Por Camilo González Posso[1]

Bogotá D.C. marzo de 2022

Muy extraña esa manía que ha adoptado el presidente Iván Duque Márquez de promover leyes, decretos y hasta documentos del Consejo de Política Económica y Social para dejar testimonio de lo que no alcanzó a hacer y deja como recomendaciones para el próximo gobierno. Al leer el proyecto del Consejo Nacional de Política Económica y Social-CONPES – borrador 2, 22 de febrero de 2022, (Conpes, 2022) sobre la “Política de transición energética”, o la “Ley de acción climática” sancionada el 22 de diciembre de 2021, lo que sobresale es la aprobación de una agenda de estudios, comisiones o posibles decisiones para ser ejecutada entre agosto de 2022 y finales de 2028. Hay que decir que es una agenda porque en esos documentos se hacen recomendaciones generales, pero se omite hablar de asuntos concretos. Un CONPES sin presupuestos, y solo para ayudar a pensar a algún candidato o a las futuras generaciones, no pasa de ser una mala constancia de pensamientos tardíos.

En resumen, lo que dice ese documento es que el próximo gobierno debería seguir por el mismo el camino del actual acomodándose sin mucha imaginación a los lineamientos de las potencias contaminantes y eso sí, asumiendo los costos que ellas asignan a Colombia y demás países impactados por 150 años de daños ambientales inherentes al progreso de los países de mayor desarrollo capitalista y fósil dependiente.

Las fórmulas ya son conocidas: Ahorrar energía, incorporar nuevas tecnologías para producir petróleo y gas en lo posible con captura de carbono, explorar y explotar hidrocarburos costa afuera, capacitar el recurso humano con énfasis en el SENA, electrificar el transporte, fomentar la minería de la transición, asumir cierre de grandes minas, biocombustibles de última generación y mucho carbón y gas, entre otros para la ruta del hidrógeno azul y verde que recomienda el BID (2021). Aparte de tres frases no se ocupa de las energías renovables, ni de las medidas de adaptación al cambio climático. Se puede decir que para otros temas hay otros instrumentos de política pública, como la Ley 2169 de diciembre de 2021 y la Ley 2099 del 10 de julio de 2021, a las cuales nos referimos en otro artículo (González C, 2022).

Considerando por el momento lo que ofrece el CONPES que está en discusión, podemos constatar que, como en las leyes aprobadas en 2021, todo el recetario está encabezado por enunciados traídos sin consideración ni adaptación alguna de las declaraciones generales de las cumbres climáticas, o de las recomendaciones del Panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que llaman a que cada país se comprometa a intentar lograr la neutralidad en carbono antes de 2050. Guerras mediante.

En lugar de política sobre la transición se ofrece una lista de mercado

En los objetivos generales se usan frases pomposas sobre el “crecimiento sostenible, eficiente, tecnológico, ambiental y social”, adornadas con otras que mencionan la seguridad del abastecimiento energético, la investigación y el conocimiento, nuevos modelos de negocios y por supuesto el sistema de carbono neutralidad. Pero a la hora de las líneas de acción todo queda en una lista de pendientes y documentos por escribir, como se muestra en la Tabla 1.

Esos temas, según el CONPES (borrador 2), conllevan tareas para contratar asesorías. Algo así como los términos de referencia para los próximos funcionarios de alguna firma o entidad internacional. Citando el documento:

Las acciones previstas en esta política se materializarán en 6 años de ejecución (2002 – 2028). Su seguimiento se realizará de forma semestral, iniciando en diciembre de 2022 y finalizando el 31 de diciembre de 2028. (CONPES, 2022)

Tabla 1. Resumen del CONPES – borrador 2 02 22 2022 – sobre transición energética en Colombia

Repasando la lista de tareas que quiere dejar este gobierno a su sucesor, da la impresión de que el documento CONPES aquí comentado es un anexo a la Ley 2169 sobre acción climática sancionada el 22 de diciembre de 2021, hecho a petición de las empresas de gas y para darle fuerza a las recomendaciones del BID (2021) sobre la ruta del hidrógeno azul.

No pasaría de un mal chiste si no fuera la síntesis de lo que un sector importante del establecimiento y sus aliados externos propone en este asunto cardinal de las estrategias frente al cambio climático y la llamada transición energética.

En lugar de transición de respuesta al cambio climático se diseña la ruta del gas para esta década

Como hemos señalado en otros escritos, se trata de una transición sin transición. (González y Barney,2019). Se habla de unas metas de descarbonización, pero se definen rutas en otra dirección, puesto que la estrategia azul que se predica está basada sobre todo en la idea de hacer una transición con mayor consumo de gas (fracking incluido) y con tecnologías que capturen carbón, combinadas con un crecimiento de las energías renovables, del hidrógeno azul y verde, la geotérmica, algo de biocombustibles.

Un ejemplo de la estrategia de transición gris – basada en energía fósil con tecnologías de captura de carbón – es la prioridad para esta década a recomponer la exploración y explotación de hidrocarburos y a incursionar en el hidrógeno azul a partir de gas natural y carbón. En el texto que comentamos aquí lo que queda en limpio sobre la producción de energía se encuentra en pocos párrafos:

En primer lugar, con el propósito de avanzar y promover el desarrollo de proyectos afuera. El Ministerio de Minas y Energía con el apoyo de la ANH en el año 2023 realizará la evaluación de alternativas que permitan establecer incentivos para la explotación de yacimientos profundos en áreas offshore. En segundo lugar, se busca incentivar el desarrollo de proyectos de recobro mejorado para lo cual en 2023 el Ministerio de Minas y Energía elaborará con apoyo de la ANH el análisis de incentivos y formulación de criterios técnicos y operacionales para su obtención, aplicables en contratos de producción de hidrocarburos vigentes, que incorporen medidas de recobro mejorado y demuestren incrementos de producción sostenidos sobre los promedios históricos anuales anteriores (CONPES Proyecto, 2022, p.65).

Además, se incluyen líneas de acción sobre el transporte de gas y la interconexión entre las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja, promoción del hidrógeno azul y verde, capacitación de trabajadores en manejo de transporte y distribución de hidrógeno. Lo más lejos que se llega en estrategias de des carbonización es en la línea de acción que incluye un párrafo de la conversión del transporte público y de carga hacia la electrificación, que tendrá sus décadas con la muy mencionada transición con el uso del gas para motores de combustión.

Si se toma el conjunto de la Política de Transición Energética promovida por el gobierno de Iván Duque, puede decirse que en la próxima década se piensa combinar quemar energía fósil y ampliar la oferta de energía eléctrica a partir de fuentes renovables tanto solar, eólica, hidráulica. La meta de reducir en 2030 las emisiones de CO₂ en el conjunto de la actividad social no parece consistente con las estrategias esbozadas ni con los procesos en marcha, y menos si se tiene en cuenta el nuevo panorama mundial de crisis energética multiplicada por la guerra en Ucrania y la guerra económica por el gas, el petróleo y los minerales para la transición y la sociedad digital.  

Otra agenda para otra transición

Entre las reflexiones que puede motivar el proyecto de CONPES sobre la Política de Transición Energética, la primera es que se requiere redefinir en Colombia toda la estrategia de respuesta al cambio climático en el nuevo contexto mundial y considerando todos los componentes. El nuevo gobierno debería no solo incluir un gran capítulo en el documento de lineamientos del plan de desarrollo, sino una ley marco de respuesta al cambio climático y la energía para el siglo XXI. No hay que seguir la formulación de política por retazos que proyecta mal el gran diseño que tienen las entidades internacionales y los centros de pensamiento de las potencias contaminantes y multinacionales del extractivismo gris, azul o verde de la transición.

La formulación fraccionada no permite identificar el problema y se queda en diagnósticos que confunden las respuestas ante el cambio climático con la transición energética y esta con la transición de energía eléctrica. Pero, sobre todo, ese pensamiento fraccionado es funcional a la subordinación a las estrategias de negocios catastróficos que son, como en la película “No mires para arriba”, los nuevos negocios en la crisis climática y de la energía que obedecen a los intereses de las multinacionales de las potencias contaminantes.

En la policrisis actual, aparecen los predicadores del desastre ofreciendo salvar a los países vulnerados por la civilización del despilfarro y la depredación del planeta; a salvarlos siempre y cuando estos países subordinados en la globalidad paguen los costos de la mitigación, la adaptación y hasta de la reparación de los daños que otros causaron para beneficio de su desarrollo.

Salir de la trampa de los negocios de la transición hegemonizada por los depredadores es tal vez la primera tarea en la otra agenda. Otra tarea es salir de la idea de respuesta país a país desde dudosos imperativos que ocultan la necesidad de respuestas planetarias concertadas y regidas por principios como el de la responsabilidad común diferenciada (González, 2022). Y en la lista de criterios y principios habrá que dar toda la importancia a rechazar las políticas y estrategias que llaman a países como Colombia y los de Latinoamérica a sacrificar a sus pueblos en una nueva ola de neoliberalismo seudo verde.  

La otra agenda, desde el sur nos invita a reexaminar el conjunto del cambio climático en la situación actual de guerra entre potencias y crisis de la civilización del despilfarro y las pandemias. En esta complejidad tienen otro sentido las políticas y estrategias de la llamada transición energética.

En Colombia, como en Latinoamérica, se trata de fomentar la respuesta al cambio climático y la transición energética impulsando el bienestar de la sociedad, con equidad, no discriminación, disminución de precios en la canasta de energías, con la creciente armonía con la naturaleza y aplicando a nivel internacional el principio de responsabilidad común diferenciada que implica aportar en mitigación, adaptación ante el cambio climático, teniendo al tiempo transferencia de recursos económicos, tecnológicos desde los países responsables por el acumulado histórico de daño climático. Aquí cabe la búsqueda de objetivos como los siguientes:

• Protección especial radical a los bosques, manglares, páramos, sumideros de GEI, fuentes y circuitos hídricos.
• Protección de la Amazonía, de todas las zonas de reserva forestal y de los derechos territoriales de los pueblos étnicos.
• Fortalecer la soberanía energética del país en alianza latinoamericana que garantice la aplicación de los principios definidos en las convenciones y tratados internacionales. Principio de Responsabilidad Común Diferenciada-PRCD, cambio del modelo basado en consumismo, desperdicio, obsolescencia programada, extractivismo, deforestación y degradación del medio ambiente y la Gaia.
• Diseñar e implementar un modelo de transición gradual, sin sacrificio para los sectores, comunidades y pueblos étnicos tradicionalmente vulnerados, discriminados.
• Promover acuerdos internacionales de reparación, financiación blanda y con periodos de gracia; acuerdos de transferencia efectiva de tecnología con salto en formación de recurso humano y en capacidad de investigación y desarrollo tecnológico.
• Metas de carbono neutralidad sin asumir los costos por los daños causados por las potencias contaminantes.
• Impulso a las energías renovables dentro del principio de soberanía energética y sin entrega de los recursos naturales, de los bienes públicos y del presupuesto nacional para beneficio de las multinacionales y de las potencias contaminantes.

Trabajos citados

BID, (2021). La ruta del hidrógeno. Washignton: BID.

Conpes, C. d. (2022). Politica de transición energética en Colombia. Bogotá: DNP.

González y Barney. (2019). El Viento del Este llega con revoluciones. Multinacionales eólicas en territorio wayuu. Bogotá: Fundación H. Boll.

Posso, C. G. (2022). Responsabilidad común diferenciada, otro olvido contra la justicia climática. Bogotá: Indepaz.

[1] Presidente de Indepaz, Ingeniero Químico, Magister en Economía.