Por: Camilo González Posso
Las FARC y el Centro Democrático se oponen a la iniciativa de aprobar como figura excepcional un plebiscito de refrendación del acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Los primeros porque no se ha tratado en la mesa y los segundos porque lo consideran anticonstitucional y antidemocrático. A pesar de esas objeciones, el proyecto de ley estatutaria fue aprobado en primera vuelta y tendrá su aprobación definitiva antes del 16 de diciembre.
Si lo que se quiere es un voto popular que le dé respaldo a lo que se pacte en La Habana, el Plebiscito de Refrendación está hecho a la medida y no hay otra fórmula mejor a la vista. El pueblo soberano podrá decir sí o no a un texto breve como este: Refrendo con mi voto los acuerdos para la terminación del conflicto y la construcción de una paz duradera y estable que han firmado el Presidente de la República, sus delegados y los representantes de las FARC –EP para que sean implementados en su totalidad, respetando sus contenidos, la Constitución y la Ley.
Como dice el artículo 4 del proyecto de ley, el Plebiscito de Paz es vinculante, pues con este voto aprobatorio el pueblo valida los acuerdos y le ordena a todas las instituciones y a la sociedad su real aplicación.
En el proyecto metieron un misterioso requisito de tener al menos el 13% del censo electoral para que el plebiscito se considere aprobado (4,5 millones de votos), pero es probable que prime la sensatez sobre los enredos de seudolegitimación y se vuelva a la idea original de aprobación del Plebiscito de Paz con el voto de la mayoría simple de los que concurran a las urnas. El reto será lograr más votos que para presidente de la República y derrotar a quienes se oponen a las negociaciones de paz con cualquier argumento.
Pero esa refrendación no es garantía de la implementación de los acuerdos. En cada uno de los puntos hay fórmulas que para volverse realidad requieren reformas constitucionales y legales, y sobre todo presupuesto y mecanismos concretos para que se lleven a la práctica. En el plan del gobierno, que aún no ha sido discutido en la mesa pero ya está en marcha, la Comisión Legislativa Especial (incluida en el denominado Acto Legislativo para la Paz) se encargará del trámite veloz de las reformas que sean necesarias según dicte el Presidente de la República. Luego se tendrán que inventar otras medidas para que no queden a medias o se conviertan en letra muerta, como le pasó a tanto mandato de la Asamblea Constituyente de 1991 que nunca se cumplió.
Para mayor claridad y seguridad de todo el diseño, es urgente que la mesa de negociaciones en La Habana se ocupe del tema que es parte de lo que se ha llamado el Fin del Conflicto. No es bueno entregarle a la sociedad remedios gota a gota decididos unilateralmente por el gobierno y las instituciones implicadas (Congreso, partidos, cortes).
El paquete de refrendación, implementación, verificación y garantías de cumplimiento de los pactos debe estar completo en la mesa y a los ojos de todos; así se amarra una cosa con otra. Por ejemplo, el Plebiscito de Refrendación con la ruta de implementación de los acuerdos de justicia y de participación política; la Comisión Especial Legislativa con la iniciativa de reformas concertada con una comisión de la mesa y formas de participación de los compromisarios; la firma del pacto final con un documento obligante ante la comunidad internacional (tipo tratado han dicho los abogados). Y se puede seguir en la lista para mostrar que son piezas de un diseño que deben encajar bien o los buenos deseos unilaterales terminaran en tiempos perdidos.
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