En entrevista concedida al programa ´La Otra Cara’ con Juan Lozano, el director de Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, presentó un balance del X Informe de seguimiento a la presencia de los grupos narcoparamilitares.

El estudio reveló que en 368 municipios del país hay presencia de bandas ‘narcoparamilitares’ que, de acuerdo con el director, están tratando de ingresar en distintas instancias de los gobiernos locales para tratar de apropiarse de las rentas del Estado.

“Son estructuras que tienen complejidad. Son estructuras militares, parapolíticas, de negocios, con violencia, de mafias, que tienen una presencia urbana y rural; que le está haciendo mucho daño a la sociedad”, puntualizó González.

La composición de estos grupos, explicó el director de Indepaz, surgió con mandos medios de organizaciones armadas ilegales que se reagruparon tras la extradición o captura de las cabecillas y con excombatientes o reincidentes a quienes el Estado incumplió con los beneficios de la ley de Justicia y Paz.

Estas organizaciones financian campañas, respaldan candidatos afines a sus intereses y participan en procesos de contratación del Estado puesto que, según dijo, esa es una de las modalidades que encontraron para ´lavar’ el dinero proveniente del narcotráfico.

Advirtió que el fenómeno de las ‘bacrim’ tiene un alto componente de ‘parapolítica’ pues desarrolla alianzas con las autoridades locales para lograr relaciones de complicidad que les permitan presentarse ante la comunidad como si fueran “un par del Estado”.

De ahí que, para él, es necesario redefinir la estrategia del Gobierno frente a los narcoparamilitares dado que “no puede ser un asunto del posconflicto”. Esto, entre otras razones, porque esas organizaciones cooptan instancias del Estado, corrompen unidades de la fuerza pública y que requieren de esa relación para ganar poder.

Finalmente, González señaló que estas organizaciones tienen estrechas relaciones con carteles de droga internacionales como el ‘Cartel de Sinaloa’ de México que tienen presencia en el territorio; hecho que debe tenerse en cuenta al momento de implementar un acuerdo de paz con la Farc.