CNGS – sesión del 21 de octubre de 2020
En más de 2 años largos de gobierno las medidas asumidas por el Poder Ejecutivo han sido insuficientes o ineficaces para sostener los logros alcanzados por el Acuerdo Final de Paz, de noviembre de 2016, prevenir la continuidad de la violencia estructural de carácter social contra lideresas y líderes locales, excombatientes e integrantes de la oposición social y política en los territorios.
Ante el requerimiento por parte de la Jurisdicción Especial para la paz del establecimiento de unas política pública eficaz, que parta de las obligaciones de los mandatarios frente a la vida y la integridad de las y los ciudadanos, de las implicaciones del Acuerdo de paz y la necesidad de actuar preventivamente en cuanto al despliegue e implementación del mismo en todo lo que corresponde a la responsabilidad del Estado, tarea de la Comisión Nacional de garantías de seguridad se ha visto limitada, subestimada, postergada y solo ante la presión de la JEP ha podido, tardíamente, el necesario e irremplazable esfuerzo por avanzar en dichos lineamientos de política pública.
Estamos ante una situación límite en materia de violencia Ha crecido el número de asesinatos y de masacres, se ha incrementado dolorosamente el feminidio, han crecido las muertes de jóvenes y el polémico debate sobre las tribuciones a la policía en el uso de armamento no letal y/o letal en el manejo del orden público. la Corte Suprema de Justicia ha recomendado al respecto orientaciones normativas que garanticen la expresión de la inconformidad ciudadana.
La eliminación de excombatientes firmantes del acuerdo final de paz, que es un compromiso del Estado y la sociedad colombiana ante el mundo y ante la historia, ha tomado cauces de extrema gravedad. Se requieren medidas cautelares de protección integral a los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la paz, asegurar garantías de reincorporación con enfoque territorial, de género y étnico; contribuir con medidas que frenen la estigmatización a ex combatientes, avanzar en medidas para superar la impunidad y contribuir al desmantelamiento de organizaciones sucesoras del paramilitarismo que actúan cada vez más abiertamente. Son necesarios pasos creibles en garantías de no repetición.
Como expertos convocados a contribuir con patriotismo y compromiso con la paz de las y los colombianos creemos indispensable tomar medidas inmediatas para frenar el baño de sangre que tiene las características de un genocidio continuado y extendido, con nuevos patrones de criminalidad en proceso de degradación e inhumanidad, que transcurre en medio de una pandemia cruel que agrava la situación.
En tal sentido se hace necesario:
- Dar seguimiento al sistema de alertas tempranas y a las decisiones que permitan la eficacia del papel del Estado en las regiones críticas;
- Reemplazar a los funcionarios de la fuerza pública que hayan incurrido en condictas ilegales, en aquellos lugares militarizados donde sin embargo se están presentando. situaciones de alta peligrosidad;
- Suspender la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, la expulsión de poblaciones, la fumigación con glifosato y retomar el papel de PNIS;
- Mejorar las medidas de protección para los ex combatientes comparecientes y en proceso de incorporación con los enfoques previstos de género étnico y territorial;
- Una recomendación excepcional a raíz de los crímenes de las últimas horas de dirigente de la oposición de izquierda en Campoalegre, Huila, y en el departamento del Cauca la exigencia de garantías electorales a menos de un año y medio de elecciones generales en el país;
- El cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, su plena y sistemática implementación, sin restricciones ni excusas.
- Definición de cronogramas y medios para el funcionamiento regular de las instancias creadas a partir del AFP para dar un impulso a planes concretos de garantías de seguridad. En particular la CSIVI, CNGS y mecanismos de apoyo a la implementación y a la seguridad de los excombatientes.
- Acuerdo nacional para sacar las armas y la estigmatización de la política y la vida social, encabezado por todos los integrantes de la CNGS, partidos políticos, gremios empresariales, medios de comunicación masiva, integrantes del Consejo Nacional de Paz, entre otros. Designación de un comité especial de la CNGS para poner en marcha el Acuerdo y el plan de su implementación.
- Directiva gubernamental de apoyo al tramite urgente de los proyectos de ley de implementación del acuerdo final de paz, en especial los que fortalecen los instrumentos para el desmantelamiento de grupos y conductas criminales que atentan contra la implementación de los acuerdos de paz y contra la vida e integridad de líderes y personas defensoras de los derechos humanos.
- Incremento sustancial del presupuesto 2021 y 2022, con respecto a lo asignado en 2019, para la implementación de los acuerdos de paz; incluidos la RRI, PNIS, SIVJRGNR y programas de reincorporación. Designación de un comité de la CNGS, con participación de integrantes de sociedad civil, para revisar este tema con el Ministerio de Hacienda, DNP y comisiones del Congreso de la República.
- Realización de sesión extraordinaria de la CNGS para evaluar los informes sobre las medidas de seguridad en las regiones con situaciones críticas de asesinatos, amenazas, desplazamiento forzado y presencia crónica de grupos armados ilegales. Definición de recomendaciones para mayor efectividad en la protección de las poblaciones, liderazgos y excombatientes.
- Adopción de un plan preventivo de garantías de seguridad para líderes, lideresas, excombatientes, que incluya medidas pedagógicas al interior de la Fuerza Pública sobre la importancia de los acuerdos de paz, la no estigmatización, respeto a los derechos humanos, lucha contra la corrupción, aplicación de estrictos controles internos, y respeto al derecho a la protesta social.
234 exguerrilleros asesinados, desde la firma del Acuerdo FP.
176 excombatientes desde el inicio de la actual administración.
62 tentativas de homicidios
18 desapariciones forzadas
180 amenazas
67 masacres en 2020 con 270 víctimas;
52 excombatientes en proceso de reincorporación asesinados este año para completar 235 desde la firma del acuerdo de paz; desde esa fecha a octubre de 2020 han asesinado a 1038 defensores de derechos humanos.
