Por: José Antequera
La decisión del Consejo de Estado sobre la personería jurídica de la Unión Patriótica, es un elemento trascendental para el avance de la reparación política de este movimiento. Más allá, tiene que ser una alerta para que la memoria interpele a los responsables del proceso de la Habana, a las élites gobernantes y la sociedad en general, sobre la deuda histórica con la democracia y la paz que se mantiene vigente.
Lo primero es aclarar que la decisión no es una medida de reparación. El Consejo Nacional Electoral había decidido quitarle la personería jurídica a la UP, aplicando una norma que regula el evento de que se presente un partido a elecciones y no alcance un número suficiente de votos para mantener la personería. Pero la ley no contempla, porque se supone imposible en un Estado democrático, la eventualidad de que un partido no se presente a la contienda electoral por el asesinato sistemático de sus militantes. Así, lo que hizo el Consejo de Estado fue llenar un vacío jurídico y decidir que en la realidad no regulada de un genocidio que impide la participación electoral no procede la pérdida de la personería jurídica.
El gran valor que tiene la decisión es que plantea una línea de conducta como imperativo desde el Estado frente a la UP: el reconocimiento del genocidio y de la necesidad de una política consecuente, lo que implica la proyección de una de reparación política. Por eso significa un paso muy importante, pero también significa un llamado claro sobre la injusticia que se mantiene.
Son muchos los sectores que quieren escribir una historia donde reconocen el exterminio (faltaba más que lo negaran), pero que insisten en posicionar la tesis de que la responsabilidad del mismo fue del propio proyecto de la UP y de las FARC, por la famosa combinación de las formas de lucha. Su preocupación no es la verdad histórica, o el supuesto homenaje que quieren hacerles a los voceros que nunca militaron en las FARC y debatieron con ellas sobre la paz y la guerra. En sus tiempos, como a Bernardo Jaramillo, también les pusieron la lápida, como ocurre ahora con quienes representan a los campesinos y a los movimientos sociales, sin haber sido jamás combatientes. Lo que les preocupa es el uso público de la memoria en el presente para ganar una guerra que, como antes, siempre dice ser contra las FARC, pero se la cobran a la población.
Lo que pasó con la UP sigue pasando. El genocidio político es una traición a la promesa de apertura democrática por el costo que tiene para el establecimiento colombiano tener una política de paz coherente. Llevan casi 41 años intentando políticas que les abren la caja de pandora de los conflictos sociales y políticos, que son el fondo del asunto. La cierran para despejar el camino (ahí se agudizan las masacres y las desapariciones), para intentar abrirlas de nuevo, a ver si algún día les sale la fórmula que esperan que es el silencio de los campesinos, cafeteros, mineros, estudiantes, etc. Necesitan convertir en una guerra velada la realidad del conflicto social, para darle tratamiento represivo a lo que tendrían que resolver con cambios. Y ahí si que la pagan duro los que no agarraron fusiles.
Esa situación está vivita en Colombia, y tiene que resolverse con un compromiso nacional por la no repetición; cada muerto de la UP, conforma un espejo ético de la patria, sobre la que deberá edificarse la paz que nos debemos.
El espejo pregunta: A los responsables del proceso de la Habana, ¿cuál es el compromiso con la verdad, la apertura democrática y las garantías políticas, para que lo de la UP no se repita? Al Estado colombiano, ¿por qué seguir aplazando la reparación política, si el país entero reconoce el genocidio? ¿Por qué no demostrar el poder recuperando la coherencia? Y a la sociedad Colombiana toda, ¿cuándo dejaremos de aceptar la acusación a un ciudadano como subversivo como una verdad indiscutible que autoriza su asesinato?
Jose Antequera Guzmán