En los primeros días del mes de abril se conoció el proyecto de ley de Ordenamiento Social del territorio y ordenamiento de la propiedad rural. Días después, se aclaró que no era un proyecto de ley sino un proyecto de decreto ley que no requería pasar por el Congreso para el trámite fast track previsto para implementar el Acuerdo de Paz con las Farc.
Ante las críticas de sectores de la derecha y la izquierda, y por sugerencia de gremios económicos y el exsuperintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, el Gobierno decidió tramitar un proyecto de decreto ley y un proyecto de ley. Con el primero se buscaba contar con los instrumentos para cumplir con la Reforma Rural Integral acordada en La Habana, y con el segundo sanear las acumulaciones de Unidades Agrícolas Familiares por parte de empresas nacionales y foráneas cuya seguridad jurídica está en entredicho, por infringir las prohibiciones de la Ley 160 de 1994.
