En voz baja, en el Ministerio de Agricultura avanza en la arquitectura de la nueva institucionalidad estatal en materia de tierras, con la que será eliminado el Incoder para crear el Fondo de Desarrollo Rural y la Autoridad Nacional de Tierras. La propuesta está tan avanzada que el presidente Juan Manuel Santos firmaría los decretos reglamentarios a más tardar el 8 de diciembre. No obstante, las consultas a los grupos étnicos que obliga la ley no se han hecho de forma adecuada y la Mesa Permanente de Concertación Indígena (MPCI).
El asunto es así, el Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 102, le dio facultades extraordinarias al presidente Santos para “durante un período de seis meses, suprimir o escindir las entidades del sector agropecuario encargadas de ejecutar la política de tierras y desarrollo rural, y de crear las nuevas instituciones necesarias para asumir estas funciones”.
Esa tarea fue encomendada al ministro de Agricultura que para cumplir con el requisito de consultar a los indígenas, envió a la MPCI un escueto documento de diez páginas en el que no son claras las implicaciones de la reforma.
Como era de esperarse la Mesa Permanente de Concertación Indígena rechazó la propuesta “no tiene presentación que nos envíen un documento, y no nos entreguen la el borrador de la ley y el organigrama de la institucionalidad”, señalan en un documento en el que además advierten que de no conocer el documento completo presentarán una demanda ante la Corte Constitucional.
Aunque el Gobierno y la MPCI reconocen que el Incoder es una entidad ineficiente, que no cuenta con la infraestructura y es incapaz de asumir las responsabilidades en materia de tierras, desarrollo rural, pesca, agricultura y adecuación de tierras. Para el Ministerio, al parecer, se trata de un asunto de composición de la estructura de la Autoridad Nacional de Tierras y garantizar un espacio para los grupos étnicos.
Por el contrario, el asunto es más de fondo y así se lo ha hecho saber la MPCI al ministerio al señalar que se trata de equidad. Por eso proponen una comisión de 15 delegados con intereses legítimos pero que la composición sea equilibrada.
Se trata de derechos adquiridos, pues la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha ratificado la obligatoriedad de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de indígenas y afros.
Un asunto que no es de poca monta, pues la nueva institucionalidad tendrá la posibilidad de adquirir, expropiar y adjudicar tierras para la expropiación agrícola. Asunto que va de la mano con la creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) que fue aprobada esta semana en tercer debate en el Senado y que los congresistas de la oposición la han calificado como una estrategia para legalizar la acumulación de baldíos por parte de grandes empresas nacionales y extranjeras.