Haciendo una glosa de la frase que dijo el Presidente Santos respecto al paro agrario de 2013, podemos analizar actualmente las diferentes posiciones del gobierno nacional sobre el proceso de paz y arriesgarnos a interpretar que en su concepto éste no existe. También podríamos interpretar esas posiciones como señas inequívocas que muestran que la llave de la paz está guardada y que le será entregada al nuevo inquilino de palacio para que, sí es su parecer, abra con ella la puerta del posconflicto o sino la tire al mar.
Con este lavado de manos, el Presidente y la mayoría de sus funcionarios, al igual que los congresistas que estuvieron comprometidos con el cierre del conflicto armado, echan por la borda el principal logro del país en los últimos años, como si creyeren que lo único importante fue desmovilizar a las FARC, como parte del capítulo III del acuerdo final, y los demás capítulos y contenidos fueran solo estrategia para lograr este fin, pero sin que estuvieran pensando en su cumplimiento.
Estamos en mora de hacer de manera pública y didáctica un análisis de los incumplimientos al acuerdo de paz con las FARC, ya que constituyen incumplimientos a posibilidades de construir un país diferente en temas económicos, políticos y sociales, sin que intermedie la violencia en la resolución de los conflictos; posibilidades con las que grandes sectores de la sociedad civil nos hemos comprometido.
En este escrito solo quiero hablar de cómo el gobierno nacional le ha dicho al movimiento indígena del Cauca que esa tal “verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”, pilar fundamental del acuerdo de paz, no existe.
Hoy 24 de febrero, en el aniversario 47 del CRIC, las 125 autoridades indígenas reunidas en Junta directiva han expresado su desazón ante el desacato del Ministerio de Defensa a una orden judicial que le ordena al Estado reconocimiento de responsabilidad y expresión de perdón público respecto al asesinato por el ejército, en el año 2008, del comunero Edwin Legarda del resguardo Pickwe Tha Fiw, esposo de la entonces consejera mayor del CRIC Ayda Quilcue, hecho que simbólicamente se constituyó en el epilogo de la Minga social y comunitaria desarrollada durante el último semestre de dicho año, por la cual la consejería del CRIC, en conjunto con varias organizaciones sociales, fue estigmatizada y señalada públicamente por el gobierno del presidente Uribe.
La obligatoriedad del Gobierno colombiano de acatar las órdenes judiciales es de la medula de nuestro ordenamiento como Estado Social de Derecho y seguramente deben venir las acciones legales y/o disciplinarias sobre los funcionarios implicados. Pero, es mi énfasis en este escrito decir que en etapa de posacuerdos o posconflicto, los firmantes tienen una responsabilidad ética con las víctimas. El Estado colombiano como actor de violaciones de derechos humanos e infractor del DIH tiene, desde una postura ética y constitucional con la paz y con las víctimas, la obligación de no revictimizarlas, y de quitar ante el país el manto de impunidad y de aprobación tácita de acciones ilegales contra la población, que hasta ahora le ha caracterizado.
La Junta directiva del CRIC seguramente esperaba, en el “reconocimiento de responsabilidad y expresión de perdón público” que el Gobierno colombiano hubiera asistido y hubiera expresado, con o sin cara compungida, el rechazo abierto a estos hechos y la necesidad, y compromiso, para que ello no se vuelva a presentar; que hubiera presentado las acciones y las estrategias que se están implementando para que no se continúe atentando contra las personas de las comunidades y organizaciones sociales; que hubiera dado directrices claras y contundentes contra la estigmatización y la criminalización de la lucha social, ya que todo ello forma parte del tratamiento que se dio a la minga del 2008. Nada de eso fue posible; parece que desde los mandos medios hasta el Presidente ya se bajaron del bus de la paz… solo que no lo pueden hacer; lo que se esperaba que expresarán es lo mandatado por nuestra Constitución.
El movimiento indígena del Cauca es persistente y en este acápite del proceso de paz, así como en los demás, desde el enfoque étnico diferencial, no va a permitir retrocesos; la verdad y la memoria, la justicia y la reparación se harán con exigibilidad y lucha; por ahora el CRIC ha vuelto a concitar al gobierno nacional a este acto público para el 14, 15 y 16 de marzo en el marco de la evaluación sobre cumplimiento de acuerdos; ya que este Gobierno es Gobierno hasta el 6 de agosto de 2018.
Henry Caballero Fula
Integrante comisión de paz del CRIC.
Febrero 24 de 2018.
