En el marco de la asamblea permanente declarada por las Autoridades Indígenas del CRIC, la consejería mayor convoca a las comunidades indígenas, a las organizaciones de la Minga de resistencia indígena y social, al gobierno nacional e instituciones del Estado, a un debate público de urgencia sobre los derechos constitucionales que se encuentran violentados y criminalizados a raíz de la condena de Feliciano Valencia: ejercicio de la jurisdicción indígena especial y garantías para la movilización social.