El fin del conflicto armado pactado en La Habana y suscrito finalmente en Bogotá desató una epidemia de panfletos con amenazas a lideres sociales y de izquierda en muchas partes de Colombia.
Los autores parecen ser personas o grupos que han seguido la política regional y han formado parte de estructuras opositoras a los acuerdos de paz o que se declaran alineados con posiciones radicalmente adversas a la solución negociada. Sus lugares comunes no quieren decir que tengan un mando nacional o una coordinación operativa pero si revelan que beben de las mismas fuentes de los discursos del odio y de la negativa a aceptar que en este país ha terminado la guerra contrainsurgente contra las FARC, que avanzan conversaciones con el ELN y se está ad portas de terminar el conflicto armado como definición del conjunto del panorama nacional.

Los panfletos amenazantes se dirigen en su mayoría contra líderes y gestores comunitarios que en las regiones son visibles por su apoyo a las conversaciones de paz o por su participación en movimientos sociales. La mayor acusación ha sido que son guerrilleros o enemigos camuflados de civiles cuyo lugar debería ser una zona veredal de ubicación de las FARC. No faltan las acusaciones por presunto apoyo al ELN. Pero también abundan los panfletos en contra de los indígenas, afros y comunales que actúan en defensa de sus territorios y recursos naturales o que reclaman el retiro de grupos armados o de ocupantes ilegales.

Buena parte de esas amenazas tiene firmas falsas de presuntos grupos de las AUC, frentes de guerra anticomunista, Águilas Negras, AUG-AUC. Y también hay grupos locales o de presencia interregional que emiten comunicados anunciando su presencia y el inicio de operaciones llamadas de “limpieza” y orden como parte de la disputa por el control de centros poblados o veredas.

Sobre la autoría de los panfletos hay diversas hipótesis que van desde la iniciativa de personas y pequeños grupos que aprendieron el método en la larga historia de guerra sucia y ahora lo utilizan para crear zozobra, hasta la implicación de agentes del Estado con historia de corrupción y complicidad con paramilitarismo. En algunas regiones de Antioquia, Choco, Córdoba, Nariño o Meta, esas amenazas pueden ser parte de las practicas de grupos armados organizados como las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo) y de otros grupos reconocidos. La campaña de grafitis en poblados del Cauca anuncian la recomposición de grupos en zonas de influencia de las FARC y su intención de disputar esos territorios.

Las características de redacción, impresión y modo de circulación hacen pensar que la mayoría de esos panfletos tienen origen urbano en los municipios y localidades de mayor conflictividad violenta en los últimos años. Se trata de un viejo aprendizaje reciclado para la coyuntura con el propósito de crear zozobra, pánico, debilitar a organizaciones, crear sensación de inseguridad y propagar el mensaje de que la paz esta lejos y la violencia sigue imponiendo la dictadura del miedo en zonas en disputa.

El ámbito de las amenazas en el último año se ha mostrado más amplio que el de los asesinatos de líderes sociales y políticos, excombatientes, defensores de derechos humanos y gestores comunitarios. Tiene alcance regional y urbano en muchos departamentos e incluso en ciudades capitales e intermedias. Aunque sólo en pocos casos se ha pasado de la amenaza al atentado y al asesinato, esos panfletos son el signo de un riesgo alto a la integridad de las personas y sobre todo de los colectivos. El propósito es generar desconfianza en organizaciones y comunidades, debilitar las acciones colectivas y obligar a los lideres a concentrarse en actividades defensivas o a centrar sus iniciativas en la protección de personas y en la denuncia de la inseguridad.

Claro que es urgente la identificación de autores y promotores de las amenazas y asesinatos, la actuación pronta de la justicia; es urgente proteger adecuadamente a los amenazados y evitar que la intimidación disminuya la capacidad de acción de los líderes y gestores comunitarios o de paz. Esa protección parte de la solidaridad de las comunidades, las organizaciones e instituciones; depende mucho de la conciencia ciudadana en defensa de los derechos humanos y la paz; necesita la autoprotección colectiva y deslegitimar los discursos del odio, del fanatismo y la intolerancia.

Pero no debe olvidarse que la mayor trampa del terrorismo y de las estrategias del miedo es precisamente encerrar a las comunidades y a las instituciones en los circuitos de la seguridad individual y cambiar la agenda de transformaciones democráticas y sociales para la paz por una agenda defensiva que se dedique sobre todo a la denuncia de agresiones o de inminencia de que se presenten.

Salir de la trampa de las amenazas requiere sobre todo fortalecer la acción colectiva transformadora y en la situación actual acelerar la implementación de los acuerdos de paz, de los políticas de ampliación de la democracia y los planes y programas regionales de inversión social y bienestar desde la equidad.

Desde la iniciativa de transformación democrática para la transición, con fortalecimiento de los sujetos sociales y políticos, tiene mayor eficacia una nueva política de seguridad humana y serán más efectivas las medidas necesarias de protección colectiva e individual.

Bogotá D.C. 10 de julio de 2017