Camilo González Posso
Presidente de INDEPAZ
13 de abril de 2021
El gobierno parece decidido a lanzar una ofensiva de aspersión aérea para la erradicación de sembrados de cultivos ilícitos, o de uso ilícito. Algunas fuentes oficiales han dicho que con el decreto promulgado este 12 de abril de 2021 se da un salto adelante en la reactivación de ese programa que se comenzaría a ejecutar en el segundo semestre de este año.
El decreto 380/04/2021, establece procedimientos y responsabilidades para el manejo de riesgos asociados a la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito, sin hacer mención específica a la sustancia que se utilizará; además indica la ruta para la presentación y atención de quejas o reclamos cuando se presenten afectaciones a poblaciones de las zonas objetivo de la aspersión con agrotóxicos.
Decreto con mordaza previa
Esa ruta ya ha sido despojada de efectividad, no sólo por la tramitología que la vuelve lenta e insuficiente sino por la anulación del derecho a la tutela que puso en marcha el gobierno con ese decreto 333 de abril de este año; con ese decreto las tutelas por afectación de derechos fundamentales en programas de erradicación de cultivos ilícitos no pueden ser respondidas por jueces en los territorios sino exclusivamente por el Consejo de Estado.
Todos los que toman decisiones dependen del gobierno
Ese decreto no se ocupa de los temas de fondo sobre el derecho de precaución, ni sobre los contenidos de los estudios científicos sobre posibles impactos y daños a la salud y al ambiente, ni sobre respuestas específicas a los requerimientos hechos por la Corte Constitucional cuando condicionó la eventual reanudación del programa de fumigación aérea con glifosato y otros venenos. Sobre lo sustantivo se limita a señalar competencias, en el entendido de que, con los documentos, estudios y recomendaciones de las entidades, el Consejo Nacional de Estupefacientes, será el encargado de aprobar el plan de aspersión área que este gobierno pondrá en marcha para regar con químicos varios centenares de miles de hectáreas cultivadas por más de 300.000 pequeños productores y asalariados cocaleros.
Todo el proceso esta controlado por el gobierno de modo que no hay margen a insumos independientes para la toma de decisiones que la hará el Consejo Nacional de Estupefacientes, integrado por personas nombradas y susceptibles de desnombrar o presionar por el presidente de la República.
No se excluyen las personas ni los bienes, ni animales domésticos, de lo fumigable
Por esa y otras razones, el carácter administrativo del decreto no lo hace ni anodino ni inofensivo pues es parte del andamiaje para poner en marcha una nueva fase de la guerra al narcotráfico enfocada en guerra química a los cultivos de coca y a los cocaleros. Es muy sintomático que al señalar las áreas excluidas de operaciones de fumigación aérea con agrotóxicos – desfoliantes, no se incluyan las Zonas de Reserva Forestal en su conjunto, ni las áreas de cultivos de subsistencia, actividad agropecuaria, vivienda, escuelas; no se establecen procedimientos expresos para que la población sea advertida de modo que no corra el riesgo de recibir la lluvia de químicos y proteja además a los animales domésticos, tal como recomiendan todas las etiquetas de uso de ese tipo de sustancias, incluso en concentraciones del 10% de las que se piensan utilizar.
Habla de consulta previa y por otro lado la desconocen
En un parágrafo el decreto señala que para la aspersión en territorios étnicos debe realizarse la consulta previa y al mismo tiempo se mantienen orientaciones que le niegan capacidad de participación y decisión a los pueblos étnicos reduciendo la consulta a un procedimiento amañado de información y reuniones como antesala de la protocolización unilateral de las determinaciones. Para completar la arbitrariedad se pretende tramitar una ley estatutaria que reduce a nada la consulta previa y a menos de nada el consentimiento previo, libre e informado.
Acción con daño paneada por el Estado
En ese decreto no existen disposiciones que obliguen a las agencias del Estado a ofrecer planes de asistencia humanitaria y sustitución de ingresos a los pequeños cultivadores de coca y otras plantas que fumigarían.
Si cumplieran la meta de fumigar en un año 300.000 hectáreas para lograr la reducción de al menos 100.000 has, eso significaría el desplazamiento de cerca de 50.000 recolectores asalariados y de 30.000 pequeños cultivadores que toman en arriendo parcelas a otros pequeños propietarios o que ocupan de hecho áreas en zonas ambientales y de propiedad indígena o de comunidades negras. Sobre estos impactos graves que afectan a más de 300.000 personas, incluidos infantes y adultos mayores que dependen de esos ingresos, nada dice ese decreto ni las frases generales de otros documentos que hablan de zonas futuro o fantasmagóricos planes de desarrollo territorial que ni siquiera coinciden con los territorios de la guerra química y el hambre inducida por el Estado y las trampas del narcotráfico.
La mentira de las metas y las cifras
La meta de erradicación forzada de este gobierno, mediante método mecánico en tierra o con el uso de aeronaves, es llegar a mediados de 2022 con una reducción de cultivos de más del 50% de la cifra base de 172.000 hectáreas que heredó la administración Duque.
Claro que en esto de cifras ha dominado el misterio y la desinformación, pues el actual gobierno ha dicho que en los últimos dos años los erradicadores dirigidos por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han erradicado a la fuerza más de 250.000 hectáreas, a las que agregan cerca de 18.000 hectáreas erradicadas en pactos concertados de sustitución adicionales a los anteriores a agosto de 2018.
El misterio es que, a pesar de todas esas cifras de erradicación, los últimos informes del Departamento de Estado de los EE.UU. registran más de 200.000 has de cultivos de coca en 2020; la ONUDC por su lado, habla de cifras cercanas a 170.000 has en el informe correspondiente a 2019, sin mucha esperanza de disminución proporcional a los mega anuncios del gobierno.
Todas las fuentes coinciden en que, con todo ese esfuerzo y la incautación anual de 400 toneladas de cocaína, la exportación neta de cocaína de origen colombiano ha seguido aumentando.
Con tanta incoherencia, es muy probable que, si siguen por el camino de la erradicación forzada y el desconocimiento de la prioridad a los planes de sustitución concertada, por el camino de reducir recursos y ritmos a la reforma rural integral, este gobierno sea poco lo que haga en la lucha contra el problema de la droga y si mucho en militarización de territorios.
Si se miran los planes de bases militares de apoyo a la aspersión aérea y la distribución de esfuerzos y presupuestos, lo que queda claro es que la nueva ola de guerra a las drogas, con erradicación forzada y fumigación aérea, es más una estrategia de control territorial, poblacional y de seguridad nacional, que una política de desarticulación de las mafias del narcotráfico.
