A las víctimas nos va a pasar lo mismo que a los campesinos pobres con el programa de AIS: que la mayoría de los recursos se van a ir al bolsillo de los victimarios y de los auspiciadores del narcoparamilitarismo. Ellos van a quedarse con las tierras, y las víctimas si acaso se volverán arrendatarios sin derecho a nada, como en el caso de Carimagua.

 

 

Cada vez que en la casa de Nariño creen haber extinguido el incendio que se ha encendido en el país por cuenta del escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), aparece una llama más potente que la anterior. Eso pasó esta semana con las denuncias hechas por el senador Juan Fernando Cristo en el debate del martes pasado contra el ministro de Agricultura, Andrés Fernández. Allí el senador denunció que dineros del programa de Agro Ingreso Seguro no sólo habrían ido a financiar proyectos agrícolas de grandes ingenios de influyentes familias de la costa, sino que habrían terminado financiando empresas del Urabá investigadas por haber financiado a los narcoparamilitares. Por falta de tiempo, el senador dio sólo un nombre: El Convite S. A. Y afirmó que esta empresa había recibido en los últimos tres años un total de 297.204.102 pesos en incentivos de AIS. 

Para quienes no sepan, la historia de esta empresa está íntimamente ligada a una investigación que adelanta la Fiscalía desde hace un año, a raíz de la salida de Colombia en 2004 de la multinacional gringa Chiquita Brands. Como se recordará, esta multinacional se fue del país luego de que se descubrió que había financiado por años a los grupos narcoparamilitares, motivo por el cual fue condenada en Estados Unidos a pagar 25 millones de dólares. 

La investigación, revelada por El Espectador hace un año, decía que la salida de Chiquita Brands de Colombia había sido una fachada para que a través de una sofisticada maniobra financiera sus operaciones fueran asumidas por dos firmas: Invesmar S. A. y Olinsa. La primera, domiciliada en un paraíso fiscal de las Islas Vírgenes británicas, es dueña de un conglomerado empresarial al que pertenece El Convite S. A., la empresa bananera denunciada por el senador Cristo de haber recibido dineros de AIS. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, esta empresa, el Convite S. A., estaría entre las que habrían hecho aportes a las AUC entre 2004 y 2007. 

En otras palabras, mientras esta empresa presuntamente financiaba a los autores de miles de masacres que dejaron a cientos de víctimas sin sus tierras, muchas de las cuales permanecen hasta hoy en las manos de los victimarios, por el otro, recibía subsidios agrícolas de este gobierno. 

Pero esta no fue la única empresa vinculada a Invesmar que hizo eso. Al menos otras cuatro empresas vinculadas a Invesmar siguieron los mismos pasos: Agrícola El Carmen S. A., Río Cedro S. A., Centurión S. A. y Agrícola El Retiro. Para el 19 de agosto de 2008, fecha en que la Fiscalía llamó a indagatoria a Jorge Alberto Cadavid Marín, gerente del Convite S. A. y Río Cedro S. A., así como a Javier Ochoa Vásquez, gerente de agrícola El Retiro S. A., estas compañías ya habían recibido, por cuenta de incentivos de AIS, la pendejadita de cerca de 17.215 millones de pesos. 

Si a estos casos le sumamos la denuncia de Semana.com según la cual la firma Clamasan S. A., cuyo representante legal es Santiago Gallón Henao, conocido no sólo por estar involucrado en la muerte del futbolista Andrés Escobar, sino porque hoy es un confeso financiador del narcoparamilitarismo, recibió incentivos por 143.612.640 pesos -amén de los que recibieron políticos acusados de paramilitarismo como Mario Uribe-, se puede llegar a una conclusión que le pone a uno los pelos de punta: la de que la política agraria de este gobierno no sólo financió a los ricos en detrimento de los campesinos pobres, cosa que ya es una vergüenza en un país con uno de los índices más altos en materia de desigualdad social, sino que ha beneficiado a los financiadores del narcoparamilitarismo en desmedro de las víctimas que fueron despojadas de sus tierras, de sus seres queridos y que fueron condenadas a la violencia y al desplazamiento. Y eso en un país en donde hay miles de víctimas del paramilitarismo que no han sido reparadas sino con migajas es un insulto a la dignidad humana. Las cifras no mienten: mientras por concepto de Agro Ingreso Seguro el país ha gastado un billón 4.000 millones de pesos en los tres años que tiene de vida, el gobierno ha invertido en los cuatro meses que lleva vigente la reparación a las víctimas por vía administrativa sólo 19.000 millones de pesos. 

A las víctimas nos va a pasar lo mismo que a los campesinos pobres con el programa de AIS: que la mayoría de los recursos se van a ir al bolsillo de los victimarios y de los auspiciadores del narcoparamilitarismo. Ellos van a quedarse con las tierras, y las víctimas si acaso se volverán arrendatarios sin derecho a nada, como en el caso de Carimagua. 

Con un modelo de desarrollo rural tan agresivo no es extraño que las Farc estén, desde sus guaridas, frotándose las manos.