La tesis que Indepaz ha sostenido durante los últimos años es que debe existir un aporte a la construcción de la paz, como proceso de transformación democrática y social y un aporte a los diálogos y soluciones negociadas.
En los dos escenarios necesariamente se requiere la participación de hombres y mujeres desde la perspectiva de equidad de género. Los desafíos de los movimientos de paz frente a la inclusión de la perspectiva de género son similares a los de toda la sociedad: no obstante la profunda revolución social del siglo XX que ha significado la emergencia de la mujer en la vida pública, continúa dominando una cultura excluyente y discriminatoria. Y los círculos de inequidad son más resistentes allí donde se expresan relaciones de poder, donde se toman las decisiones que afectan la capacidad de usufructo o disposición de la riqueza, la propiedad, el estatus, la representación o las directrices de las instituciones del Estado, la empresa o la comunidad. Modificar esa cultura discriminatoria y su traducción en estructuras de poder es tal vez una síntesis de los múltiples retos y esencia del programa de transformaciones democráticas y de justicia social que construye la paz, con ciudadanas y ciudadanos plenos.
El movimiento por la paz puede ser entendido como acción colectiva por la no violencia, por un Estado Social de Derecho con vigencia y garantía de todos los derechos humanos, por transformaciones de equidad y redistribución de propiedad, por superación de la crisis humanitaria, solución mediante vías de diálogo y pacto y garantía de los derechos de las víctimas. La inclusión de la perspectiva de género en cada una de esas dimensiones es requisito de su realización plena y requiere acciones específicas endógenas que dependen en primer lugar del empoderamiento de las mujeres en organizaciones e instituciones. La perspectiva de género se asume cuando hombres y mujeres son protagonistas de su impulso, pero para que ello se convierta en fuerza transformadora es determinante la incidencia autónoma de las mujeres en los espacios sociales y de poder.
Las organizaciones por la paz son apenas un componente del movimiento social por la paz, aquel que intenta articular y darle continuidad a la movilización cultural, política y social por superar la crisis de violencia armada y guerras. Y también al interior de estas organizaciones se identifican los avances y retos frente a la perspectiva de género. Se ha avanzado en la medida en que hay una relación directa entre protagonismo y liderazgo de las mujeres y magnitud y eficacia de la acción transformadora.
Es cada vez más evidente que la perspectiva femenina y la incidencia de la mujer en la definición de programas y en la organización de las acciones repercute en mayor incidencia y garantía en esos fines. Pero esos y otros avances no restan importancia a las dinámicas discriminatorias en los centros de toma de decisiones del movimiento y las organizaciones por la paz. El panorama de la exclusión y discriminación en los espacios de diálogo y negociación no está distante de lo que sucede en el nivel mundial. Las siguientes cifras del informe entregado por la Escuela de Cultura de Paz de Barcelona en marzo de 2008 demuestran que “la participación de las mujeres en los procesos de paz es casi inexistente”:
- En 33 negociaciones en 20 países, de las 280 personas que participaron solamente 11 son mujeres, es decir el 4%
- De 434 que trabajan en centros de investigaciones sobre paz, el 47% son mujeres
- Entre el 20% y el 40% de los integrantes de grupos armados son mujeres, pero los “órganos de poder están en manos de los hombres”.
- En la resolución 1325 de octubre de 2006 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se instó a aumentar el número de mujeres en la gestión y solución de conflictos. Al final del 2007, de las 57 personas designadas por el Secretario General, solo 3 eran mujeres, es decir el 5.2% (Liberia y Sudán)
Teniendo en cuenta ese panorama nos atrevemos a destacar algunos retos.
1. Se necesita más femenino en el poder político:
Antes del proceso constituyente del año 1991, de los 1.028 municipios, solo 56 eran gobernados por alcaldesas, es decir el 5.5%. Dicha participación no aumentó como se esperaba con la nueva Constitución y el énfasis dado a la igualdad de género en instancias de decisión y poder. En el año 2008 de los 940 municipios reportados por la Registraduria, tan solo 67 son gobernados por mujeres, cifra que corresponde apenas al 7.1%. (Federación Nacional de Municipios: 2008) La participación de las mujeres en los cuerpos colegiados: Concejos, Asambleas y Congreso de la República no llega al 15%; en los puestos de mando de los gobiernos se no supera el 12% y en la Corte Constitucional sólo hay una mujer. En la dirección de los partidos la situación es aún más excluyente. Acciones positivas como la ley de cuotas y autorregulación en las organizaciones e instituciones dirigidas a superar esta desigualdad han chocado con los obstáculos propios de la cultura machista y su inercia en todos los órdenes.
2. Se necesita el empoderamiento de la mujer en la propiedad y la disposición de activos
Un ejemplo notable de la discriminación es el de la propiedad de la tierra y demás bienes. El derecho humano a la propiedad está definido como el derecho que tienen hombres y mujeres en condiciones de igualdad y sin discriminación a acceder a la propiedad de los bienes materiales e intangibles y a gozar y disponer de ellos. Sin embargo, existe una cultura de silencio en torno a las violaciones del derecho de las mujeres a una vivienda adecuada y a la tierra.
El tema de mujer y territorio no puede pasar por alto otro fenómeno, de singular gravedad para una población rural en medio del conflicto: el elevado grado de informalidad de todas las relaciones con los bienes, en especial con las tierras. Los actores armados del conflicto de hoy, particularmente los paramilitares – así como lo han hecho los señores de la guerra durante la larga historia de violencias en el país- se han aprovechado de esa informalidad y han manipulado los instrumentos legales para apropiarse de las tierras campesinas. La inexistencia de títulos u otra clase de documentos que acrediten la propiedad ponen a las mujeres, y particularmente a las viudas, en una doble desventaja frente a las posibilidades de protección o reparación, pues resulta imposible aportar pruebas que acrediten su condición de víctimas y sustenten sus reclamaciones ante las autoridades.
Se necesita visibilizar estas problemáticas y fortalecer las acciones que permitan avanzar en la realización de los derechos económicos y sociales de las mujeres afectadas por el conflicto, con perspectiva étnica que incluya a las mujeres indígenas, afrocolombianas y raizales. En este sentido, las recientes decisiones de la Corte Constitucional (Auto 092 de 2008) significan un reto para avanzar en la protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado. En efecto, las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, así como las instituciones estatales tienen la obligación de contribuir a la adopción de medidas comprehensivas para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres en los trece (13) programas ordenados por el máximo Tribunal. De igual forma, el auto permite abrir caminos para luchar contra la invisibilización de los delitos sexuales contra las mujeres y combatir la impunidad tarea en la que la Fiscalía debe adecuarse para incorporar activamente el enfoque de género que permita perseguir a los criminales sin importar que se trate de actores armados legales o ilegales. En fin, una importante tarea del análisis con perspectiva de género es “desnaturalizar” las relaciones sociales entre hombres y mujeres. En un diagnóstico en medio de conflicto armado y desplazamiento, esto implica poner a descubierto las relaciones de poder no sólo entre actores armados y población víctima, sino también entre hombres y mujeres pertenecientes a esta última. Significa también analizar los modelos de masculinidad y feminidad que los actores armados ponen en juego en sus organizaciones y los que imponen a las poblaciones civiles en los “modelos de convivencia”, como una forma de exacerbación de las desigualdades consideradas “normales” en la sociedad.
3. Fortalecer el liderazgo de las mujeres en el movimiento por la paz
En el movimiento social por la paz las mujeres han asumido un liderazgo que es visible y cada vez mayor. Son las mujeres las que enarbolan con mayor tenacidad los movimientos de víctimas. Son las madres de los secuestrados y desaparecidos las que promueven múltiples acciones humanitarias. Son las mujeres desplazadas las que están en la presión cotidiana para el reconocimiento de derechos. Son las mujeres – hermanas, viudas y familiares de las víctimas de masacres, ejecuciones sumarias, homicidios y genocidios, las que infatigablemente demandan la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Sin embargo, la efectiva participación e incidencia de las mujeres en la construcción de ciudadanía en beneficio colectivo debe partir de la transformación de poderes, de la inclusión de más mujeres en los partidos políticos, en las instituciones del Estado, en las universidades, en las mesas de diálogo y negociación, en los consejos territoriales de planeación. En fin, el papel de las mujeres como actoras políticas debe ser real y tangible en todos los espacios de decisión de políticas públicas, que en últimas son los mecanismos para garantizar los derechos humanos. Los eventos de los últimos meses nos demuestran que el papel de las mujeres en un país en guerra, puede beneficiar la guerra y a la paz. En Colombia la Yidispolitica contrasta con la obstinación de Piedad Córdoba. La guerra contra las Karinas forzadas a engrosar los ejércitos armados contrasta con las acciones para lograr la liberación de Ingrid y demás secuestrados.
Muchas gracias.
Tathiana Montaña