Las apuestas de paz territorial de las comunidades del Pacífico Nariñense de cara a la paz total
Por: Salomón Majbub Avendaño
Investigador del Área de Transformaciones Territoriales para la Paz
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz
salomon.majbub@indepaz.org.co
Septiembre, 2024
Este documento es producto de unas jornadas de diálogo regional en el Pacífico nariñense realizado por Indepaz con la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense (REDPHANA), plataforma que congrega comunidades y organizaciones étnicas de todo el Pacífico Nariñense como la Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awá (ORIPAP), Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (RECOMPAS), los Consejos Comunitarios de Alto Mira y Frontera, Acapa, La Esperanza y Caunapi, con el fin de identificar con estas organizaciones sus propuestas territoriales de paz para la región de cara a las negociaciones de paz que se vienen desarrollando con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado mayor Central (EMC), la Segunda Marquetalia y el ahora Frente Comuneros del Sur, quien se apartó de la dirección del ELN y decidió impulsar su proceso de paz con la gobernación de Nariño y el gobierno nacional.
Vale la pena aclarar que este diálogo/taller se realizó a finales del mes de junio, cuando las únicas mesas que estaban formalmente instaladas y ya con un camino andado eran las del ELN y las del EMC, la mesa de la Segunda Marquetalia y la disidencia del Frente Comuneros del sur se instalaron entre agosto y septiembre. Por otro lado, es importante recordar que el EMC sufrió una división que dejó a unos en la mesa dialogando con el gobierno nacional y otros decidieron levantarse de esta, justamente el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA) del cual dependen las estructuras que operan en Nariño, por lo que la facción del EMC de esta región mantiene una confrontación directa con otros grupos, las comunidades y el Estado colombiano.
Lacosta nariñense, por su ubicación geográfica privilegiada y la disputa contra los territorios colectivos, ha sido de especial interés para los grupos armados y las actividades ilegales. Esta región permite la salida directa al océano Pacífico y mantiene flujos fronterizos con Ecuador. También por sus características físicas, al hacer parte del Chocó biogeográfico, ofrece un alto número de corredores fluviales (mar, ríos y esteros) y vastas áreas de manejo especial (zona de reserva forestal, el Parque Nacional Natural Sanquianga y territorios colectivos), con limitaciones para el acceso y control por parte de la fuerza pública, lo que facilita a los grupos armados ilegales la circulación, ocultamiento y entrenamiento de los grupos armados ilegales[1]. Allí se configuran escenarios favorables para la apropiación de rentas a partir de la extracción de recursos naturales, particularmente de minerales, el tráfico de armas, el contrabando y cultivos de uso ilícito.
La importancia geoestratégica de la región se configura al integrar las subregiones Pacífico Sur (Tumaco y Francisco Pizarro), Sanquianga (El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Santa Bárbara de Iscuandé) y Telembí (Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán), las cuales representan el 48,27 % del total del territorio de Nariño, con 16.784 km2[2]. El Telembí, especialmente el municipio Roberto Payán, se convierte en una bisagra no sólo entre el Pacífico sur y Sanquianga; es un corredor estratégico entre la subregión de la cordillera nariñense con el océano Pacífico y la frontera con Ecuador, gracias a la gran red hidrográfica de sus principales ríos Patía, Telembí y Magüí) y otros secundarios. Todos ellos conforman una gran red de afluentes que sirven como vía fluvial de comunicación entre la población de la región. Este rol también lo adquiere la subregión del Sanquianga, que junto a Magüí y Barbacoas, conecta con el departamento del Cauca con Ecuador y hace parte de un corredor hacia el Putumayo[3].
Estas condiciones físicas también tienen lugar en la frontera con Ecuador, a la altura de Tumaco y Barbacoas. Allí, los grupos armados aprovechan los puentes fronterizos informales construidos por las comunidades sobre el río San Juan, particularmente por el pueblo Awá para sostener sus vínculos familiares y realizar intercambios de bienes, bajo el entendido que este pueblo indígena binacional reconoce las zonas que ocupa en cada lado de la frontera como una solo territorio.
Balances del acuerdo de paz de 2016:
Para las comunidades todo lo plasmado en el Acuerdo de Paz, todo lo que se soñó y trabajó no se materializó en el territorio, catalogando la implementación y el propio Acuerdo como un fracaso
El diálogo inició con un obligado balance por parte de las organizaciones sociales sobre el Acuerdo de Paz firmado por cuenta del gobierno Santos con la extinta guerrilla de las Farc-ep. Obligado porque desde sus vivencias, ese acuerdo de paz y su implementación no ha tenido los impactos esperados para una región en paz y una participación comunitaria efectiva y real en las decisiones sobre sus propios territorios.
Para las comunidades todo lo plasmado en el Acuerdo de Paz, todo lo que se soñó y trabajó no se materializó en el territorio, catalogando la implementación y el propio Acuerdo como un fracaso. Ante esta decepción y desesperanza, manifestaron que si los acuerdos de paz no se van a cumplir deberían imponerse unas penalidades y dejar de desgastar a las comunidades en un sinfín de reuniones y espacios institucionales que solo han servido a los funcionarios para la legalización de gastos, porque el Estado sigue sin llegar a los territorios.
Gran parte de las molestias y desarticulación son señalados por las organizaciones en la mala planeación y metodología para la participación de estas. Su balance es que la participación en los espacios convocados no ha sido realmente efectiva, relatando que su sentir es porque aún persiste un racismo estructural en el que la exclusión de las comunidades prima, ya que si un “negro alcanza un escenario o cargo de poder y decisión los blancos y mestizos sentirán competencia”, manifestó un líder del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera.
En sí, la lectura y sentimiento es que el gobierno de Juan Manuel Santos hizo mal los acuerdos de paz solo por el afán de lograr el desarme de la guerrilla, pero sobre lo que debía impactar en positivo los territorios y comunidades no quedó muy realista y, por supuesto, luego salir a decir que era incumplible lo pactado.
La crítica a la implementación viene también acompañada de un sentido en el que por su incumplimiento muchos jóvenes se han ido de nuevo a la guerra, los actores armados proliferan en la región y la paz vuelve a escapárseles entre los dedos.
Existieron también algunas críticas por lo hecho en el gobierno de Gustavo Petro sobre la implementación del acuerdo de paz y los procesos participativos de las comunidades. Retomaron que Santos, como estaba acabando su mandato, dejó andando de afán muchas cosas del acuerdo de paz, sin mayor norte a donde ir como el programa de sustitución o PDET, y posteriormente llegó el gobierno de Iván Duque que dejó todo quieto esperando hacer trizas la paz.
Con el gobierno de Petro la implementación ha ido más enfocada en el tema de tierras, y en otros escenarios las comunidades no han visto grandes avances. A finales de septiembre se conoció un borrador de un plan de choque del gobierno Petro para acelerar la implementación de los acuerdos de paz, en donde la prioridad son los temas de tierra, seguridad de comunidades y firmantes y transformaciones territoriales, más allá de los PDET[4].
Las realidades del conflicto y las expectativas sobre la paz total:
los lugares de decisión y poder político han sido muy cerrados para los pueblos negros e indígenas
Sobre la paz las organizaciones han sido enfáticas en cuestionar el modelo político y económico vigente, ya que bajo el funcionamiento de estos les es imposible ver oportunidades de construcción de paz en la región.
Sobre el modelo político es claro que desde lo territorial y comunitario hay diversas construcciones de transformación y desarrollo territorial, pero que no tienen oportunidad de poner en juego y ejecutar porque los lugares de decisión y poder político han sido muy cerrados para los pueblos negros e indígenas. La identificación de obstáculos para la consecución de la paz estuvieron concentrado en que estructuralmente el modelo político y de desarrollo ha permitido, casi que entregado, a los jóvenes a la guerra, a los grupos armados, ya que dichas superestructuras no permiten creación de oportunidades para las juventudes y la niñes, donde terminan viendo estas poblaciones una alternativa en la guerra disputada en la región.
Según resaltaron, el mismo Estado es quien prepara la gente para guerra:
ya que muchos jóvenes entran a prestar servicio militar y cuando quiere seguir la carrera militar les es imposible “porque les comienzan a hacer un montón de exámenes, les piden dinero para ingresar y si los pelados no tienen con que pagar pues ¿qué más hacen?, si ya perdieron tiempo prestando el servicio militar y aprendieron a manejar armas, pues terminan siendo útiles a los grupos armados ilegales”, contó una líderesa del Consejo Comunitario La Esperanza.
Sobre sus expectativas con los procesos de negociación política con los grupos armados de la paz total, gran parte están dirigidas al tema de la participación real y efectiva de las comunidades.
Recordaron que para la región del Pacífico el fracaso de los acuerdos de paz del 2016 recayó en que no se involucró a la sociedad civil, y menos a las poblaciones del Pacífico.
Y que una esperanza que cargan a la política de paz total es que el diálogo de ser abierto y con todo el mundo, con el que manda, con el que medio manda, con el que no manda, con el narcotraficante y con las comunidades; y que cualquier iniciativa de paz iba a terminar mal, si el gobierno tenía que preguntarle a las guerrillas si estaban de acuerdo con que las comunidades participaran de los procesos de paz, “así nos respondió el Comisionado de Paz Danilo Rueda cuando le preguntamos cómo iba a ser nuestra participación en las negociaciones de paz”, dijo un líder de REDPHANA.
Gran parte de la preocupación por la participación comunitaria y social en los procesos de negociación desarrollados en la región, recaen porque no vieron desde un inicio unas hojas de ruta claras por parte del gobierno nacional para esto, ventaja que aprovecharon los grupos armados que los empezó a convocar a reuniones, como el EMC, que
“sentaron a las organizaciones a solo escuchar lo que ellos iban a hacer con los territorios; y en plena reunión le fueron diciendo a los indígenas que tenían que irse del territorio porque esos ya eran suyos (del EMC)”,
recordaron las y los participantes en el taller. La alerta, que llaman ellos, sobre lo participativo está en que lo propio es que sea el gobierno quien imponga los ritmos y construya con las comunidades sus rutas de participación y pedagogía sobre los procesos de paz y las decisiones sobre el territorio, no los grupos armados, lo cual termina poniendo en más riesgo a las comunidades, organizaciones y sus liderazgos, ya que si llegan a manifestar en esos escenarios un desacuerdo con el grupo armado posiblemente les cae la muerte. Las preocupaciones terminaron por aumentar al respecto cuando la Segunda Marquetalia empezó a disputarle el control territorial al EMC y logró sacarlos, pues una vez consolidada la Segunda Marquetalia en el pacífico nariñense, “empezaron a convocar a la gente a reuniones para que los escuchara sobre la visión de paz que ellos tienen”, volvieron a decir al unísono las lideresas y líderes comunitarios.
Las propuestas territoriales para la paz
Con lo que cerraron sus perspectivas sobre la paz total abrieron sus propuestas de agenda de paz territorial para las políticas de paz en el pacífico nariñense: la participación.
- En este sentido han propuesto que los líderes representativos de los territorios participen de los espacios de toma de decisiones de la construcción de paz, y que no se vean a los liderazgos como personas sino como procesos sociales y organizativos. Esa participación debe ser inclusiva, ya que cuando los actores armados reúnen a las organizaciones solo seleccionan unas cuentas, cuando el gobierno convoca espacios con organizaciones solo son con otras tantas, así las organizaciones terminan excluidas tanto por el gobierno nacional como por los actores armados: la participación debe gozar de garantías por parte del Estado para todos, manifestaron con contundencia.
- La educación, o la etnoeducación es otra de las propuestas que la REDPHANA ha construido para sus agendas de paz territorial y que esperan sea acogida en la paz total. El fortalecimiento del sistema educativo en la región, por medio de la construcción de escuelas y universidades, y con el mejoramiento de la infraestructura de las que ya están es fundamental. Expusieron los liderazgos de la región la idea de una universidad propia para el Pacífico que aporte a la transformación de la consciencia en el territorio, ya que para las comunidades étnicas, el conocimiento propio es el que sabe bien que se da en el territorio para construir propuestas acordes culturalmente a la región.
- El fortalecimiento de lo educativo, de la “educación propia (familiar)”, acoger la etnoeducación, es el mejor blindaje para prevenir los reclutamientos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, aunque con el Ministerio de Educación han tenido algunas tensiones para que en los curriculums del Pacífico sea sumado el “Petram”, un libro de las comunidades negras que parte de conocer lo propio para luego conocer lo de afuera, con el fin de romper las lógicas en las que han caído de primero mirar lo de afuera para ver después lo de adentro. Si se logra que en el marco de la paz la educación ancestral y propia sea nuclear, las consciencias del territorio podrían empezar a cambiar y estarían mucho más ambientadas a la paz y no a la guerra. “La etnoeducación es una educación liberadora, esta contribuye a entender que los conflictos pueden solucionarse de manera pacífica”, dijo una líderesa indígena.
- Siguiendo esta línea, las apuestas de paz están basadas, como se ha visto, desde lo propio, y por eso las críticas a dinámicas que se han cometido durante años de llevar a los territorios cosas exógenas que no son compatibles con las culturas ancestrales.
- La institucionalidad ha llevado muchas cosas al territorio que este no necesita, como nuevas formas de producción, y pasan por alto y desconocen la producción tradicional y propia de los pueblos y regiones; por ejemplo, para la sustitución solo piensan en poner a la gente a sembrar cacao, dijo un líder del Consejo Comunitario de Caunapi.
- Sobre este punto de la sustitución de cultivos y presencia de esta economía en la región, las organizaciones fueron enfáticas en pedir que si se van a desarrollar planes de ese estilo es importante hacer consultas con los involucrados para no perder los recursos dándole a los productores algo que no necesitan y que no le va a cambiar sus formas de producción:
“Los productos que salgan de la sustitución deben tener un comercio asegurado y al productor brindarle tecnificación en sus fincas; estas apuestas debieran tener una cadena productiva para avanzar en temas como reducción de precios de algunos insumos para la producción, pero muchas apuestas de sustitución fallan en eso, no estructuran la cadena productiva y el que sustituye queda peor de lo que estaba antes”.
La cuestión de la coca y estás economías ilegalizadas han generado una preocupación en la región por cuenta de sus impactos en lo cultural, lo ambiental, la violencia y ahora el hambre, pues con la caída de precios de la hoja de coca y pasta base durante unos meses, los productores quedaron sin fuentes de ingresos para la alimentación familiar, lo que generó desplazamientos masivos por hambre. Ante esto volvieron a destacar que la paz económica puede comenzar en la región con sistemas de créditos a las poblaciones para sus producciones y un sistema de compras públicas, evitando que el cultivador se meta en deudas y pueda perder su predio.
LO AMBIENTAL ES VITAL
El otro componente importante en las agendas de paz es lo ambiental. Este tema es de vital importancia ya que lo ambiental se ha visto deteriorado por la deforestación y ampliación de la frontera agrícola, pues muchas familias están migrando a los bosques buscando de qué vivir, en parte por la caída de los precios de la hoja de coca -antes mencionado- pero también porque los modelos productivos y económicos no están permitiendo que los productores puedan generar ingresos dignos para garantizar sus bienes, servicios y necesidades. Esas políticas de conservación ambiental son importantes que se construya con las comunidades “no desde Bogotá para venirlas a implementar en los territorios”, pidió un líder de Recompas, ya que a eso han estado sometidas las comunidades cuando de lo ambiental se trata, no han sido tenidas en cuenta y muchas de las políticas que importan desde Bogotá no son compatibles con las realidades de la región.
En lo ambiental, además de la deforestación e invasión de los bosques, se suma el aumento de la minería.
Según el más reciente informe de minería de las Naciones Unidas, en 2022 se detectaron 94.733 hectáreas de explotación minera, de las cuales 49.598 hectáreas se explotan en territorios de manejo especial, de las cuales el 88% corresponden a territorios étnicos, es decir, 43.702 hectáreas. Nariño es el quinto departamento de mayor explotación de oro de aluvión en el país con un total de 4.236 hectáreas[5].
La preocupación de las comunidades viene porque si bien la minería siempre ha estado, antes se hacía de manera muy reducida y no afectaba lo ambiental porque se hacía de forma artesanal; pero ahora la minería se ha vuelto más intensiva, expansiva y por ende más nociva por la llegada de maquinaria amarilla. Además, antes esta actividad era hecha por personas de la región, y hoy la practican más que todo personas foráneas que no asumen los daños ambientales como lo hacen las personas del territorio.
Políticas de reciclaje y de conservación ambiental, como bonos carbono, y la determinación de áreas de reserva que cada Consejo y Resguardo están adelantando; sumado a esto la idea de que personas que vayan saliendo de la guerra y han contribuido con daños ambientales transiten a ser cuidadores y reforestadores ambientales. Estas son parte de propuestas que están trabajando para pensar en la paz ambiental.
Las organizaciones concluyeron sus propuestas de agendas territoriales de paz para el Pacífico nariñense reclamando los espacios de participación logrados en la Ley 70:
Para ellos eso significa paz, que se dé vida a lo ganado y no que se traigan nuevas formas de participación que los desconocen y además “aplastan” lo de ellos, como dijo un líder de Recompas. La consulta previa es un instrumento clave para sus decisiones autónomas y propias sobre sus territorios, la cual piden se utilice también para pensar las políticas de paz. “A la final la paz se comienza a sembrar cumpliendo con la garantía de derechos y vida digna de las poblaciones: agua, salud, educación, seguridad alimentaria”, concluyeron las distintas voces del taller.
Los avances de la paz total en el Pacífico nariñense
En la región hace presencia tres grupos armados: ELN, EMC (ala de Iván Mordico) y la Segunda Marquetalia. Con el fraccionamiento del EMC, las estructuras de esta disidencia de las Farc se levantaron de la mesa de negociación y anunciaron que se mantenían en guerra en el suroccidente del país, por lo cual con este grupo armado las apuestas de paz quedaron archivadas. Con el ELN el proceso de paz se ha mantenido en crisis severas, en un primer momento porque el gobierno nacional decidió impulsar en el departamento de Nariño procesos de paz regional, incluyendo al Frente Comuneros del Sur que desde tiempo atrás venia pidiendo pista y se mostró dispuesto a negociar con el gobierno nacional y local la paz en la región; esta decisión no causó simpatía en la Dirección Nacional ni en el Comando Central del ELN, que decidieron congelar las negociaciones con el gobierno acusándolo de fraccionalista y de infiltrar al ELN para minar su unidad de mando. Con la Segunda Marquetalia apenas se ha formalizado e instalado la mesa, y a mediados de septiembre se logró realizar en el marco de ese proceso de paz, un encuentro en Tumaco entre delegaciones de paz de la Segunda Marquetalia, el gobierno nacional, entidades nacionales y regionales y las comunidades.
Dicho esto, la mesa que más se ha alineado con un compromiso de acuerdo a corto plazo ha sido la regional con el Frente Comuneros del Sur, disidencia del ELN. El Presidente Gustavo Petro, por medio de la resolución presidencial 369 de 2024, formalizó la mesa de negociación con esta estructura armada el 13 de septiembre[6]; una semana después de instalada la delegación de gobierno y de Comuneros del Sur anunciaron al país un primer acuerdo que relata cuatro puntos: i) cese al fuego bilateral y la renuncia de este grupo armado de secuestrar, minar el territorio y reclutar menores de edad; ii) zonas territoriales de concentración, en donde las partes acordaron ir conformando zonas de concentración para los combatientes de esta estructura, para que antes de terminar el año el 30% de la tropa se concentre en ese espacio y el gobierno garantice todas las medida de seguridad; iii) la destrucción de armamento gradual, empezando antes de finalizar el 2024; y iv) acciones conjuntas de desminado humanitario[7].
El proceso con la Segunda Marquetalia es el otro que puede tener impactos en la región. Si bien esa negociación es más de carácter nacional, esta guerrilla ha venido consolidando una presencia importante en el Pacífico nariñense desde su creación en 2019. Este proceso tampoco ha escapado de sus dificultades, pues desde su inicio e instalación formal en junio en la ciudad de Caracas, Venezuela[8], sufrió un congelamiento por la petición de la disidencia de levantarle la orden de captura a su jefe máximo, Iván Márquez, pese a que al designar a la delegación de paz guerrillera este nombre no apareció, una vez instalada se hizo la petición, a lo que el gobierno respondió que no dependía propiamente de él esta decisión sino de los Estados Unidos ya que Márquez cuenta con orden de extradición. Esto llevó a un estado de no arranque de la mesa hasta que se destrabó a mediados de septiembre en un evento realizado en Tumaco, donde las delegaciones de paz del gobierno y la Segunda Marquetalia, delante de las comunidades del Pacífico, se comprometieron a avanzar en su segundo ciclo de conversación en la ciudad de La Habana, Cuba. En este encuentro la voz también la tuvieron las comunidades, las cuales le pidieron a la guerrilla y el gobierno avanzar en temas de transformación económica, seguridad, democracia, ambiente y biodiversidad[9].
Como compromiso luego de ese encuentro en Tumaco, quedó que las delegaciones de gobierno y la Segunda Marquetalia volverán en octubre para aterrizar de la mano con las organizaciones sus expectativas de paz y transformación regional.
[1] Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana No. 004-18. Enero de 2018. Disponible en: https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/004-18.pdf
[2] Gobernación de Nariño. Disponible en: https://narino.gov.co/el-departamento/historia/
[3] Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana No. 045-19. Octubre de 2019. Disponible en: https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/045-19.pdf
[4] El Espectador. Este el borrador del plan de choque del Acuerdo de Paz que alista Gobierno Petro. Septiembre de 2024. Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/petro-y-acuerdo-de-paz-con-farc-el-borrador-del-plan-de-choque-para-acelerar-implementacion/
[5] Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Colombia, explotación de oro de aluvión. Hallazgos 2022. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/colombia/2023/noviembre-11/Resumen_Ejecutivo_EVOA_2022.pdf
[6] Presidencia de la República. Resolución Número 369 de 2024, por la cual se autoriza la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz con el grupo armado autodenominado Comuneros de Sur. Septiembre de 2024. Disponible en: https://caracoltv.brightspotcdn.com/98/36/9e4ad7b04b41a3ed2564500db424/resolucion-no-369-del-13-de-septiembre-de-2024.pdf
[7] Gobierno nacional y Comuneros del Sur. Mesa para la Co-Construcción de Paz territorial en Nariño. Acuerdo Número 1. Septiembre de 2024. Disponible en: https://www.presidencia.gov.co/Documents/240921-Acuerdo-01-Gobierno-Comuneros-del-Sur.pdf
[8] Gobierno Bolivariano de Venezuela. Instalan en Caracas Mesa de Diálogos entre Colombia y Segunda Marquetalia-EB. Junio de 2024. Disponible en: https://mppre.gob.ve/publicacion/2441
[9] El Espectador. Los detalles de la reunión que logró fecha para segundo ciclo con disidencia de Márquez. Septiembre de 2024. Disponible en: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/asi-se-pacto-segundo-ciclo-de-dialogo-en-cuba-entre-gobierno-petro-y-segunda-marquetalia-de-ivan-marquez/
