Plan de urgencia para zonas críticas, un aporte de Indepaz al debate para prepararse para el posconflicto en zonas con presencia de grupos narcopamilitares.

El anuncio de la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc es casi un hecho, por eso es necesario que así como en La Habana se discute el punto del fin del conflicto que entre sus ejes principales está garantizar la seguridad de quienes dejen las armas y enfrentar otros fenómenos criminales, desde Colombia también es necesario que se abra el debate y se planteen alternativas.

Indepaz, con base en los informes presentados sobre la evolución, ubicación, permanencia e incidencia de los grupos narcoparamilitates en el país luego de la desmovilización de se dio en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, ha planteado una serie de zonas de influencia habitual de estas organizaciones, ejercicio que ahora se acompaña Plan de Urgencia para Zonas Críticas, un aporte a la construcción de la paz en las regiones en donde se han enquistado estos reductos de la desmovilización paramilitar.

Plan de urgencia en zonas críticas

Camilo González Posso y equipo de INDEPAZ

Los informes presentados por INDEPAZ sobre narcoparamilitares, y en particular sobre las actividades de sus estructuras armadas, han pretendido servir de referencia para el seguimiento de ese fenómeno y la deliberación académica sobre posibles respuestas desde la sociedad y el Estado. En esta ocasión la evaluación de la presencia armada de los narcoparamilitares y de sus huellas de violencia, tiene un sentido de mayor trascendencia por el avance hacia la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC y la posibilidad de que a corto plazo se logre también un pacto en la mesa con el ELN que parece inminente.

La necesidad de desmonte de esos aparatos narcoparamilitares y de todas sus redes ha sido reconocida por todos los sectores, independientemente de la denominación o caracterización que de ellas se haga. En esta etapa de transición y de paso a una era de construcción de país en paz y mayor democracia, es esencial contar con una estrategia eficaz para evitar que los acuerdos de terminación de la confrontación armada y dejación de armas estén oscurecidos por la expansión y reorganización de narcoparamilitares, grupos de narcotraficantes, mafias o de grandes negocios criminales en los territorios y en el conjunto del país.

Es por esta consideración que hemos querido acompañar el XI Informe sobre narcoparamilitares de algunas propuestas que sirvan para la discusión de alternativas. Para facilitar la conversación con los diversos sectores interesados en el tema incluimos algunas ideas bajo la forma de un Plan de urgencia en zonas críticas. Cada uno de los puntos requiere una sustentación mayor y por supuesto elaborar los detalles de su posible ejecución. Pero esa es una tarea que supera este ejercicio.

El objetivo central del Plan de Urgencia es ayudar a la implementación de los acuerdos en zonas críticas del conflicto y de presencia paramilitar. Se entiende que para otras zonas clave en la fase de post acuerdo se desarrollaran todos los elementos contenidos en los pactos y otros que decida la sociedad en el marco del Estado Social de Derecho.

Para el cumplimiento de ese objetivo se requiere en primer lugar garantizar a la población las condiciones para el goce efectivo de los derechos humanos y en particular la protección de la vida y la integridad, condiciones dignas de hábitat, producción e ingreso, el acceso a bienes públicos que le den satisfacción a sus necesidades y derechos sociales básicos, el ejercicio de las libertades y derechos democráticos, de los derechos territoriales étnicos y campesinos y los que hagan realidad la democracia participativa.

El Plan de Urgencia distingue:

1. Las medidas de aplicación inmediata que se requieren para preparar la fase post acuerdos y se comienzan a desarrollan mientras se culmina la redacción total del Acuerdo de terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera. Se realiza la refrendación y se inicia la dejación de armas y montaje de los instrumentos de la implementación de los acuerdos.
2. Medidas de aplicación a partir de la ratificación de los acuerdos y en la fase inicial de puesta en marcha de los acuerdos.
3. Medidas de aplicación una vez estén funcionando las instituciones e instancias gubernamentales y compartidas de implementación.

Este texto se concentra la atención en las medidas de aplicación inmediata y en la identificación de rutas para las que corresponden a las otras dos modalidades.

Para el exitoso desarrollo del Plan de Urgencia se requiere mantener criterios rectores democráticos que incluyen entre otros los siguientes:

– Participación de todos los grupos, comunidades e instituciones en el diseño, formulación, implementación y control de los proyectos que integren el Plan. Para ello se adoptarán guías de planeación participativa incluyente y de rápida producción de resultados en los territorios escogidos y sus subregiones.

– Definición de presupuestos y recursos destinados al Plan y sus proyectos de modo que la planeación participativa tenga clara referencia a unos mínimos disponibles y de rápida ejecución. En esta línea es necesario distinguir el agregado de recursos que están siendo invertidos en un territorio o que tienes destinación específica o recurrente, de los recursos nuevos que se adicionan y articulan a los ya existentes.

– Clara delimitación de las zonas críticas teniendo en cuenta variables como las áreas de presencia o movilidad de las FARC, del ELN y de los narcoparamilitares, economías ilegales, territorios étnicos, ecosistemas, empresas y proyectos productivos de pequeña y mediana escala, dispositivos de seguridad de la fuerza pública, planes territoriales de desarrollo, proyectos de infraestructura en ejecución o en fase avanzada para su implementación, iniciativas minero energéticas y agroindustriales (Pines, AME y Zidres).

– Prioridad a proyectos que sirven para la preparación de la implementación de los acuerdos y para la realización de experiencias demostrativas que facilitan esa implementación.

– Gestión del Plan de Urgencia en zonas críticas escogidas con equipos de dedicación exclusiva y que incluyan personas delegadas por la mesa de conversaciones y voceros de las partes. En las diversas instancias de la gestión del plan y sus proyectos es importante un criterio de participación de los grupos sociales, políticos, económicos e institucionales implicados.

– Alianza especial con la mesa formal que mantiene el gobierno y la Cumbre Agraria para coordinar iniciativas de ejecución en los territorios.

– Construcción de alianzas democráticas en cada territorio con las asociaciones de productores, organizaciones sociales y empresas.

– Incorporación en los contenidos y mecanismos de aplicación del Plan de Urgencia de las recomendaciones de la subcomisión de género designada por la Mesa.

– Estrategia especial de seguridad que cuente con las comunidades y redefinición de las políticas de sometimiento y desarticulación de estructuras del crimen organizado y en particular de los narcoparamilitares. Estrategia especifica judicial y de la fuerza pública.

DEFINICIÓN DE ZONAS CRÍTICAS

Teniendo en cuenta los criterios y variables antes enunciados, para este Plan de Urgencia se definen las siguientes zonas (En cada una se requiere seleccionar los municipios y áreas relativamente homogéneas):

Zona de la Costa Pacifíca: Comprende la subzona Nariño – Cauca. Subregión, Buenaventura – Cali. Subregión Choco Noroccidental

Zona Costa Caribe 1. Subzona Urabá, Córdoba, Sucre. Subzona Guajira. Cesar

Zona Bajo Cauca

Zona Magdalena Medio que incluye sur de Bolívar y municipios de Antioquia, Santander y Cesar.

Zona nororiental especialmente Cúcuta y Catatumbo.

Zona oriental Subzona Meta y Guaviare

Zona sur Subregión oriente del Cauca. Subregiones Caquetá y Putumayo

Cada una de estas zonas y subzonas debe detallarse con la cartografía adecuada y la información económica e institucional.

ALGUNAS MEDIDAS DE POLITICA NACIONAL Y PARA LOS PLANES DE URGENCIA

1. Asuntos de seguridad
2. Iniciativa de sometimiento a la justicia y definición de mecanismos de diálogo con los Urabeños – AGC, los Rastrojos, el FIAC y los otros grupos que actúan en el oriente. Iniciativa también en las cárceles.
3. Formación de un bloque de búsqueda que cuente con una comandancia probada y refractaria a cualquier complicidad o corrupción. Selección especial de los mandos y del personal y asistencia permanente de NN.UU y países amigos del proceso, para ayudar a neutralizar infiltraciones.
4. Operación inmediata de control de puertos, rutas de narcotráfico y contrabando y campaña de destrucción de laboratorios. Fortalecimiento de interdicción y control de lavado de activos.
5. Refuerzo de los planes de urgencia con cooperación internacional y presencia en cada subzona de delegaciones de apoyo técnico, brigadas de paz defensoras de derechos humanos, expertos en seguridad enviados por NN.UU. UNASUR, CELAC, MAP –OEA.
6. Fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, con personal permanente por subzona.
7. Coordinación de la Defensoría del Pueblo con la Guardia Indígena, Juntas de Acción Comunal y asociaciones campesinas y de otros grupos de la comunidad local.

Desescalamiento y cese bilateral y definitivo de fuego y de hostilidades

1. Instalación de la Mesa formal de negociación con el ELN y adopción inmediata de plan de desescalamiento y medidas unilaterales o bilaterales de cese al fuego y las hostilidades al menos en zonas críticas de este plan de urgencia. Colaboración del ELN en algunas zonas.
2. Nuevas medidas de desescalamiento hacia el cese bilateral definitivo al fuego y las hostilidades. Desde hoy a la ratificación, y sin perjuicio de decisiones sobre cese definitivo, adopción de medidas especiales de desmonte de dispositivos de guerra, como suspensión de operaciones ofensivas, apertura de canales directos de comunicación de los responsables de frentes de las FARC y de las comandancias de Policía y Fuerzas Armadas en cada área. Comunicación cotidiana sobre movilidad y para la prevención de errores de confrontación. Acompañamiento internacional in situ con enlaces permanentes entre FARC y Fuerza Pública.
3. Cooperación entre FARC, Fuerza Pública y autoridades gubernamentales para las tareas de seguridad y de implementación del Plan de urgencia. Definición de canales regulares controlados por la mesa o sus delegados de modo que se eviten interferencias.
4. La mecánica del cese bilateral y definitivo y del proceso de dejación de armas tendrá siempre en cuenta la participación de excombatientes en la implementación de los acuerdos de paz en sus componentes territoriales, económicos, políticos e institucionales.

III. Planes de urgencia en las zonas críticas

1. Inicio inmediato de la elaboración participativa de planes territoriales en las subregiones identificadas, incluyendo los componentes de implementación de los acuerdos. Acuerdos intermunicipales. Designación de equipo técnico por subzona con personal altamente calificado que incluya personas recomendadas y evaluadas por una comisión de la Mesa de Paz de La Habana.
2. Aprovechamiento de buenas prácticas en programas de desarrollo y paz o laboratorios de paz.
3. Definición en la Mesa de La Habana de acciones en terreno con la colaboración de las FARC y agencias del Estado que significan preparación de la implementación de acuerdos, programas o planes ya pactados.
4. Realización simultánea de desminado humanitario dando prioridad a los municipios en las zonas de paz ya identificadas.
5. Puesta en marcha de acuerdos en materia de cultivos de uso ilícito con la planeación participativa para planes comunitarios, municipales y subregionales de alternativas de desarrollo y buen vivir. Selección de subregión en por lo menos 5 de las zonas identificadas para darles inicio de inmediato con convocatoria amplia a las comunidades, instituciones y empresas. Inicio de diseños de los programas y proyectos para el conjunto de las zonas.
6. Fase preparatoria de la implementación de los acuerdos en materia de desarrollo rural integral: integración de instancias de coordinación y de toma de decisiones con presencia de personas delegadas por la Mesa de Paz de La Habana y todos los que sean pertinentes.
7. Apoyo en las zonas y subzonas de los ejercicios de memoria y verdad de iniciativa de las organizaciones de víctimas, familias y comunidades, orientándolos hacia la construcción de las agendas de las comisiones regionales de la Comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición.
8. Inclusión de las iniciativas de las victimas del desplazamiento forzado para adecuar las normas y procedimientos de formalización, retorno, reubicación y todas las demás reparación integral. Fortalecimiento de las mesas de víctimas municipales como sujetos de los planes de urgencia. Replanteamiento y ampliación del plazo de la política de restitución para adecuarla a la transición y post acuerdos.
9. Concertación y garantía del consentimiento previo, libre e informado con las comunidades de afrodescendientes e indígenas para la definición de los procesos, planes y proyectos con incidencia en los territorios colectivos.
10. Compra estatal de la cosecha de hoja de coca durante los próximos dos años y concertación de alternativas de programas de producción y bienestar en las zonas cocaleras y de riesgo de siembra o resiembra. Implementación de acuerdos con propuestas de la MIA y la Cumbre Agraria. Normas sobre usos saludables e industriales de la hoja de coca. Descriminalización del pequeño productor y de los recolectores de coca (raspachines).
11. Plan de apoyo a minería tradicional del oro y minería aurífera de socavón, concertado con productores y grupos de la cadena de valor y comunidades implicadas. Iniciar con experiencias en Bajo Cauca, Sur de Bolívar, municipios auríferos de Antioquia en Magdalena Medio y Choco. Compra del oro in situ por parte del Banco de la República y programa especial de mejoramiento técnico y de todo el proceso.
12. Cierre de toda minería ilegal con dragas y retroexcavadoras, con incautación o destrucción de maquinaria pesada e de insumos complejos o de riesgo para la salud y el ambiente. Adopción de medidas de control para controlar las importaciones de maquinaria pesada de minería e insumos y su ruta de uso.
13. Inclusión en los planes de urgencia de medidas y acciones encaminadas a la protección ambiental, respeto de reservas forestales, cuerpos y fuentes de agua, parar la deforestación, recuperación de áreas dañadas por impactos asociados a prácticas en el conflicto armado o a iniciativas productivas que se han apoyado en la violencia con daños ambientales. El aporte a los compromisos de la humanidad ante el desastre climático debe ser una prioridad en todos los proyectos relacionados con la paz.
14. Fortalecimiento de todas las formas de participación y de las condiciones para el ejercicio de los derechos políticos y la garantía de goce efectivo de los derechos humanos en general y en particular los que corresponden a las víctimas.

Medidas anticorrupción y anti- parapolítica

1. Identificación de gobiernos municipales o departamentales controlados por herederos de parapolíticos o mafias corruptas aliadas a los narcoparamilitares y congelamiento allí de toda contratación de alta cuantía para ser integrada en modalidades de ejecución regional – intermunicipal con régimen estricto anticorrupción. Misiones permanentes de los organismos de control y establecimiento de las veedurías ciudadanas y de veeduría internacional. Plan especial en las zonas críticas.
2. Estatuto especial para la transparencia y cero corrupciones en compras públicas y en la contratación de personal en las entidades territoriales.
3. Puesta en marcha de un sistema de alerta temprana anticorrupción y anti parapolítica a cargo de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, con un efectivo componente ciudadano – participativo de asesoría internacional, y el seguimiento del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República.
4. Regulación especial a las empresas que tienen negocios o contratan con el Estado en las zonas objeto del Plan, para evitar prácticas corruptas, de extorsión y/o de complicidad en el lavado de activos. Mecanismo permanente de colaboración empresas –Plan de Urgencia en medidas anticorrupción o apropiación ilegal de rentas públicas. Suscripción por las empresas de pactos anticorrupción a la luz de los tratados y recomendaciones internacionales, incluidas los estándares de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, con seguimiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
5. Medidas efectivas para cortar toda práctica de corrupción promovida por el narcoparamilitarismo y la parapolítica entre miembros de la fuerza pública. Control efectivo en las zonas del plan y de influencia de esas estructuras ilegales.
6. Instalación de una comisión de trasparencia y reforma del sistema electoral que garantice la depuración del censo electoral y la no corrupción en el proceso de voto popular para la refrendación de los acuerdos. Esta comisión al mismo tiempo apoyará la implementación de los acuerdos sobre participación política y la iniciativa legislativa para eliminar el poder de la parapolítica, las mafias y diversas formas de corrupción política.

Dirección y gestión del Plan de Urgencia y de los programas en las zonas y subzonas escogidas

1. La Dirección del Plan de Urgencia estará a cargo de la instancia acordada por la Mesa de Paz de La Habana para coordinar el conjunto de la implementación de los acuerdos.
2. Para la puesta en marcha inmediata de los componentes del Plan el gobierno creará una Unidad Interinstitucional, con oficina en cada subzona definida. Una comisión especial acordada en la Mesa de Paz de La Habana colaborará desde ahora con la Unidad Interinstitucional y designará personas que sean indispensables para la coordinación e implementación del Plan en los territorios. En los acuerdos de implementación se definirán la composición permanente de la Comisión Especial mixta y las formas de la cooperación posterior a la firma del Acuerdo Final de terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera.
3. En las instancias de dirección y de gestión en las zonas se incluirán delegados de las organizaciones, asociaciones y empresas que sean representativas y pertinentes para el Plan de Urgencia y las medidas sociales y económicas a desarrollar.
4. Los planes zonales contaran con presupuestos para el funcionamiento administrativo y con un fondo que permita la ejecución rápida de los proyectos acordados. Ese fondo contemplará también los recursos necesarios para la colaboración en terreno de todas las personas escogidas, incluidos gastos de miembros de las FARC dedicados a colaborar con la implementación del Plan y la preparación de la implementación del conjunto de los acuerdos. Ese Fondo transitoriamente puede ser una subcuenta del FONDOPAZ a cargo de la Alta Consejería de Paz de la Presidencia de la República.
5. En la fase anterior a la ratificación y la dejación de armas, las personas designadas por las FARC para intervenir en las acciones inmediatas de preparación del Plan de Urgencia y en las instancias de coordinación en las zonas o subzonas, tendrán un salvoconducto y desarrollaran sus actividades sin porte de armas, con un esquema de seguridad que se corresponda con el diseño de protección para el post acuerdo. Con posterioridad a la ratificación de los acuerdos de paz todas las personas comprometidas por su firma podrán colaborar en la implementación desde organizaciones civiles o estarán habilitados para hacerlo como funcionarios o contratistas. Se harán los ajustes normativos o reformas del caso para esta colaboración.
6. Inclusión de los presupuestos correspondientes al Plan de Urgencia en las zonas críticas, en el presupuesto general de la transición y del primer cuatrienio de implementación de los acuerdos.