El gobierno colombiano se negó a ratificar la declaración de los pueblos indígenas de Naciones Unidas porque no está interesado en cumplirla ni en que la cumplan los empresarios, pese al riesgo de que el Estado sea declarado responsable en las instancias internacionales por omitir el deber de respetar los derechos étnicos.
En los avatares de la liberación de algunos de los secuestrados, el Presidente Uribe además, de encomendarse a la Virgen de La Guajira, tuvo tiempo para efectuar un balance de su gestión y de los propósitos para afrontar la crisis económica que les quita el sueño a inversionistas, empresarios y jefes de Estado.
Ciertamente, en la inauguración de la planta de agrodiesel en Santa Marta, el Presidente les recordó a los empresarios los principios que enmarcan la responsabilidad social empresarial y el deber de acatar los derechos humanos – Pacto mundial de Naciones Unidas -. En torno del Grupo Daabon, precisamente uno de los impulsores de la Mesa Sostenible de aceite de palma (RSPO, por sus siglas en ingles), Uribe advirtió sobre el deber de los empresarios de aplicar esos principios tan de moda pero tan lejanos en algunas compañías. Principalmente a los palmicultores les señaló que no se busca un “derroche de combustibles, sino que haya combustibles limpios y que haya empleo”1 .
El presidente manifestó que se requiere transparencia “en la tributación, en la asignación de los contratos, en la aplicación de las normas, en la solución de las disputas”, y que “No podemos permitir en las relaciones laborales ni capitalismo salvaje ni odio de clases”. Que el deber es ir “más allá de los mínimos legales” en el respeto a la normatividad ambiental y laboral. Precisamente, el citado grupo accionista de Biocombustibles Sostenibles del Caribe S.A.no acude al método de las cooperativas de trabajo asociado, tan usual en algunas empresas para burlar derechos salariales, a la salud, pensiones y otros regímenes pro-trabajo digno.
Pero, bueno, cómo dicen las abuelas, de eso tan bueno no dan tanto. Noticias gratas como la liberación de los secuestrados y el llamado a los empresarios a respetar los derechos humanos se acompañan de la confirmación de que en la seguridad democrática no caben los grupos étnicos (indígenas y afrocolombianos), En efecto, en la intervención que aspira a demostrar como los colombianos combaten la incertidumbre global, es precisamente incertidumbre las que les genera a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En su intervención el presidente le promete al alcalde samario que se encargara de recaudar los recursos para la construcción del teleférico. Olvida el mandatario que los pueblos arhuaco, koqui, kankuamo y wiwa se han opuesto reiteradamente a esa obra por considerarla una invasión de su territorio ancestral del que son guardianes según su ley de origen, la que al igual que la represa Ranchería atenta contra su supervivencia.
No es de extrañar, al fin y al cabo el gobierno colombiano se negó a ratificar la declaración de los pueblos indígenas de Naciones Unidas porque no está interesado en cumplirla ni en que la cumplan los empresarios, pese al riesgo de que el Estado sea declarado responsable en las instancias internacionales por omitir el deber de respetar los derechos étnicos. Sería conveniente que sus asesores leyeran la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Surinam por violar los derechos del pueblo negro Saramaka.
Bogotá, febrero 5 de 2009.
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1. Ver: Palabras del Presidente Uribe en la inauguración de la planta de
biodiesel de Biosc. En: http://web.presidencia.gov.co/sp/2009/febrero/03/14032009.html
