“Los países en desarrollo están siendo expoliados”
Dijo en la COP16 el Secretario General de la ONU
Camilo González Posso
Presidente de Indepaz
Cali, 21 de octubre de 2024
La COP16 arrancó con voces progresistas en el amplio espectro de la disputa por las respuestas a la crisis socioecológica que marca estos escenarios multilaterales. De esto se encargaron el Secretario General de la ONU, el presidente de Colombia, la Ministra de Ambiente y el saliente presidente de la COP15.
ANTÓNIO GUTERRES, el Secretario General de las Naciones Unidas, en su discurso inaugural colocó en el centro del debate la dificultad para que las grandes potencias asuman la responsabilidad financiera que conlleva cumplir a 2030 las metas de biodiversidad. Y completó la agenda destacando la explotación genética a la cual están sometidos los países del sur. En sus palabras de este 21 de octubre de 2024:
(…) “quienes se benefician de la naturaleza deben contribuir a su protección y restauración. Los países en desarrollo están siendo expoliados. El ADN digitalizado de la biodiversidad sustenta los descubrimientos científicos y el crecimiento económico. Pero los países en desarrollo no se benefician equitativamente de estos avances, a pesar de albergar una riqueza extraordinaria”.
Desde el primer día los delegados de países africanos y de Latinoamérica colocaron entre paréntesis la discusión sobre el derecho a preservar la riqueza genética defendiéndose de la biopiratería. Este es un tema recurrente en los escenarios multilaterales desde el siglo pasado, pero ahora se ha hecho más complejo por las asimetrías de disposición y poder de las tecnologías digitales.
Tal como lo señala Guterres, ya no se necesita la ocupación de un territorio ni su permanencia en él para apropiarse de los recursos genéticos: de las plantas y demás seres de un ecosistema se toma el ADN y se procesan los datos en mega computadores para que sean insumos de programas de Inteligencia Artificial o de procesamiento de alegorismos para generar principios activos.
Las crónicas de Indias guardan relatos de las remesas de grandes cajas y bultos con plantas y animales desde los primeros años de la Colonia. Los libros “heroicos” de los científicos aventureros, perdidos por el Amazonas y las selvas, siempre terminan con cargamentos que van a parar a los museos de historia natural o a las compañías patrocinadoras. Esa biopiratería, que entonces no sabía su nombre, tenía que renovar de tanto en tanto su materia prima. Aún en tiempos de La Vorágine siguen presentes los “descubridores de especies” y los traductores al latín del conocimiento de Clemente Silva o de los chamanes y sabedores ancestrales.
En los años ochenta y noventa del siglo XX se elevó la voz de los pueblos en resistencia a la biopiratería pero pudo más el impulso del neoliberalismo con su discurso de ¨libre acceso a los recursos” y derecho privilegiado de propiedad intelectual para los inversionistas en investigación farmacéutica y de semillas.
Siendo ministro de Salud de Colombia en 1991, con relación a los obtentores vegetales, me correspondió dialogar con el ministro de Comercio Exterior de la época sobre la posición relativa al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio-GATT. Así se llaman, obtentores, los que desarrollan nuevas variedades vegetales mediante métodos tradicionales de mejoramiento o mediante biotecnología. Estas nuevas variedades pueden tener características mejoradas, como mayor resistencia a enfermedades, mejor rendimiento, o adaptabilidad a condiciones climáticas específicas.
Los grandes capitales en la bioinvestigación construyeron el andamiaje de la propiedad de obtentor: exclusividad de patentes sobre semillas mejoradas más patentabilidad disimulada de especies naturales y sus principios activos. Con el ministro Ernesto Samper, y su entonces asesora Ingrid Betancourt, ayudamos a la alianza con otros países en la defensa de principios de soberanía sobre recursos de la biodiversidad y de reconocimiento a los derechos de los países y de los pueblos indígenas. En la Organización Mundial de la Salud se sintieron los ecos de esta discusión en ese año 1991 cuando, con el apoyo de Colombia, Palestina y otros, el Ministro de Salud de Bolivia no solo sustentó los derechos ancestrales de los pueblos andinos y amazónicos al uso de la hoja de coca, sino que reclamó el retiro de la lista de psicotrópicas peligrosas controladas según lo estableció la Convención única sobre Estupefacientes en 1961 (Anexo 1): la convención prohíbe y el mercado de los desarrolladores se encarga con su mano invisible de garantizar las pretensiones de propiedad intelectual de los derivados saludables de consumo tradicional y farmacológico, a favor de grandes laboratorios multinacionales.
Esa discusión internacional sobre los obtentores vegetales tuvo dos desenlaces en esa década: por un lado, se impusieron los criterios de las grandes potencias en la Organización Mundial de Comercio dando garantías a los inversionistas en biotecnología y, por otro lado, los países del sur lograron algunas declaraciones virtuosas en la Cumbre de la Tierra de Rio en 1992. En la Convención de la Biodiversidad aprobada en Rio se estableció ese principio de soberanía de los Estados sobre sus bienes genéticos, el derecho a los beneficios, a un reparto justo y el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas.
La gran revolución de la computación y de la Inteligencia Artificial ha colocado a otro nivel la asimetría en acceso a los genomas entre los pueblos dueños del territorio, de la selva o el mar, y los monopolios de la investigación desde el ADN digitalizado. En estos tiempos el laboratorio ha tomado distancia de la selva y el mar: se ha convertido en modelos computacionales que combinan y recombinan sus invenciones virtuales.
Con la IA se ha multiplicado por millones la velocidad de búsqueda de patrones y la probabilidad éxito en las predicciones manipulando grandes cantidades de datos genéticos o extrapolándolos cuando son escasos. Es una revolución científica sin precedentes con un oligopolio planetario sin antecedente en la apropiación del conocimiento. A esto se refiere Guterres cuando advierte que:
“Esta COP debe hacer operativo el mecanismo que se ha acordado, para garantizar que cuando los países compartan información genética, compartan los beneficios de forma equitativa”.
El presidente Gustavo Petro le puso una nota pesimista a la posibilidad de que en la COP se tomen decisiones que alteren los intereses de las potencias del capitalismo fósil. Lo que afirmó para los compromisos económicos incumplidos desde la COP1, puede aplicarse a la justicia ambiental incluido el ADN digitalizado.
No obstante la poca capacidad de presión que han mostrado los países del Sur Global para lograr mecanismos más efectivos de respeto a la soberanía en la biodiversidad y en los bienes genéticos, la voz de los delegados de decenas de países es parte de un gran movimiento que recorre el mundo y crecerá como la gran ola de conciencia ecológica que es en nombre de la esperanza y de la revolución del Siglo XXI.