En lo corrido de 2016 se ha detectado presencia de las llamadas bandas criminales en 22 departamentos del país, en donde actúan de manera similar a las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia.

Contrario a lo que muchos sectores piensan y a lo que se le ha hecho creer a la opinión pública, las bandas criminales, denominadas bacrim, no son un fenómeno delincuencial aislado que se alimenta solo de su actividad criminal, sino que se asemejan más a organizaciones narcoparamilitares similares a las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Así se puede concluir del más reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) que da cuente no solo de cómo estas bacrim se han extendido por buena parte del territorio nacional, sino también de cómo siempre ha sido parecido al de los ‘antiguos’ paramilitares, lo que además las convierte en una clara amenaza a los acuerdos de paz de La Habana y a un eventual escenario de posconflicto.

Durante el primer trimestre de 2016, indica el señalado informe, estas bandas narcoparamilitares hicieron presencia en 149 municipios de 22 departamentos de Colombia, incluyendo a la misma capital del país, siendo las actividades criminales más recurrentes la extorsión, el tráfico de estupefacientes, los asesinatos selectivos y la minería ilegal.

El coordinador de la Unidad Investigativa de Indepaz, Leonardo González, explica que “es preocupante que a pesar de estar tan cerca de un proceso de paz con las Farc la presencia de estructuras de paramilitares han invadido el territorio colombiano haciendo efectivas las amenazas que han perpetrado contra defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y comunidades en general”.

Aunque la organización criminal con mayor número de hombres y presencia en más zonas (están en 12 departamentos) es el Clan Úsuga, también conocidos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Los Urabeños, lo cierto es que Indepaz identificó que fueron, al menos, 14 las bandas criminales que operaron en distintas regiones del país durante los tres primeros meses del año.

Pero, ¿por qué son catalogadas como bandas narcoparamilitares? La Unidad Investigativa de la ONG también ha identificado las principales similitudes entre estas y las AUC, lo que las convierten, como se ha denunciado en reiteradas ocasiones, en un fenómeno claramente paramilitar.

En primer lugar se debe decir que estas organizaciones criminales, en su mayoría, están conformadas por exmiembros de las AUC que no se desmovilizaron durante el proceso del gobierno del expresidente Álvaro Uribe o que entregaron las armas y después se reintegraron a la vida delincuencial.
Para Indepaz, “el que ha sido paramilitar dejará de serlo el día que desmonte su estructura completa, no solo lo militar sino también lo económico y lo político y dejará de ser paramilitar el día que diga toda la verdad y el día que repare con todos sus bienes”, lo que no hicieron quienes ahora integran esas denominadas bacrim.

El investigador González advierte que “hoy por hoy los paramilitares siguen siendo funcionales a los intereses del capital privado, usurpan la democracia con sus agentes en instituciones públicas denominados parapolíticos y con el apoyo, en ocasiones de las Fuerzas Militares y de Policía”.

Las similitudes tienen que ver también con que estas organizaciones, del mismo modo que lo hicieron los antiguos paramilitares, han infiltrado o tienen amplias relaciones con el Estado (principalmente con la Fuerza Pública) y se han aliado con el claro propósito de actuar en la defensa de proyectos económicos (extractivos y agroindustria), políticos y la defensa de sectores vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico, incluso haciendo uso de los homicidios a líderes sociales y políticos.

Por ejemplo, reseña la Unidad Análisis de Indepaz da cuenta de que, prácticamente, no existen diferencias entre el desmovilizado Bloque Central Bolívar de las AUC y el Clan Úsuga. “Se percibe que la única diferencia es que el BCB tenía muchos más integrantes, pero la esencia es la misma, pues no existe una distinción clara entre alias Don Berna o Macaco con Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel: tanto unos como otros tienen como objetivo principal el narcotráfico, todos nacieron en medio de la mafia y para poder dominar sus territorios, armaron ejércitos, se aliaron con gamonales y terratenientes, se beneficiaron de las empresas de la zona (bien sea por extorsión o colaboración), se lucraron del Estado y sus contratos en municipios, gobernaciones, universidades y el sector salud, entre otros”, indica el informe de la Unidad de Análisis.

Mención aparte, agrega la Unidad de Análisis, merece el creciente fenómeno de la minería ilegal, del cual se han apropiado los nuevos paramilitares, bien sea para lucrarse ellos mismos o lavar el dinero producto del narcotráfico, o para prestar seguridad y protección a las estructuras al margen de la ley que se dedican específicamente a este negocio.
Este fenómeno se presenta principalmente en el Pacífico colombiano, donde las anteriores estructuras paramilitares dejaron muy bien posicionados en el ámbito económico y comercial -como es el caso de la zona del San Juan e Istmina- a comerciantes y testaferros, quienes ahora contratan a las nuevas estructuras paramilitares para defender sus negocios, aprovechando además que la Ley es laxa con los delitos que tienen que ver con la minería y mucho menos drástica en comparación con otros delitos como el narcotráfico o la extorsión.

Riesgo para los acuerdos de paz Indepaz también llama la atención sobre el latente riesgo que representa la presencia y proliferación de estas bandas narcoparamilitares para la implementación de los acuerdos que Farc y Gobierno han alcanzado en el marco del proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana (Cuba).
El Instituto habla principalmente de la dificultad que se tendrá para la implementación de los acuerdos en las regiones en la que hacen presencia estos paramilitares, no solo porque representan un riesgo para la vida de quienes se desmovilicen de la organización guerrillera, sino porque uno de los principales objetivos de la implementación es frenar las actividades criminales de las que se lucran las propias bacrim. El riesgo, reseña la Unidad de Análisis, también es para “las comunidades y poblaciones donde se vayan a poner en marcha los planes de implementación en la etapa de transición a la paz”.

Al respecto el coordinador de la Unidad Investigativa de Indepaz, Leonardo González, afirma que “el Estado le debe al país una lucha frontal contra la principal amenaza de la sociedad colombiana como lo son los grupos paramilitares. El desmonte del paramilitarismo en lo militar, lo económico y lo político es una exigencia para la paz.

Por esto recomienda formular una estrategia que permita combatir estos bandas narcoparamilitares no solo en el ámbito militar, sino además en el político, económico y social.
Esa estrategia de combate debe ser completa para su neutralización y por eso, para Indepaz, esta también debe incluir un componente de negociación, aunque no debe ser una de carácter política, como la que se lleva a cabo con las organizaciones insurgentes, sino una de tipo penal, porque, después de todo, los fines de las bandas narcoparamilitares, son meramente de lucro y no políticas.

“Creemos que se debe negociar con ellos sin darles el carácter político, por ser estructuras de macrocrimanildad organizada. Lo que se puede negociar es oferta de beneficios penales por desmonte de estructuras, es decir, negociar mecanismos de sometimiento a la justicia”, señala la Unidad de Análisis de Indepaz.

“No podemos superar una guerra para justificar otra guerra. No se puede mantener los mecanismos altísimos de militarización. Hay que generar estrategias de otro corte, con un componente social para proteger a la población de la guerra y así aislar estos factores mafiosos narcoparamilitares”, concluye.