Ponencia de INDEPAZ

COCA, DESARROLLO REGIONAL Y ECONOMÍA PRODUCTIVA EN EL CATATUMBO

Ponencia presentada por Indepaz

Carlos Eduardo Espitia Cueca y Camilo González Posso
Encuentro Cocalero del Catatumbo 15 y 16 de diciembre de 2022  

Durante los últimos años se han conocido informes y documentos con nuevos balances sobre la situación actual del problema de las drogas, cultivos, narcotráfico, lavado de activos y de su relación con dinámicas de violencia en Colombia[1]. En todos ellos se toma como referencia el Acuerdo de Paz de 2016, en especial la formulación que se encuentra en el Punto 4, sobre política de drogas y sustitución de cultivos declarados de uso ilícito, y su interdependencia y complementariedad con el Punto 1 -Reforma Rural Integral (RRI)- y la implementación integral del conjunto del Acuerdo, incluido el Capítulo Étnico.

Con estos insumos, elaboraciones de los procesos comunitarios y organizativos de la sociedad civil y la llegada del nuevo Gobierno Nacional, se han construido algunos acuerdos tácitos, entre ellos:

• Primero: Reconocer el fracaso de la implementación de la política anti drogas y la necesidad de su reformulación, principalmente para frenar la guerra del Estado contra los cultivos de coca y sus cultivadores, descartando la militarización como elemento central de política.
• Segundo: la estructuración de alternativas para la reconversión económica de las regiones dominadas por la economía de la coca, la pasta básica para cocaína y las cadenas del narcotráfico; esas transformaciones estructurales pueden incluir la diversificación -no al monocultivo si a la agroecología -; regulación -del cultivo y usos de la cosecha-;  sustitución de economías y apoyo a planes de vida digna en provincias y macroregiones;  – ajuste de los mecanismos de implementación del Programa Nacional de Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), para transitar a la lógica de la reforma agraria y de la Reforma Rural Integral, RRI. Cada una de ellas concebidas y acordadas con los cultivadores, trabajadores, comunidades del entorno y sus procesos organizativos, garantizando principios de gradualidad y seguridad jurídica y económica.
• Tercero: la necesidad de implementar integralmente el Acuerdo de Paz de 2016 y de dar cumplimiento a los acuerdos firmados entre los gobiernos y las comunidades.
• Cuarto: el cambio de narrativa que estigmatiza y criminaliza a la coca, los campesinos y campesinas cultivadores y a las regiones donde se concentran los cultivos. Este último acuerdo reconoce el valor de la coca para productos sanos, alimenticios, medicinales, en ritos y ceremonias espirituales.
• Quinto: la prioridad en toda política de desarrollo regional es la defensa de la vida, comprendida la de las personas y comunidades en una relación inteligente con la naturaleza  y la biodiversidad. La depredación de la madre tierra y la contribución  a la crisis climática es antagónica con un desarrollo solidario para el buen vivir, para Vivir Sabroso, sin miedo, y desde los principios de la Minga y del Ubuntu.  
•  Sexto: Las políticas, planes y estrategias del desarrollo regional en los marcos de la reforma agraria y rural integral serán eficaces y sostenibles si se fundamentan en ofrecer un futuro digno a la juventud y en el papel decisivo de las mujeres, incluidas las que son cabeza de familia, en la garantía de derechos, en protección especial a los niños, niñas y adolescentes.  

En esta ponencia exploramos elementos de los seis puntos mencionados anteriormente para ofrecer insumos a este diálogo de saberes “Conversaciones en el territorio: construyendo la paz total en el Catatumbo”, particularmente para el eje temático que nos convoca: la problemática de la Coca, el desarrollo regional y la economía productiva.  

Inicialmente y sin mayor detenimiento queremos mencionar algunas dimensiones del diagnostico regional con el fin de contextualizar las recomendaciones presentadas más adelante en esta ponencia, las cuales enmarcamos en la propuesta Territorios de vida y paz.

El diagnóstico

• Sobre las necesidades básicas insatisfechas (NBI)

De los municipios de la región, El Tarra, El Carmen, Tibú y Hacarí registran un índice de NBI por encima del 40%, siendo El Tarra el caso más crítico de -la región y del departamento- con un 50,6% -la mitad de sus habitantes- y con 21,8% de sus pobladores viviendo en condición de miseria. El escenario se agudiza cuando se revisa la situación de las zonas rurales, donde El Tarra y Tibú se aproximan al 60% y, junto con El Carmen, su porcentaje de habitantes en condición de miseria llega casi al 30%. Continuando en las zonas rurales, el componente de vivienda crítica en Tibú es del 40%, en El Tarra del 34,20% y en Sardinata del 29,43%, mientras que en El Carmen el porcentaje de viviendas con servicios inadecuados es del 35,67% (DANE, 2021).

• Sobre los cultivos de coca

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Catatumbo es la segunda región  del país con mayor área sembrada con cultivos de coca, alcanzan 42.576 hectáreas, el 21% del total nacional[2]; y, en ella, Tibú, con 22.229 hectáreas, concentra el 52% de la coca cultivada, seguido por El Tarra y Sardinata con 6.248,08 y 5.135,03 hectáreas respectivamente (2022). 

Entre estas cifras es necesario resaltar dos situaciones. La primera, el 45% de los cultivos de coca de la región se encuentran en zonas ambientales protegidas, teniendo 26% en Zonas de Reserva Forestal de la Ley Segunda, 2,5% en Parques Nacionales Naturales (PNN), 1,5% en los resguardos indígenas Catalaura y Motilón-Barí y un 15% en zonas de amortiguamiento de PNN. La otra situación, tiene que ver con la zona de frontera, allí se registró el 16,5% (UNODC-SIMCI, 2022).  

• Implementación del Acuerdo de Paz de 2016: PDET y PNIS

Según la Agencia de Renovación del Territorio (ART) al 31 de octubre de 2022 en la región PDET del Catatumbo se han culminado 248 iniciativas[3] por un valor de $159.646,03 millones de pesos, 82 se encuentran en ejecución por $280.176,90 millones de pesos, 12 se encuentran estructurados y financiados por $210.379,62 millones de pesos y 5 en estructuración $12.559,28 millones de pesos. El total de la inversión alcanza los $662.761,83 millones de pesos, de la cual el 35% fue destinada al sector transporte, el 27% en agricultura y 8,4% a vivienda. Para ambiente no existen proyectos en ninguna de las fases (Agencia de Renovación del Territorio -ART-, 2022).

En cuanto al PNIS, en Norte de Santander hay 235 familias en acuerdos colectivos y 2.986 con acuerdos individuales. Los avances en el Plan de Acción Inmediata (PAI) son: 80% de familias con al menos un pago, 69% familias con 6 pagos, 58% familias con asistencia técnica, 57% familias con seguridad alimentaria y 13% familias con proyecto productivo corto. Se han desarrollado 9 iniciativas PISDA, de las cuales hay solo 4 con ruta de implementación activada, es decir apenas un 44% (Majbub Avendaño, 2022). Todo el PAI debió ejecutarse en los dos primeros años y en los últimos tres debió avanzarse en la ejecución de los planes municipales y demás elementos del PNIS y de la Reforma Rural.

La implementación de estos programas se ha visto afectada por la desarticulación entre PDET y PNIS, ya que el segundo arrancó primero cuando debían ir simultáneamente, lo que ha generado que las causas estructurales de pobreza y exclusión de los territorios con cultivos de coca persistan y los cultivos también; y, en el caso  particular del PNIS, por su alcance que dejó fuera familias con disposición de ingresar al programa, por la tensión con el sostenimiento de acciones de erradicación forzada  y su desfinanciamiento (Majbub Avendaño, 2022).  También ha sido difusa como consecuencia del establecimiento de otras políticas como las Zonas Futuro y Catatumbo Sostenible, que si bien ambas fueron presentadas como estrategias para materializar la implementación de los PDET, han profundizado las deficiencias en la participación efectiva de las comunidades y sus procesos organizativos en la formulación y seguimiento de las iniciativas. El enfoque de Catatumbo Sostenible no ha sido el fortalecimiento de las economías campesinas ni sus planes de vida sino el control militar del territorio y la infraestructura y condiciones para la agroindustria, los hidrocarburos y la minería.    

• ¿Cómo han evolucionado estos indicadores en la región?

En comparación al Censo de 2005, en El Tarra se redujo el índice NBI en 23%, sin embargo, como ya se mencionó, continua siendo el caso más crítico del departamento; esta misma reducción se presentó en los municipios como Tibú y El Carmen. San Calixto, Hacarí, La Playa y Ocaña disminuyeron el porcentaje de personas con NBI a la mitad (DANE, 2005).  En el caso de los cultivos de coca, la tendencia es contraría, entre 2017, año de inicio de la implementación del Acuerdo de Paz, y el 2021 los cultivos aumentaron un 66% pasando de 28.244 a 42.565 hectáreas (Observatorio de Drogas de Colombia, 2022).

En el Catatumbo como en otras regiones de amplia influencia de la actual economía de la coca, la pasta básica y del narcotráfico, es evidente que los ingresos para los hogares campesinos, para los asalariados en esa cadena productiva y la población, no permiten superar las condiciones de pobreza y en cambio llegan acompañados de debilitamiento de la producción propia de alimentos, encarecimiento del costo de vida, culturas ¨traquetas”, imposición violenta de controles sobre la población, incremento de la violencia sexual y de género, destrucción de tejido social, deterioro cultural y de horizontes para la juventud, debilitamiento de la organización social. La economía de la pasta básica y de la coca adicta a los agroquímicos es además de impacto destructivo en el entorno natural, contamina el suelo, las aguas y afecta negativamente la biodiversidad y los sumideros de carbono tan importantes para enfrentar la crisis climática. Como se ha dicho en diálogos en varias regiones, los ingresos de la pasta básica “son plata hoy y hambre más violencia mañana” (Gonzalez P , Dario, 2020).

La propuesta/recomendaciones: Territorios de vida y paz

Es una propuesta de ordenamiento de la acción estatal en correspondencia con las dinámicas de participación, los diálogos vinculantes y el ordenamiento ambiental, territorial y socioecológico para la paz.

En las regiones con alta influencia de la economía cocalera y presencia del narcotráfico, se trata de planes macrorregionales de inversión concertados con la economía y planes de vida de las comunidades campesinas y de los pueblos étnicos. Planes que se adaptan a los sistemas ambientales presentes en la región bajo una lógica de preservación y que reconocen la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y de futuros pactos de paz como elementos estructurantes y garantes de la sostenibilidad del plan macrorregional. Territorios de vida y paz reconoce las diferencias poblacionales (mujeres, jóvenes, diversa, étnica, campesina, asalariada, empresarial, etc.) para establecer sus elementos integradores.  

El objetivo inmediato a escala nacional es ofrecer opciones socioeconómicas y culturales a más de 400.000 familias y sus comunidades que actualmente sobreviven con gran peso del cultivo de la coca y que siguen empobrecidas material y espiritualmente en la economía dependiente del narcotráfico. Se trata de fortalecer comunidades campesinas y étnicas con planes de vida que permitan un bienestar creciente, fuertes organizaciones y una visión de futuro alegre y creativo para las actuales generaciones, para los niños, niñas, adolescentes y para la juventud.

Esto: a) exige la sustitución de las actuales economías extractivistas de la coca para la exportación de cocaína por economías para el buen vivir, la seguridad y soberanía alimentaria; b) es posible si las transformaciones conllevan la separación de la economía campesina y de pueblos étnicos de la trampa que imponen los circuitos de la cadena del narcotráfico y la violencia armada; y, si se logra la separación de los productores de coca de toda forma de dependencia y sometimiento por parte de organizaciones armadas y mafias; c) en correspondencia se suponen transformaciones en la forma de presencia del Estado, con separación completa de sus agentes de los intereses de las mafias, de narcotraficantes y de la corrupción y paramilitarismo de algunos políticos y empresarios.

A continuación enunciamos algunos elementos generales que le darían forma -los cuales por supuesto merecen una mayor discusión y desarrollo en su fondo y forma-. Esta propuesta en construcción retoma aportes de diferentes espacios participativos, mismos espacios donde deben consolidarse las estrategias:

Estructuración de las bases del plan

• Elaboración de un diagnóstico macrorregional donde el concepto de región no se asume desde una lógica homogeneizadora sino desde el reconocimiento de las diferencias como sus elementos integradores.
• Articulación con proyectos PDET, PATR, PNIS redefinidos. También con los planes territoriales de desarrollo.
• Reorganización de proyectos inconclusos de los Planes de Acción Inmediata y articulación con planes de la RRI y la efectiva entrega a tierra.
• Reorientación de Catatumbo Sostenible y redefinición de las llamadas zonas futuro para la construcción de territorios de vida y paz.
• Análisis de las tensiones presentes con los proyectos agroindustriales, minería y petróleo. Diseño de estrategia de responsabilidad social, protección del ambiente y complementariedad con la RRI.
• Incorporación del enfoque étnico con pleno reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos étnicos, incluidos el derecho al consentimiento, a la objeción cultural y a la jurisdicción especial.

Alternativas para los cultivos de coca

Además de las enunciadas en los territorios de vida y paz y en la reforma rural y agraria:

• Creación de la Empresa Nacional de la Coca con nodos regionales en las principales zonas con influencia de la economía cocalera. Regulación de áreas de siembra y compra de cosechas para la producción industrial de papel, abonos, aglomerados y otros. La ENALCO podrá tener un área encargada del monopolio de la producción estatal de cocaína y otros derivados de uso medicinal que estén regulados por el Ministerio de Salud.
• Asociación con empresas de productos sanos y saludables de asociaciones de pequeños productores y apoyo a empresas en territorios étnicos y de comunidades campesinas con uso ancestral de la hoja de coca.
• Programa de dejación de la coca apoyando iniciativas agroecológicas y también decisiones de no cosecha con programas armoniosos con el ambiente y la biodiversidad.
• Acuerdo de comunidades para la protección de los ecosistemas, desechando la contaminación con químicos y agrotóxicos, prohibiendo la deforestación y rechazando técnicas como el pategrillo con su impacto depredador en el ambiente.

Reorientación del PNIS

La reorientación incluye la integralidad de planes y programas en los territorios de vida y paz y todas las estrategias de la reforma rural y agraria. En este marco, como lo señala la Corte Constitucional, el Estado debe cumplir los compromisos con las familias y comunidades que se vincularon a los Planes de Acción Inmediata, a los Planes de Atención Colectiva, planes sectoriales y territoriales. Pero no se debe limitar a completar lo faltante en apoyo técnico y a proyectos productivos, pues es fundamental que las casi 100.000 familias inscritas en los PAI, continúen en formas asociativas y planes regionales para impulsar la RRI.

Además, las comunidades que se acogieron a planes colectivos y que no encontraron respuesta en las administraciones anteriores, junto con otras que se vinculen voluntariamente, deben participar en el diseño de los programas que se definan en los Territorios de Vida y Paz.

Ordenamiento territorial

• Catastro Multipropósito: Catatumbo como uno de los hitos de avance
• Iniciativas de impuesto predial exorbitante que desestimule de manera radical la praderización, monocultivos, siembra de coca en áreas de importancia ambiental y para la alimentación.
• Actualización de POMCAS.
• Suspensión de tramites de sustracción de áreas de Zonas de Reserva Forestal y de formalización de predios con origen en deforestación hasta la concreción de pactos de preservación y de respuesta a la crisis climática.
• Implementación de la formalización y de la entrega efectiva de tierras en concertación con las comunidades y las familias.  

Ambiente

• Zonas de Reserva Forestal y del Sistema Nacional Ambiental libres de producción de coca y de laboratorios de insumos y de cocaína – Economías de pequeña escala, sin químicos ni maquinaría y con contratos de servicios ambientales y de conocimiento.

Comunitario

• Programas para solucionar la propiedad, el uso y la ocupación de la tierra para campesinos tradicionales y colonos con asentamiento consolidado.
• Ofertas de reubicación y de ingresos por vinculación a obras públicas y programas sociales y ambientales para exrecolectores y migrantes.
• Convenios especiales con comunidades étnicas para que salgan de la trampa del narcotráfico. Programas de apoyo a los planes de vida y a sus objetivos de buen vivir, autonomía, territorio y cultura.
• El plan debe velar por el empoderamiento de los procesos organizativos de las comunidades, entre otras, continuando el trámite de la Zona de Reserva Campesina  y facilitando otras formas de asociación campesinas de manera concertada con las comunidades étnicas. En el Catatumbo es fundamental la concertación con el pueblo Barí.
• Plan especial para la juventud y la mujer.
• Iniciativas de empoderamiento popular, desde la organización, desde la base, la cultura, el arte, el deporte, ejercicios de memoria, etc.
• Incluir allí el rol y articulación de las guardias indígenas, cimarronas y campesinas.

Agrícola

• Micro IDEMAS por regiones para apoyo técnico, almacenamiento, compra de cosechas, apoyo a comercialización, etc.
• Asociaciones veredales de familias en pactos colectivos registrados para desarrollar iniciativas agroalimentarias.
• Programa de fomento agroindustrial: agropecuario, piscícola y forestal, para asociaciones campesinas y de comunidades étnicas. Líneas transitorias a mínimo 15 años de crédito blando y de crédito no reembolsable.

Educación

• Universidad del Catatumbo complementaría e integrada a las universidades de Pamplona y Ocaña, que permita el transito técnico a profesional y en relación con colegios y escuelas. Plan de becas para jóvenes de familias campesinas, de comunidades étnicas y de algunos municipios 4,5 y 6 categoría.  
• Ampliación de programas educativos con presencia del SENA y otras universidades públicas.

Vivienda

• Plan de mejoramiento de vivienda y nueva vivienda, saneamiento básico. Con vinculación de trabajadores de la región.

Infraestructura

• La concreción de las iniciativas que constituirán el plan macrorregional debe tener un escenario espejo para la definición y priorización de la inversión en infraestructura necesaria para cada uno de sus ejes. En los diálogos y procesos participativos se le ha dado importancia a la construcción de vías terciarias funcionales con la economía local. Este ejercicio sería insumo para la revisión de estrategias como Catatumbo Sostenible..

Acuerdo de paz

• Implementación de acuerdo de paz integral. Reformular mecanismo de implementación.
• Implementación del conjunto del Punto 4 del Acuerdo de Paz (2016) en su interrelación con la Reforma Rural, las garantías políticas, derecho de las poblaciones y territorios víctimas y garantías de seguridad.
• Articulación de algunos Territorios de Vida y Paz con acuerdos en las conversaciones promovidas por el gobierno en los marcos de la Ley de Paz Total.
• Apoyo a los acuerdos humanitarios especiales, acciones humanitarias, alivio a las poblaciones, desescalamiento de confrontaciones armadas, ceses al fuego bilaterales y multilaterales que se den en la regiones clave para la política de  DESARROLLO REGIONAL Y DE ECONOMÍA PRODUCTIVA.

Finalmente, queremos reiterar la importancia de que la vía que tome la región para la reconversión económica debe garantizar principios de consulta, concertación, gradualidad y seguridad humana, jurídica y económica.      

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[1] Entre esos informes se encuentran los presentados por las comisiones de empalme, la  Agencia de Renovación del Territorio, Contraloría, Procuraduría, UNODC – SIMCI, Comisión Global de Política de Drogas, CINEP – CERAC, Instituto KROC. También desde centros de pensamiento y en asambleas de campesinos cocaleros como las efectuadas en el Catatumbo, Putumayo y otras regiones. En el documento sobre Bases para el plan de desarrollo y en las conclusiones de la Convención Campesina se encuentran también apartes sobre estos temas.

[2] Para este estudio la región está conformada por los municipios de Ábrego (88,82ha), Bucarasica (4,87ha), Convención (2.004,46ha), Cúcuta (478,86), El Carmen (887,60ha), El Tarra (6.248,08ha), El Zulia (220,16ha), Hacarí (531,94ha), La Esperanza (4,72ha), La Playa (25,99ha), Ocaña (24,24ha), San Calixto (965,93ha), Sardinata (5.135,03ha), Teorama (3.714,85ha), Tibú (22.229ha) en Norte de Santander; y, San Martín (1,32ha) y González (9,2ha) en Cesar.

[3] Financiadas a través de OCAD Paz, Obras por Impuestos, Obras PDET ART, ART – Fondo Colombia en Paz, Obras PDET PGN.