La viabilidad de una nueva papeleta por la paz depende sobre todo de la amplitud de la alianza que la convoque y de los acuerdos que se logren con los partidos representados en el Consejo Electoral, incluidos los de la coalición de gobierno.
En agosto de 2007, con el respaldo de centenares de organizaciones ciudadanas y de los partidos Conservador, Liberal, Polo Democrático, Alianza Social Indígena y lideres de otros grupos, se le solicitó al Consejo Nacional Electoral colaborar para disponer en las mesas de votación del 28 de octubre del mismo año una papeleta de exhortación a la paz y a la libertad con un procedimiento similar al que permitió en 1997 el voto de 10 millones de colombianos por el Mandato por la Paz. Después de dilaciones y tomaduras de pelo, en una comunicación de pobreza jurídica y mental inaudita, respondieron que no se podía repetir lo de 1997 porque ese procedimiento no estaba previsto en los mecanismos de reforma de la constitución.
Ahora que desde el movimiento de Colombianos por la Paz se vuelve a promover la idea de un voto por la paz es bueno recordar que la figura del mandato ciudadano llevó a pronunciamientos de la Corte Constitucional que la validaron como materialización del derecho a la participación. La Corte Constitucional, en la sentencia C – 339 de 1998 determinó el alcance del Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y La Libertad de 1997, indicando que se trataba de “una exhortación del pueblo a los órganos del poder y a los ciudadanos para que conformen su acción y su conducta a los principios políticos consagrados en el Preámbulo y muy específicamente a la directriz contenida en el artículo 22, que prescribe: ‘La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento’”. Lo anterior se reitera al señalar que el citado Mandato es “un llamado reiterativo a que la normatividad superior se haga derecho en acción” y, en consecuencia “no es una norma jurídica y, mucho menos, puede considerarse como un acto reformatorio de la Constitución”.
Así que la viabilidad de una nueva papeleta por la paz depende sobre todo de la amplitud de la alianza que la convoque y de los acuerdos que se logren con los partidos representados en el Consejo Electoral, incluidos los de la coalición de gobierno. Cuando el Mandato de 1997 el gobierno emitió un decreto de respaldo a la iniciativa civil, destacando su carácter autónomo y no gubernamental, y le ordenó a la Registraduría disponer lo necesario. Esta actuación fue calificada positivamente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Se necesitó el concurso del gobierno para ofrecer garantías a esta modalidad de pronunciamiento ciudadano sin apropiarse de su convocatoria. Así que no fue extraño que la oposición de Luis Carlos Restrepo a respaldar la iniciativa en 2007 fuera otra señal a los consejeros electorales para frustrar el nuevo ejercicio participativo.
Dados los antecedentes y la euforia de los proyectos de guerra, es poco probable que el gobierno facilite este tipo de ejercicio y le de los recursos que requeriría la Registraduría. A pesar de ello vale la pena intentar un acuerdo, construir la más amplia alianza de convocantes y si Colombianos por la Paz, la Comisión de Conciliación Nacional, candidatos pacifistas y otros posibles promotores, acuerdan emprender esta campaña, tendrían que estar decididos a llevar esa papeleta a las urnas incluso sin el aval oficial y bajo la modalidad que ya se experimentó con la “papeleta de los estudiantes” que abrió el camino en 1991 a la Constituyente sin pedir permiso. A la contrareforma desde el ejecutivo con su golpe de opinión, se le opondría la insubordinación ciudadana desde la democracia en acción. Amén.