Los comunicados van y vienen pero pocos apuntan al centro del problema porque muchos quieren aprovechar el episodio solo para mostrar la capacidad de atrocidad de las FARC o el guerrerismo del gobierno.
En medio de la guerra de las comunicaciones se esconde la verdadera tragedia de comunidades atrapadas por las confrontaciones y por algunos que ven en cada masacre o desplazamiento la oportunidad para denuncias internacionales y pronunciamientos más que la urgencia de parar la violencia contra la población civil y lograr el cese de las hostilidades.
Ocho días después de las primeras noticias sobre el asesinato de muchos entre 20 indígenas retenidos por las FARC en el resguardo Tortugalia, municipio de Barbacoas, no se ha logrado tener claridad sobre los hechos. Todo ocurre en una zona montañosa, de difícil acceso a la que se llega por trochas después de días. Los gobernadores AWA recibieron la información por celular y la comunicaron a las autoridades en Pasto: un grupo de las FARC se llevó a los indígenas y los vieron después amarrados, amenazados con cuchillos y a unos de ellos los estaban chuzando; luego volvieron por los niños. Dos días después, sin haber logrado más noticias del primer grupo, ni información precisa sobre el número de asesinados y la ubicación de los cadáveres, otra llamada informó a Pasto que “un grupo aún no identificado” había secuestrado a otros 10 indígenas del resguardo Sandé y probablemente los había asesinado. Los gobernadores AWA y la ONIC alertaron por la agresión contra la población en medio de combates entre el ejército y la guerrilla y del temor por las minas y los bombardeos que se estaban produciendo desde el 5 de febrero de 2009.
Las versiones de lo acontecido no pueden ser más graves pues muestran que está en curso una acción de exterminio de un pueblo al que se le irrespetan todos sus derechos, se ocupa su territorio, sus caminos se llenan de minas y de residuos de bombas, se les exige en medio de la selva que sean parte de la guerra, informantes de unos o de otros y se les amenaza o asesina para castigarlos por presunta colaboración con el enemigo. Así viene ocurriendo y ya son más de 200 los asesinados desde 1998 entre una población Awá que en estos resguardos no pasa de 10.000 sobrevivientes. Hoy, como resultado del secuestro y desaparición de cerca de 30 indígenas, y la información de que muchos de ellos ya fueron asesinados, las familias huyen hacia Samaniego, Ricaute o Barbacoas a buscar refugio.
Cada episodio es más grave que el anterior y replica a escala lo que ocurre en otras regiones. Las organizaciones indígenas han convocado a la Minga de resistencia y están exigiendo el pronunciamiento de las FARC y la acción eficaz del Estado para proteger los derechos de las comunidades. Los comunicados van y vienen pero pocos apuntan al centro del problema porque muchos quieren aprovechar el episodio solo para mostrar la capacidad de atrocidad de las FARC o el guerrerismo del gobierno. Todo eso es cierto pero su señalamiento no debe ocultar que lo urgente son los compromisos humanitarios unilaterales de respeto a la población, a la neutralidad militar de comunidades confinadas y aterrorizadas y el cese de las hostilidades no solo en territorios étnicos sino en todo el país.