En nuestro tema de salud, lo que se puede anticipar es que cualquier agrotoxico o veneno desfoliante que se utilice como parte de una guerra, llámese antidrogas o antinarcoterrorista, significa graves riesgos para las personas y los ecosistemas. Con esas sustancias y el método de los pilotos del Plan de los Estados Unidos en Colombia (Plan Colombia o Consolidación Territorial), se dañan ademas cultivos lícitos. Son prácticas bárbaras que están proscritas por el derecho internacional de los derechos humanos y las normas humanitarias en la guerra. En rigor se trata de guerra química que en el mundo actual solo se practica en Colombia.
Frente al panorama incierto por el juego de presiones que se ha desencadenado para evitar la suspención de las fumigaciones con glifosato, es importante respaldar la postura digna y razonada del Ministro de Salud. Afortunadamente ha mostrado el coraje para poner el tema en la agenda y en la del Consejo Nacional de Estupefacientes. El hecho es inocultable: la máxima autoridad de salud del país ha dicho que deben cesar esas fumigaciones por el carácter “probablemente cancerigeno” de la exposición de las personas al glifosato. Por encima de ese concepto solo puede primar la indignidad y la presión de los negociantes de la guerra.
