  Gallón Giraldo
 Vilma Liliana Franco                                                                                                                      Franklin Castañeda
                                                                                        Jaime Caycedo

                                                                                                                                                              Bogotá, octubre 7 de 2017