Desde la firma del Acuerdo de Paz en el Teatro Colón en Bogotá entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC el 24 de noviembre de 2016, se viene implementando lo pactado en ese documento, por supuesto, unos puntos avanzan con más agilidad que otros y otros se mantienen estancados por completo.
La implementación del Punto 4 ha tenido un balance crítico en terreno. El Ministerio de Defensa, por orden del presidente Santos, expidió una resolución en abril del 2016 en la cual se manifiesta la estrategia de lucha contra el narcotráfico, con un componente fuerte de erradicación forzada. Esta estrategia del Ministerio de Defensa ha venido chocando en los territorios con la política de sustitución voluntaria a cargo de la Alta Consejería para el Postconflicto, pues debido al aumento de hectáreas de coca en el país durante el 2016, el Gobierno Nacional se puso como meta la erradicación de cien mil hectáreas de coca durante el 2017, 50.000 hectáreas por vía de sustitución concertada con las comunidades y las otras 50.000 por estrategia de erradicación forzada.
Según lo pactado con las comunidades en la firma de los acuerdos colectivos e individuales de sustitución voluntaria, además de lo establecido en el Acuerdo Final, si las comunidades deciden sustituir sus cultivos, la erradicación forzada no tendría cabida en sus territorios. Sin embargo, en el terreno se ha visto una desarticulación entre las dos estrategias que pretendieron reducir los cultivos en el país durante el 2017.
El presente documento busca presentar una perspectiva sobre cómo va la implementación del Punto 4 en el componente de la sustitución de cultivos de uso ilícito, sus avances y dificultades en sus primeros diez meses. Por otro lado, el documento pretende mostrar, con datos recolectados por el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos OCCDI GLOBAL-Indepaz, sobre las consecuencias en terreno de la desarticulación entre la estrategia de erradicación y la de sustitución.
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