En 13 estados de los Estados Unidos – Alaska, California, Colorado, Hawai, Maine, Maryland, Michigan, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington – está autorizado desde antes de Obama el uso de la marihuana por prescripción sanitaria y se ha avanzado en la descriminalización por consumo de cannabis. ¿Por qué entonces tanto ruido ahora que el Fiscal General, Eric Holder, envía un memorando en el cual conmina a las autoridades a no perseguir ni procesar a esos usuarios medicados?
En realidad las declaraciones del Fiscal no hacen más que recordar los límites de la ley, pero ocurren en un momento de ebullición sobre cambios de orientación en la política antidrogas de la nueva administración y de grandes expectativas sobre sus alcances. El nuevo Zar Antidrogas, Gil Kerlikowske, ha anunciado que la nueva política será “más balanceada” en la lucha contra la demanda y la oferta dándole mayor peso que con Bush a las políticas internas de reducción del consumo; ha dicho también que no se usará más la expresión “guerra antidrogas” como sello de la política y que la “palabra legalización no está ni en el vocabulario de Obama ni en el mío”. Por otro lado, con el respaldo de los demócratas en el Congreso, se está impulsando una comisión especial para que evalúe la eficacia de la política antidroga en Latinoamérica y los aspectos penales y de costos carcelarios que inquietan a los contribuyentes.
Muchos analistas en Colombia y en Estados Unidos destacan con razón la novedad del lenguaje y la oportunidad que se abre para buscar una rectificación de la guerra antinarcoterrorista que se reconoce fracasada en sus objetivos manifiestos antidroga. Pero ese optimismo no oculta que de la retorica a los hechos hay un camino de fuertes forcejeos entre enfoques, sobre la ubicación de esta política en las estrategias globales y regionales de seguridad. En ese terreno de los hechos los primeros pasos dejan muchos interrogantes sobre la fuerza interna de los reformistas en Estados Unidos y su capacidad de apoyar a Obama en una línea que rompa con el enfoque militar.
La exploraciones con una línea blanda frente a la marihuana podrían llevar a creer en una ruta similar a la recomendada por la Comisión Latinoamericana sobre drogas que pidió acciones diferenciales, de descriminalización y desmilitarización. Pero la lectura de algunos hechos frente a Latinoamérica y Colombia parece indicar que en el corto plazo hay mas ajustes que cambios de fondo y que el peso de los guerreros sigue siendo grande. El Plan Colombia 2010, tiene cambios en énfasis pero no en estrategia; se habla de continuar las fumigaciones aéreas aunque se recomienda buscar la erradicación voluntaria; se fortalece la asistencia militar en la guerra interna antisubversiva con el discurso de lucha antidroga y se promueve la presencia de centenares de efectivos militares y contratistas, vinculados al uso de 7 bases militares para el paso de aviones militares y acciones de combate.
Obama tiene retos y prioridades grandes de respuesta a la crisis económica, a la escalada de guerra en Afganistan y de seguridad en su frontera sur con México. Así que es probable que en la política antidroga siga a paso lento en los experimentos sanitarios con la marihuana, responda a los altos costos de cerca de un millón de presos por posesión o venta de drogas – la mayoría negros y latinos – y siga hacia la colombianización del Plan Colombia – USA. Lo demás será la resultante del forcejeo en el Congreso de Estados Unidos y frente a una opinión cada vez más inclinada a colocar en la agenda inmediata no solo pequeñas dosis de descriminalización sino el tema de la legalización regulada y estrategias educativas y de salud en lugar de las recetas militares y carcelarias.