¿Entre el fracaso y nuevo rumbo político?
Por Armando Novoa García
Ex – presidente Comisión Especial Legislativa creaba por la Asamblea Constituyente
Ex – magistrado Consejo Nacional Electoral
La intervención de Roy Barreras, presidente del Congreso en la sesión de la Comisión Primera del Senado el 23 de marzo, pasará a la historia legislativa como uno de los episodios más desconcertantes de los últimos tiempos.
Mientras rompía el documento que contenía el texto de la reforma política que estaba a consideración de esa célula legislativa, en tono ceremonial y retador Roy dijo: “Yo le pido hoy al señor ministro y al gobierno que retire esta reforma”. Y agregó que sin lista cerrada y paritaria y sin financiación estatal completa de las campañas, la iniciativa perdía todo sentido.
- Los responsables del hundimiento de la reforma fueron sus propios autores
En realidad, esa solicitud llegaba tarde y tenía un aire de oportunismo. La intervención de Barreras no logró opacar dos hechos que se produjeron horas antes que anunciaban la muerte temprana de la reforma.
El primero, la bancada de Cámara de Representantes del Pacto Histórico publicó un comunicado en el que calificó el texto propuesto como una “reforma politiquera” que pretendía perpetuar a la clase política tradicional en el poder. El segundo, que el presidente Petro respaldó esa declaración y en su cuenta de Twitter señaló que “sin listas cerradas y cremalleras, es decir que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política”.
Cuando se iniciaba el trámite en quinto debate, la muerte de la reforma estaba fuera de duda.
Ni el filibusterismo, ni las maniobras que el día anterior desplegó el presidente de la comisión primera el Senado, evitaron el hundimiento de la iniciativa. Lo demás fue un simple trámite procesal: los partidos de oposición forcejeaban para llevarse los aplausos por la sepultura del proyecto, mientras que algunos senadores del Pacto Histórico se esforzaban por salvar el honor.
Lo sorprendente es que los cambios introducidos al proyecto, que causaron el rechazo de congresistas y de los medios de comunicación, fueron iniciativa de la propia bancada de gobierno, en particular de Roy Barreras y Ariel Ávila, como consta en el Informe de Ponencia, firmado además por Julián Gallo de Comunes y por Fabio Amin del Partido Liberal, aunque no se quería asumir responsabilidad alguna en su fracaso. Entre tanto, el ministro Prada, guardó silencio.
- Las razones del fracaso de la reforma
Veamos cuáles fueron los cambios al texto aprobado en primera vuelta:
En primer lugar, como lo advirtió la bancada de Cámara del Pacto Histórico, mientras que en el proyecto aprobado en primera vuelta se estableció que a partir de 2026 se adoptaría sin excepción las “listas cerradas y bloqueadas a partir del período que inicia el 2026”, en el Informe radicado por Roy y Ávila se volvía a la alternativa de las listas de voto preferente, como existe en la actualidad. La reforma perdía entonces su columna vertebral y dejaba sin sustento las razones que esgrimió Barreras en la primera vuelta para defenderla: al suprimir el voto preferente se fortalecería los partidos, combatiría “de raíz” la financiación del narcotráfico de las campañas y el “sistema corrupto y clientelar de compra-venta de votos”. Además, garantizaría la paridad y la alternancia en las listas como un reconocimiento a la participación política de las mujeres.
A cambio de suprimir la obligatoriedad de las listas cerradas y bloqueada proponía crear estímulos para los partidos y movimientos que acudieran a estas:
- El reconocimiento de “hasta un treinta por ciento (30%) más de financiación estatal para la campaña electoral” y
- La organización electoral debía adoptar un “sistema de incentivos… consistente en una mejor ubicación en el tarjetón respectivo a elección del partido o movimiento político”.
Pero entonces, el proyecto de Roy y Ávila ¿dejaría entonces abierta la puerta para la reproducción de todos los vicios de la politiquería derivados del voto preferente que se supone pretendía enfrentar?
En segundo lugar, sin lista cerrada y bloqueada la obligatoriedad de acudir a mecanismos democráticos de elección de candidatos y directivas perdía eficacia pues una de las razones que esgrimen quienes defienden el voto preferente es que pemite al ciudadano escoger el candidato de sus preferencias dentro de la lista, sin importar el orden de su ubicación. Como los mecanismos democráticos definidos en los estatutos o en la ley estatutaria solo aplicarían a las agrupaciones que acudieran a la lista cerrada, serían inocuos para los que escogieran el sistema de voto preferente.
En tercer lugar, mantuvo un aparte del proyecto aprobado en primera vuelta según el cual, para la conformación de las listas cerradas debía observarse la “regla de paridad entre mujeres y hombres, alternancia y universalidad”, pero que, en una norma transitoria, creaba la excepción: “por una única vez, se podrá tener en cuenta el orden de la lista, sin condicionamiento de género, del último período constitucional para la respectiva corporación”. Esta aparte permitía que en las elecciones de 2026 al Congreso se mantuviera el mismo orden en la lista, y en la práctica suspendía no solo la aplicación de la alternancia y la paridad de género, sino también, y lo que era más grave, anulaba el principio democrático para la escogencia de candidatos y ordenación de las listas, todo con el pretexto de observar un principio de gradualidad que, en realidad, apuntaba a otorgar un beneficio para los actuales congresistas que así tendrían aseguradas sus curules para el próximo período institucional.
En cuarto lugar, exigía que para participar en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas debería acreditarse “una militancia mínima de seis (6) meses en la correspondiente organización política”, pero a la vez, permitía el transfuguismo, “por una sola vez”, para los miembros de los Cuerpos Colegiados de elección popular pudieran inscribirse por un partido diferente al que los avaló, “sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia”.
- Una solución tipo “sastre”
En quinto lugar, creaba sin explicación alguna un sistema de umbrales diferenciado para las coaliciones a corporaciones públicas, pues para los partidos o movimientos que acudieran a la lista cerradas y bloqueada el porcentaje de votos alcanzados por la coalición podía ser hasta el 20%, mientras que para el caso de las listas abiertas podría ser del 15%. Un examen en detalle que este cambio arrojaba la siguiente conclusión: el proyecto quería complacer a todos, especialmente a los congresistas que estaban en contra de la lista cerrada.
Entonces se estableció que para la coalición en la que el Partido Alianza Verde participó en las elecciones al Senado en el 2022, con lista abierta y 13 curules el umbral sería del 15% y para el Pacto Histórico que alcanzó 20 curules en lista cerrada, el porcentaje que debía acreditarse para una nueva coalición en el 2026 fuera del 20%. Los demás, en particular las distintas variables de la política tradicional podrían acudir a la lista abierta, sin necesidad de coaliciones. Una solución tipo sastre, es decir, al tamaño de la realidad política de cada agrupación política.
- Sin lista cerrada y bloqueada el proyecto no solucionaba la opacidad en la financiación de las campañas
En sexto lugar, y en cuanto a las reglas de financiación de las campañas electorales, el proyecto señalaba que estas se financiarían de manera anticipada con recursos 100% estatales, a diferencia de la financiación mixta y por el sistema de reposición de votos que existe en la actualidad. Este cambio constituía un avance para garantizar un mínimo de igualdad en la competencia y avanzar en la transparencia de su financiación, aunque algunos sectores indicaron que la financiación privada hace parte del derecho a la participación política o que la financiación estatal podría facilitar la manipulación gubernamental de las elecciones por esa vía. Con todo, al mantener la opción del voto preferente avanzaba muy poco en fijar unas reglas para garantizar la transparencia electoral y contrarrestar la financiación ilegal de las campañas. El proyecto renunciaba a atacar la financiación ilegal, no solo la proveniente del narcotráfico o de otras fuentes ilícitas, sino también al flujo de recursos de grandes poderes económicos legales que ingresan a ellas través de los partidos y movimientos políticos. Una reciente investigación del portal La Silla Vacía mostraba cómo el grupo Sarmiento efectuó multimillonarias donaciones a los partidos tradicionales, sin indicar si estas se destinarían su funcionamiento ordinario o a las campañas.
- Un nuevo umbral
En séptimo lugar, y para responder a la proliferación de partidos, incrementaba el umbral para obtener personería jurídica del 3 al 5% de los votos válidos en Senado o Cámara de Representantes y, por otra parte, contemplaba que los partidos coaligados que hubieran logrado la elección de su lista al senado podrían solicitar la fusión de todas o parte de las personerías que integran la coalición. El proyecto poco avanzaba en una solución a la proliferación de partidos ocasionada por decisiones judiciales o del Consejo Nacional Electoral en favor de la escisión, como ocurrió en el caso de los partidos Dignidad, En Marcha o la Fuerza de la Paz, este último del propio Roy. A estas alturas era claro que la lista cerrada y bloqueada resultaba inocua con la existencia de 33 partidos, muchos de ellos sin un respaldo electoral representativo.
- ¿El carrusel de la felicidad, sin conflicto de intereses?
Y, en octavo lugar, están los cambios que se introdujeron al régimen de incompatibilidades de los congresistas. El proyecto que el gobierno a consideración del Congreso establecía que los congresistas podrían hacer parte del gobierno con la sola aceptación de la renuncia. En la exposición de motivos no se explicaban las razones de este cambio. En el trámite del proyecto se fueron conociendo algunas de ellas: se señalaba que el propósito era avanzar hacia un régimen semi-parlamentario y que con lista cerrada la responsabilidad de los partidos en el ejercicio del gobierno debía permitirse que los congresistas más destacados hicieran parte de este. Luego, se flexibilizó aún más y se agregó que los congresistas podrían, una vez aceptada la renuncia, aspirar a cargos de elección popular como gobernaciones y alcaldías o saltar al sector privado.
Para la segunda vuelta se fue más allá: se propuso que el congresista luego de su renuncia podría ocupar un cargo público de “nominación nacional”, y luego volver a ocupar la curul. Todo un carrusel porque el partido podría mantener la curul que sería ocupada por quien le siguiera en votos, pero solo hasta que el inicialmente elegido lo deseara. Todo esto sin examinar si existía o no un conflicto de intereses al votar la iniciativa, sobre todo si su vigencia era inmediata y, por consiguiente, podría beneficiarlos a ellos mismos.
En realidad, el asunto no era si debían incorporarse elementos del régimen parlamentario al régimen presidencial que nos rige, sino si este cambio tenía como destinatario al propio Roy Barreras quien, como se rumoraba en los mentideros políticos, pretendía culminar su período como presidente del Congreso y saltar, sin solución de continuidad al gobierno y de allí a una candidatura presidencial.
Esta fue la piedra de toque para el hundimiento de una reforma que, en la versión inicial, presentada por el gobierno presentada aspectos que sin duda apuntaban a mejorar el sistema representativo y a fortalecer los partidos políticos.
¿Segundo tiempo para la reforma política?
Más allá de los balances queda la pregunta si el gobierno se interesará por presentar una nueva propuesta de reforma política que permita avanzar en rescatar varias de las promesas incumplidas del propio presidente del Senado.
Marzo 30 de 2023
La reforma política de Roy:
¿Entre el fracaso y nuevo rumbo político?
Por Armando Novoa García
Ex – presidente Comisión Especial Legislativa creaba por la Asamblea Constituyente
Ex – magistrado Consejo Nacional Electoral
La intervención de Roy Barreras, presidente del Congreso en la sesión de la Comisión Primera del Senado el 23 de marzo, pasará a la historia legislativa como uno de los episodios más desconcertantes de los últimos tiempos.
Mientras rompía el documento que contenía el texto de la reforma política que estaba a consideración de esa célula legislativa, en tono ceremonial y retador Roy dijo: “Yo le pido hoy al señor ministro y al gobierno que retire esta reforma”. Y agregó que sin lista cerrada y paritaria y sin financiación estatal completa de las campañas, la iniciativa perdía todo sentido.
- Los responsables del hundimiento de la reforma fueron sus propios autores
En realidad, esa solicitud llegaba tarde y tenía un aire de oportunismo. La intervención de Barreras no logró opacar dos hechos que se produjeron horas antes que anunciaban la muerte temprana de la reforma.
El primero, la bancada de Cámara de Representantes del Pacto Histórico publicó un comunicado en el que calificó el texto propuesto como una “reforma politiquera” que pretendía perpetuar a la clase política tradicional en el poder. El segundo, que el presidente Petro respaldó esa declaración y en su cuenta de Twitter señaló que “sin listas cerradas y cremalleras, es decir que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política”.
Cuando se iniciaba el trámite en quinto debate, la muerte de la reforma estaba fuera de duda.
Ni el filibusterismo, ni las maniobras que el día anterior desplegó el presidente de la comisión primera el Senado, evitaron el hundimiento de la iniciativa. Lo demás fue un simple trámite procesal: los partidos de oposición forcejeaban para llevarse los aplausos por la sepultura del proyecto, mientras que algunos senadores del Pacto Histórico se esforzaban por salvar el honor.
Lo sorprendente es que los cambios introducidos al proyecto, que causaron el rechazo de congresistas y de los medios de comunicación, fueron iniciativa de la propia bancada de gobierno, en particular de Roy Barreras y Ariel Ávila, como consta en el Informe de Ponencia, firmado además por Julián Gallo de Comunes y por Fabio Amin del Partido Liberal, aunque no se quería asumir responsabilidad alguna en su fracaso. Entre tanto, el ministro Prada, guardó silencio.
- Las razones del fracaso de la reforma
Veamos cuáles fueron los cambios al texto aprobado en primera vuelta:
En primer lugar, como lo advirtió la bancada de Cámara del Pacto Histórico, mientras que en el proyecto aprobado en primera vuelta se estableció que a partir de 2026 se adoptaría sin excepción las “listas cerradas y bloqueadas a partir del período que inicia el 2026”, en el Informe radicado por Roy y Ávila se volvía a la alternativa de las listas de voto preferente, como existe en la actualidad. La reforma perdía entonces su columna vertebral y dejaba sin sustento las razones que esgrimió Barreras en la primera vuelta para defenderla: al suprimir el voto preferente se fortalecería los partidos, combatiría “de raíz” la financiación del narcotráfico de las campañas y el “sistema corrupto y clientelar de compra-venta de votos”. Además, garantizaría la paridad y la alternancia en las listas como un reconocimiento a la participación política de las mujeres.
A cambio de suprimir la obligatoriedad de las listas cerradas y bloqueada proponía crear estímulos para los partidos y movimientos que acudieran a estas:
- El reconocimiento de “hasta un treinta por ciento (30%) más de financiación estatal para la campaña electoral” y
- La organización electoral debía adoptar un “sistema de incentivos… consistente en una mejor ubicación en el tarjetón respectivo a elección del partido o movimiento político”.
Pero entonces, el proyecto de Roy y Ávila ¿dejaría entonces abierta la puerta para la reproducción de todos los vicios de la politiquería derivados del voto preferente que se supone pretendía enfrentar?
En segundo lugar, sin lista cerrada y bloqueada la obligatoriedad de acudir a mecanismos democráticos de elección de candidatos y directivas perdía eficacia pues una de las razones que esgrimen quienes defienden el voto preferente es que pemite al ciudadano escoger el candidato de sus preferencias dentro de la lista, sin importar el orden de su ubicación. Como los mecanismos democráticos definidos en los estatutos o en la ley estatutaria solo aplicarían a las agrupaciones que acudieran a la lista cerrada, serían inocuos para los que escogieran el sistema de voto preferente.
En tercer lugar, mantuvo un aparte del proyecto aprobado en primera vuelta según el cual, para la conformación de las listas cerradas debía observarse la “regla de paridad entre mujeres y hombres, alternancia y universalidad”, pero que, en una norma transitoria, creaba la excepción: “por una única vez, se podrá tener en cuenta el orden de la lista, sin condicionamiento de género, del último período constitucional para la respectiva corporación”. Esta aparte permitía que en las elecciones de 2026 al Congreso se mantuviera el mismo orden en la lista, y en la práctica suspendía no solo la aplicación de la alternancia y la paridad de género, sino también, y lo que era más grave, anulaba el principio democrático para la escogencia de candidatos y ordenación de las listas, todo con el pretexto de observar un principio de gradualidad que, en realidad, apuntaba a otorgar un beneficio para los actuales congresistas que así tendrían aseguradas sus curules para el próximo período institucional.
En cuarto lugar, exigía que para participar en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas debería acreditarse “una militancia mínima de seis (6) meses en la correspondiente organización política”, pero a la vez, permitía el transfuguismo, “por una sola vez”, para los miembros de los Cuerpos Colegiados de elección popular pudieran inscribirse por un partido diferente al que los avaló, “sin renunciar a la curul o incurrir en doble militancia”.
- Una solución tipo “sastre”
En quinto lugar, creaba sin explicación alguna un sistema de umbrales diferenciado para las coaliciones a corporaciones públicas, pues para los partidos o movimientos que acudieran a la lista cerradas y bloqueada el porcentaje de votos alcanzados por la coalición podía ser hasta el 20%, mientras que para el caso de las listas abiertas podría ser del 15%. Un examen en detalle que este cambio arrojaba la siguiente conclusión: el proyecto quería complacer a todos, especialmente a los congresistas que estaban en contra de la lista cerrada.
Entonces se estableció que para la coalición en la que el Partido Alianza Verde participó en las elecciones al Senado en el 2022, con lista abierta y 13 curules el umbral sería del 15% y para el Pacto Histórico que alcanzó 20 curules en lista cerrada, el porcentaje que debía acreditarse para una nueva coalición en el 2026 fuera del 20%. Los demás, en particular las distintas variables de la política tradicional podrían acudir a la lista abierta, sin necesidad de coaliciones. Una solución tipo sastre, es decir, al tamaño de la realidad política de cada agrupación política.
- Sin lista cerrada y bloqueada el proyecto no solucionaba la opacidad en la financiación de las campañas
En sexto lugar, y en cuanto a las reglas de financiación de las campañas electorales, el proyecto señalaba que estas se financiarían de manera anticipada con recursos 100% estatales, a diferencia de la financiación mixta y por el sistema de reposición de votos que existe en la actualidad. Este cambio constituía un avance para garantizar un mínimo de igualdad en la competencia y avanzar en la transparencia de su financiación, aunque algunos sectores indicaron que la financiación privada hace parte del derecho a la participación política o que la financiación estatal podría facilitar la manipulación gubernamental de las elecciones por esa vía. Con todo, al mantener la opción del voto preferente avanzaba muy poco en fijar unas reglas para garantizar la transparencia electoral y contrarrestar la financiación ilegal de las campañas. El proyecto renunciaba a atacar la financiación ilegal, no solo la proveniente del narcotráfico o de otras fuentes ilícitas, sino también al flujo de recursos de grandes poderes económicos legales que ingresan a ellas través de los partidos y movimientos políticos. Una reciente investigación del portal La Silla Vacía mostraba cómo el grupo Sarmiento efectuó multimillonarias donaciones a los partidos tradicionales, sin indicar si estas se destinarían su funcionamiento ordinario o a las campañas.
- Un nuevo umbral
En séptimo lugar, y para responder a la proliferación de partidos, incrementaba el umbral para obtener personería jurídica del 3 al 5% de los votos válidos en Senado o Cámara de Representantes y, por otra parte, contemplaba que los partidos coaligados que hubieran logrado la elección de su lista al senado podrían solicitar la fusión de todas o parte de las personerías que integran la coalición. El proyecto poco avanzaba en una solución a la proliferación de partidos ocasionada por decisiones judiciales o del Consejo Nacional Electoral en favor de la escisión, como ocurrió en el caso de los partidos Dignidad, En Marcha o la Fuerza de la Paz, este último del propio Roy. A estas alturas era claro que la lista cerrada y bloqueada resultaba inocua con la existencia de 33 partidos, muchos de ellos sin un respaldo electoral representativo.
- ¿El carrusel de la felicidad, sin conflicto de intereses?
Y, en octavo lugar, están los cambios que se introdujeron al régimen de incompatibilidades de los congresistas. El proyecto que el gobierno a consideración del Congreso establecía que los congresistas podrían hacer parte del gobierno con la sola aceptación de la renuncia. En la exposición de motivos no se explicaban las razones de este cambio. En el trámite del proyecto se fueron conociendo algunas de ellas: se señalaba que el propósito era avanzar hacia un régimen semi-parlamentario y que con lista cerrada la responsabilidad de los partidos en el ejercicio del gobierno debía permitirse que los congresistas más destacados hicieran parte de este. Luego, se flexibilizó aún más y se agregó que los congresistas podrían, una vez aceptada la renuncia, aspirar a cargos de elección popular como gobernaciones y alcaldías o saltar al sector privado.
Para la segunda vuelta se fue más allá: se propuso que el congresista luego de su renuncia podría ocupar un cargo público de “nominación nacional”, y luego volver a ocupar la curul. Todo un carrusel porque el partido podría mantener la curul que sería ocupada por quien le siguiera en votos, pero solo hasta que el inicialmente elegido lo deseara. Todo esto sin examinar si existía o no un conflicto de intereses al votar la iniciativa, sobre todo si su vigencia era inmediata y, por consiguiente, podría beneficiarlos a ellos mismos.
En realidad, el asunto no era si debían incorporarse elementos del régimen parlamentario al régimen presidencial que nos rige, sino si este cambio tenía como destinatario al propio Roy Barreras quien, como se rumoraba en los mentideros políticos, pretendía culminar su período como presidente del Congreso y saltar, sin solución de continuidad al gobierno y de allí a una candidatura presidencial.
Esta fue la piedra de toque para el hundimiento de una reforma que, en la versión inicial, presentada por el gobierno presentada aspectos que sin duda apuntaban a mejorar el sistema representativo y a fortalecer los partidos políticos.
¿Segundo tiempo para la reforma política?
Más allá de los balances queda la pregunta si el gobierno se interesará por presentar una nueva propuesta de reforma política que permita avanzar en rescatar varias de las promesas incumplidas del propio presidente del Senado.
Marzo 30 de 2023
