DECLARACIÓN

 

III Plenaria Nacional de la 

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz

Rionegro, Antioquia, julio 19 al 21

 

 

En el umbral del siglo XXI, cerca de 2500 delegados de 21 departamentos de regiones y sectores, en la ciudad de Rionegro, Oriente Antioqueño, reunidos en la III Plenaria Nacional de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, en momentos en los que la crisis social, política, económica y humanitaria que vive Colombia se profundizan y se intensifica y degrada la guerra, ratificamos nuestra voluntad de continuar trabajando por una paz duradera con justicia social, por el fortalecimiento del movimiento social por la paz y por la solución política negociada del conflicto social y armado que desgarra a nuestra sociedad.

 

Las condiciones de vida de la población se han deteriorado en los últimos años como resultado de un modelo de desarrollo que, tal como lo señalamos en la II Declaración de la Asamblea, “ha demostrado una gran capacidad para producir pobreza e inequidad”. Los efectos de la recesión económica han agravado la situación de la población, la pobreza se ha incrementado y el desempleo ha llegado a niveles intolerables. El gobierno persiste en aplicar una política de hostigamiento social que afecta seriamente a la población. Quienes han dirigido al país, fundados en el ejercicio de un poder excluyente, tienen una gran responsabilidad en la generación de esta situación.

 

La intensificación del conflicto armado y su degradación han agudizado la crisis humanitaria. Sus principales manifestaciones son las masacres, la desaparición forzada, los asesinatos selectivos, los secuestros, el desplazamiento forzado, los ataques a poblados y bombardeos, las torturas y las violaciones sistemáticas del Derecho Internacional Humanitario. Según la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Colombia, los principales responsables de estas acciones son en su orden los grupos paramilitares, las guerrillas y sectores de la Fuerza Publica y aclara además que “las violaciones de derechos humanos por parte de grupos paramilitares, comprometen la responsabilidad del Estado”. Ante esta situación el Estado, en los niveles nacional y regional, se ha revelado impotente para cumplir con la función constitucional de garantizar los derechos, la vida y la seguridad de los ciudadanos. Y con una equivocada concepción de lo que debe ser la fortaleza del Estado, se dota de una Ley de Defensa y Seguridad Nacional que, lejos de ser un instrumento para superar la crisis humanitaria, contribuirá a agravarla al ampliar los márgenes de impunidad para la acción de la Fuerza Publica y crear condiciones favorables a la violación de los Derechos Humanos; proponemos al contrario, que el Estado acoja y ponga en práctica, las recomendaciones hechas por los organismos internacionales de derechos humanos.

 

El proceso de paz ha logrado algunos avances. Se estableció la zona de distensión, se definió la “Agenda por una nueva Colombia” y se iniciaron las negociaciones con las FARC-EP. Aunque aún no se ha decretado la Zona de Encuentro con el ELN, se firmaron los Acuerdos de La Habana en los que se delimita una zona en el Sur de Bolívar como espacio para el desarrollo de las negociaciones y de la Convención Nacional. En los dos procesos, un importante grupo de países amigos adelanta labores de acompañamiento. 

 

Pero las dificultades son grandes: no se han concretado acuerdos sobre los temas de agenda, el conflicto se ha escalado y las atrocidades de la guerra y la mayor afectación de la población civil han generado un ambiente de escepticismo en torno a la viabilidad del proceso de paz. Hay una tendencia hacia la polarización de la población y resurgen con fuerza las posiciones de quienes creen en una salida militar. A ello ha contribuido la forma como algunos de los medios de comunicación desinforman y atizan las posiciones guerreristas de uno y otro lado y la práctica sistemática de violación al Derecho Internacional Humanitario por parte de todos los actores armados. 

 

La adopción del Plan Colombia y la creciente injerencia militar norteamericana se constituye en uno de los mas graves factores para la intensificación de la guerra y su posible extensión regional. Las fumigaciones que se adelantan en diversas regiones del país reproducen una equivocada política prohibicionista antidrogas, y atentan gravemente contra la seguridad alimentaria, la salud y el medio ambiente y convierten a la población civil, sobre todo de campesinos y colonos pobres, en objetivo militar. La Asamblea exige el cese de las fumigaciones y apoya las demandas de los gobiernos departamentales del Sur del país para que se permita adelantar una política concertada con la población, basada en la erradicación manual de los cultivos ilícitos y en planes integrales de desarrollo del sector rural.

 

La evolución de la guerra afecta las autonomías regionales y sectoriales reconocidas en la Constitución Política. Las políticas antinarcóticos y contrainsurgente sirven de pretexto para su desconocimiento, así como la desatención del Estado y las acciones de paramilitares y guerrillas que han asesinado a decenas de sus dirigentes, se han convertido en una amenaza para los pueblos indígenas que reivindican ante el Estado, las empresas multinacionales y todos los actores armados el respeto de su cultura, sus territorios, el reconocimiento de sus autoridades y de su autonomía. Preocupa también, la constatación de que los centros urbanos se ven afectados por múltiples formas de violencia que encuentran en la intensificación de la guerra un medio favorable para su incremento. 

 

La Asamblea reivindica y ella misma es una expresión de la defensa de la autonomía de las organizaciones de la sociedad respecto del Estado y de los actores armados. En esta perspectiva, hacemos nuestras las agendas surgidas del seno de estos movimientos y somos solidarios con sus reclamos de respeto a su organización y su dirigencia. Llamamos a los actores armados a respetar el derecho que tienen las personas y las comunidades a no ser vinculados al conflicto, a respetar indígenas, afrocolombianos, mujeres, jóvenes, niños y niñas, iglesias, sindicalistas, maestros, empresarios, periodistas, campesinos, defensores de derechos humanos, líderes comunales y líderes políticos, y todas las personas que viven en nuestro país. Ningún colombiano ni colombiana debería ser víctima de conductas que atenten contra su vida, su libertad y su dignidad por parte de los actores armados.

 

A lo largo de estos cuatro años de existencia la Asamblea ha crecido y extendido su presencia regional y sectorial, de lo cual, esta tercera plenaria, es una elocuente expresión; ha enriquecido su visión sobre la situación del país y sus posibles salidas; ha contribuido de manera significativa en la construcción de sujetos sociales que actúan y se expresan en localidades y regiones; ha ganado espacios para socializar la cultura y pedagogía de paz. Sin embargo hay que reconocer que se ha debilitado también la presencia en ella de algunos sectores importantes. En contraste, se han fortalecido viejas y surgido nuevas iniciativas de paz que han enriquecido el paisaje social y político nacional. Con todas ellas la Asamblea se compromete en un esfuerzo común en el entendimiento de que, la fortaleza del movimiento social por la paz, reside en el fortalecimiento de cada uno de sus componentes y de su convergencia. 

 

Esta III Plenaria, ante el reto de construir la paz y la justicia social plantea como marco de acción:

 

• El compromiso con la solución política negociada del conflicto social y armado; y en este orden de ideas debe garantizarse la continuidad de las negociaciones en curso, prorrogarse la zona de distensión y decretarse la zona de encuentro con el ELN; la política de paz debe ser una política permanente de Estado al margen de las contingencias de los cambios de gobierno; 

• Proponemos el cese del fuego y de las hostilidades para crear condiciones favorables a las negociaciones de paz; 

• Defendemos la urgencia de un acuerdo global de derechos humanos y derecho internacional humanitario que sustraiga a la población civil de la confrontación armada; 

• Estamos por la participación activa de la sociedad en el proceso de paz 

• Llamamos a la presencia activa y solidaria de la comunidad internacional comprometida con un apoyo político y no militar a la resolución del conflicto colombiano y respetuosa de nuestra soberanía nacional. Apoyamos a organismos intergubernamentales y humanitarios y a las misiones internacionales solidarias y demandamos de todos los actores armados respeto a su inmunidad.

 

Saludamos la existencia de múltiples expresiones organizativas del movimiento ciudadano por la paz y las vemos como una manifestación de su fortaleza; ratificamos el “acuerdo mínimo para una agenda común del movimiento social de paz” suscrito por el Mandato Ciudadano por la Paz, Paz Colombia y la Red de Iniciativas Ciudadanas por la paz y contra la Guerra -Redepaz- y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz. De acuerdo con nuestra consigna “es de todas y de todos, todo el tiempo … es la paz”, asumimos como una prioridad, la convergencia de las diferentes iniciativas para acordar y desarrollar planes de acción conjuntos y, de esta manera avanzar sólidamente por derroteros de dignidad, justicia social y  paz.