Columna publicada en El Tiempo 03/2026 – Especial Revista El Llano 7 días
Orinoquía: comicios en regiones donde la democracia compite con el control armado
Las elecciones presidenciales de 2026 tendrán en la región de la Orinoquía un examen real de la capacidad del Estado para garantizar condiciones democráticas en territorios históricamente periféricos. Meta, Casanare, Arauca y Vichada no concentran la atención mediática nacional en materia de violencia política como ocurre en el suroccidente o el Pacífico, pero reflejan un problema estructural igual de relevante: zonas donde la presencia estatal sigue siendo desigual y donde actores armados y economías ilegales continúan influyendo en la vida social, económica y política de las comunidades.
En la Orinoquía persisten corredores estratégicos utilizados por actores armados y economías ilegales para la movilidad de hombres, armas y rentas ilícitas, especialmente en zonas de frontera y en conexiones hacia Guaviare, Caquetá y el suroccidente del país. Estos “corredores de la muerte” no solo facilitan dinámicas criminales, sino que también generan escenarios de control territorial que pueden traducirse en riesgos para la participación política y la libertad electoral.
Las cifras disponibles evidencian que la violencia no es un fenómeno marginal en la región. Entre 2022 y 2025 se registraron al menos 28 masacres, el asesinato de 141 líderes sociales y 61 firmantes del Acuerdo de Paz en los cuatro departamentos de la Orinoquía, según registros de Indepaz. Aunque los niveles son menores frente a otras regiones del país, el impacto territorial resulta significativo porque se concentra en contextos rurales con baja institucionalidad, alta dispersión poblacional y limitadas capacidades de protección estatal. En estos escenarios, la violencia tiene efectos desproporcionados sobre la participación política, la organización social y la confianza institucional.
Un elemento adicional que incrementa la preocupación electoral en la región, es la presencia de municipios pertenecientes a Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), creadas precisamente para garantizar la representación política de territorios afectados por el conflicto armado. En la Orinoquía, varios municipios de Meta y Arauca hacen parte de estas circunscripciones, como: Arauquita, Fortul, Saravena y Tame en Arauca; Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Vista Hermosa en el Meta y San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores en el Guaviare, donde confluyen factores de riesgo asociados a la presencia de actores armados ilegales, economías ilícitas y debilidad institucional.
La paradoja es evidente: territorios diseñados para ampliar la participación democrática, como las zonas CITREP, enfrentan condiciones que pueden restringirla.
Arauca continúa siendo el principal foco de riesgo electoral. La confrontación entre el ELN contra estructuras disidentes de las antiguas FARC autodenominado EMC y también presencia intermitente del Clan del Golfo. La presencia de estos grupos ha generado homicidios selectivos, amenazas, confinamientos y desplazamientos, consolidando escenarios de control social armado en municipios que además tienen relevancia electoral por su condición de CITREP.
En territorios donde los actores armados regulan economías ilícitas, imponen normas de comportamiento y controlan la movilidad, la presión sobre la población no siempre se expresa en ataques directos a candidatos, sino en formas más sutiles de coerción: restricciones a reuniones políticas, condicionamientos al transporte o influencia indirecta sobre el comportamiento electoral.
El departamento del Meta presenta un escenario más heterogéneo. Mientras áreas cercanas a los principales centros urbanos han experimentado mayor estabilidad institucional, municipios del sur y corredores estratégicos hacia Guaviare y Caquetá -varios de ellos también incluidos en CITREP- mantienen presencia de estructuras armadas ilegales, especialmente disidencias de las antiguas FARC. En estos territorios persisten riesgos asociados a economías ilícitas, control territorial y posibles procesos de instrumentalización de comunidades, lo que puede traducirse en limitaciones a las campañas políticas, restricciones a la movilidad electoral y dificultades para la presencia efectiva de autoridades durante el proceso.
Casanare, aunque registra menores niveles de confrontación armada directa, tampoco está exento de riesgos. En el departamento han tenido presencia estructuras armadas, además de dinámicas asociadas a economías ilegales, disputas locales por rentas públicas y antecedentes de corrupción electoral que pueden afectar la transparencia del proceso democrático. La experiencia colombiana demuestra que la ausencia de violencia armada intensa no elimina las amenazas a la integridad electoral, especialmente cuando existen debilidades institucionales o redes clientelares consolidadas.
Vichada enfrenta desafíos distintos, pero igualmente relevantes. La dispersión geográfica, la limitada infraestructura institucional y su condición de frontera incrementan las dificultades logísticas para garantizar puestos de votación, transporte electoral y seguridad territorial. En algunas zonas se ha identificado presencia o tránsito de actores armados como el frente 53 Edison Romaña de la Segunda Marquetalia, el Frente José Daniel Pérez Carrero, dependiente del Frente de Guerra Oriental Manuel Vásquez Castaño del ELN, asociados los dos a economías ilegales y dinámicas transfronterizas. La combinación entre baja densidad estatal y economías ilícitas aumenta la vulnerabilidad frente a presiones externas sobre comunidades rurales e indígenas.
El problema de fondo es que en amplias zonas de la Orinoquía la democracia sigue coexistiendo con formas de gobernanza ilegal. Cuando actores armados regulan actividades económicas, imponen normas sociales o controlan la movilidad, la libertad del voto se vuelve relativa. Esta situación adquiere mayor gravedad en municipios CITREP, donde la representación política debería estar especialmente protegida, pero donde las condiciones de seguridad pueden afectar la autonomía de la participación. Como lo señaló la Defensora del Pueblo durante la presentación del informe de seguimiento de la Alerta Temprana Electoral, “no se trata solamente de garantizar seguridad el día de las elecciones, sino de asegurar condiciones reales de participación política antes, durante y después del proceso electoral”.
Por esta razón, el debate sobre garantías electorales no puede reducirse al despliegue de la Fuerza Pública durante la jornada de votación. Se requieren medidas preventivas sostenidas: protección temprana de liderazgos políticos y sociales, monitoreo territorial permanente de riesgos, control efectivo de corredores estratégicos utilizados por economías ilegales, fortalecimiento institucional en zonas rurales dispersas y una articulación más eficaz entre autoridades nacionales, departamentales y municipales para responder oportunamente a alertas de riesgo.
La Orinoquía no es hoy el epicentro de la violencia electoral en Colombia, pero sí constituye un territorio donde se define la capacidad del Estado para consolidar la democracia en regiones históricamente marginadas. Garantizar elecciones libres allí no es únicamente un reto operativo: es una medida concreta del alcance real de la institucionalidad colombiana en su propio territorio.
