A pocos días de que se cumplan cuatro años de la emisión del Decreto Ley 4633 de 2010, que dicta medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos indígenas, el balance es muy pobre y el incumplimiento del Gobierno se hace evidente.
Así lo manifiesta el Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Luis Fernando Arias, en un documento, conocido por Indepaz, donde pone sobre el tapete la problemática de estos grupos étnicos y la falta de soluciones por parte del Gobierno.
Las cifras hablan por sí solas, hasta el momento, en lo referente a derechos territoriales de los pueblos indígenas solo se han presentado 129 casos susceptibles de restitución de tierras; la Unidad de Restitución de Tierras ha presentado, en cuatro años, solo tres medidas cautelares, cinco demandas, de las cuales solo se ha dado un fallo, pero no se ha cumplido de forma adecuada.
Uno de los aspectos que llama la atención, es que los argumentos que se han presentado para justificar el incumplimiento son: que no hay presupuesto para el enfoque diferencial de reparación a víctimas indígenas, el desconocimiento de los funcionarios y la carencia de una institucionalidad adecuada para la atención.
Este asunto fue objeto de debate en el Senado y a juicio de la ONIC las respuestas del Gobierno, dadas por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y la directora de la Unidad de Atención a Víctimas, Paula Gaviria, mostraron “un ejercicio poco claro y antiético”, pues argumentaron que para 2014 se habían destinado más de $57 mil millones y para 2015 un monto de $55.473 millones para inversión en los pueblos indígenas.
Esta versión es desmentida por la ONIC, pues el 72% de estos recursos fueron destinados al Incoder que los invirtió en “ampliación, construcción y saneamiento de resguardos”. Es decir, son recursos que debe invertir el Incoder dentro de sus funciones legales y nada tienen que ver con el objeto específico de atender a las víctimas de los pueblos indígenas.
Pero no es la única desinformación que presentó el ministro Cárdenas en el debate donde también argumentó que el rubro destinado en el Sistema General de Participaciones para salud y educación iba destinado también para reparación de indígenas víctimas. Esto, argumenta la ONIC, son recursos con destinación específica, manejados por los entes territoriales, que son para atender a toda la población colombiana por lo tanto no se pueden hacer cálculos antiéticos para inflar las cifras.
Se trata entonces de una ilusión estadística. Como también lo documenta el consejero Luis Fernando Arias, al agregar que “las cifras presentadas en el debate corresponden a un estimativo basado en el recurso asignado para la atención de víctimas, ponderado por el porcentaje de población indígena que tiene el DANE de acuerdo con el censo de 2005”.
Las cuentas son claras, se habla por parte del Gobierno de un promedio de inversión de $6 billones anuales, en total 24 desde 2012. Los pueblos indígenas son el 12% de las víctimas del conflicto en el país y la Unidad de Víctimas afirma que $100.000 millones es una cifra muy importante, pero esto solo representa el %0.04 de este monto. Una cifra que resulta irrisoria.
Así las cosas, es claro, y ese es el mensaje que envían desde la ONIC al gobierno, no se ve disposición de reparar a las víctimas indígenas y al paso que avanzan no se cumplirán los compromisos. Asunto que resulta preocupante pues es claro que en el conflicto colombiano quienes han vivido en medio del fuego cruzado en las zonas de combate son los pueblos indígenas.
