Según el borrador del Acuerdo 4 de La Habana, la “Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos”, demanda poner en marcha “políticas y
programas” que tengan como objetivo “desarticular las organizaciones criminales…, incluyendo las redes dedicadas al lavado de activos”. En esa línea, se contempla la
puesta en marcha de una política criminal paralela a la ejecución de la estrategia de lucha contra la corrupción, que se concentre en la judicialización efectiva de los “principales responsables” de las organizaciones del crimen organizado; la identificación, persecución y extinción de bienes y activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos; y el control de insumos y precursores químicos que se emplean para la producción de sustancias estupefacientes.
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