Respuestas de Camilo González Posso – presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ – noviembre de 2021

¿Cuáles son los logros políticos más importantes que como sociedad hemos obtenido en estos 5 años del Acuerdo de Paz?

• Se ha pasado de una situación de guerra en la primera década de este siglo a una fase de post acuerdo en la cual persisten conflictos armados focalizados subregionales y violencias redefinidas. Si se compara la situación actual con la de antes de las negociaciones de paz o antes de 2017, se observa que han disminuido todos los indicadores de agresión y muerte por violación de las normas del DIH. El número total de víctimas al año ha caído de 540.000 en 2008 a 280.00 en 2014 y a menos de 100.000 en el 2020. Los homicidios de persona protegida en razón del conflicto armado han caído a menos de 1000 personas al año desde 2016 y en los últimos años a menos de 600. Desde 2017 a 2020 se ha registrado un aumento del asesinato de líderes, excombatientes y personas defensoras de la paz, aumento de agresiones y desplazamiento masivo que no tienen el nivel de antes del acuerdo de paz pero que en todo caso constituyen una amenaza para su implementación. (Ver datos en anexo y en https://indepaz.org.co/cinco-anos-de-acuerdos-de-paz-transicion-a-la-paz-o-recomposicion-de-violencias/ )
• En la nueva situación la inmensa mayoría de la población colombiana rechaza la guerra y el uso de las armas para afrontar conflictos políticos o disputas por negocios legales o ilegales. Es un hecho relevante que la reducción de la confrontación bélica ha facilitado un proceso pacífico de recomposición social y política con reemergencia de grandes movilizaciones reivindicativas, por la paz, la democracia y transformaciones estructurales como las ocurridas entre 2017 y 2021.
• El Acuerdo de Paz está vigente a pesar de la implementación parcial, de la oposición guerrerista que ha manipulado para frenarlo, desvirtuarlo, minimizarlo o sustituirlo. En medio de una transición traumática ese acuerdo sigue vivo en tanto programa hacia la paz y porque se avanzó en la formalización constitucional y legal durante el fast track y con pocas pero importantes iniciativas en los últimos tres años como la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Comisión de la Verdad y de las circunscripciones electorales que intentaron sabotear desde el gobierno; se llevó a cabo la dejación de armas y el cumplimiento de la reincorporación modificó de manera irreversible y con impacto histórico la situación de guerras en Colombia y abrió el camino a la transición al postconflicto; desde un ejercicio participativo se mantiene la presión para el cumplimiento de planes de desarrollo territorial y se ha puesto en marcha el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y sus pilares.

Hay que destacar como un logro clave que la implementación del acuerdo final de paz cuenta con excepcional respaldo internacional encabezado por las NNUU y su consejo de seguridad y por países del mundo que colaboran activamente para la transición al postconflicto.

¿Cuales son las principales fallas en la implementación del Acuerdo de Paz en estos 5 años?

• La primera falla se desprende del pacto realizado con el uribismo por parte de sectores que habían apoyado el Acuerdo del Colón y pasaron a promover la candidatura de Iván Duque en la segunda vuelta de las presidenciales en 2018. Ese pacto se basó en la prioridad que dieron desde Cambio Radical, Partido de la U y el oficialismo liberal a la tarea de atajar al candidato del centro izquierda a riesgo de la sustitución del texto del Acuerdo. Sin ese respaldo de última hora no habría triunfado Iván Duque ni se habría impuesto lo que la nueva administración llamó Paz con Legalidad que significa un recorte al acuerdo del Colón en los contenidos de ampliación democrática y reformas sociales y rurales, tal como se consagró en el Plan de Desarrollo 2018 – 2026.
• En desarrollo de ese nuevo pacto del régimen se han bloqueado transformaciones centrales de lo acordado como reforma rural integral, no se ha cumplido con la entrega de tierras, ni con la aprobación de las zonas de reserva campesina, ni con el fortalecimiento de la economía campesina y étnica; estas y otras falencias, incluidas las asimetrías en el manejo de la pandemia y la crisis generalizada,  se reflejan en que en estos 5 años no hay mejoría en los indicadores de desarrollo humano en las zonas más impactadas por la historia de violencias y guerras. (Datos en anexo y en www.indepaz.org.co)
• En la misma dinámica de incumplimiento se congeló y desvirtuó el programa de sustitución concertada de cultivos de uso ilícito y se dio prioridad a relanzar la guerra al narcotráfico y la erradicación forzada militar. En el conjunto de la política sobre drogas se ha dejado de lado la necesidad de un nuevo enfoque y por el contrario se ha permitido que se reproduzca el narcotráfico con expansión del tráfico, el lavado de activos y la persistencia de la incidencia de sus redes en muchos niveles de la política y del Estado.
• Además, se mantuvo la estigmatización desde la cúpula del partido de gobierno que mantiene la oposición a la justicia transicional y a lo central del acuerdo calificado por ellos como ilegítimo. La oposición a las reformas de ampliación democrática ha sido permanente desde el gobierno, como se vio en el bloqueo por dos años a la circunscripción especial para la paz, en la negativa al trámite de la reforma política y electoral de desmonte del clientelismo y la corrupción. El capitulo étnico del Acuerdo del Colón sigue sin resultados significativos y lo relativo al enfoque de genero avanza sólo en la fase de concertación de políticas.
• Las garantías de seguridad para el ejercicio político y la construcción de paz con pleno respeto a los derechos humanos no han contado con las políticas y planes de acción con la capacidad suficiente para proteger a los líderes sociales y a los excombatientes en proceso de reincorporación. La no implementación integral del acuerdo de paz ha permitido la recomposición de grupos armados con impacto reiterado en 250 municipios, la persistencia del paramilitarismo y de los métodos violentos de apropiación de riquezas, rentas ilícitas y poderes en zonas en disputa. (ver https://indepaz.org.co/los-focos-del-conflicto-en-colombia/ )

¿Pero la persistencia de confrontaciones armadas, violencias y asesinatos no indican el fracaso de la paz y el regreso o continuidad de la guerra?

• Los logros y dificultades en estos 5 años de transición traumática no significan ni el fracaso del acuerdo de paz ni el retorno de otro ciclo de guerra. Colombia está en una encrucijada en la que lo dominante es la oportunidad de pasar a una etapa histórica sin guerra, ni conflictos armados por insurgencia y contrainsurgencia. En estos años se han fortalecido más las fuerzas propaz y contra la solución militar, en medio de grandes contradicciones y presiones desde sectores de ultra derecha que fueron hegemónicos en la contrainsurgencia y el paramilitarismo y continúan con influencia en la cúpula del poder económico y político. Encuestas, resultados electorales y dinámicas de movilización y protesta de millones de colombianos defensores de la paz muestran que hoy pesa más la posibilidad de la paz que el regreso a la guerra.
• Hay que tener en cuenta que con el acuerdo de paz se lograron compromisos de Estado para promover transformaciones hacia el postconflicto, pero el camino de la transición ha sido de nuevas conflictividades y ejecuciones parciales en la implementación de los acuerdos. Las causas estructurales de la violencia no han sido superadas y se reciclan en lo local y en poderes nacionales.
• La violencia armada persiste en subregiones en las cuales se enfrentan poderes por el control territorial, poblacional, de rentas legales e ilegales y por megaproyectos. Lo nuevo en esas subregiones después del acuerdo ha sido la emergencia y fortalecimiento de poderes comunitarios que entraron a ejercer funciones de control y defensa del territorio en choque con poderes armados, mafiosos, económicos, políticos.
• La reorganización violenta en cerca de 300 municipios ha estado relacionada con la disputa entre esos poderes que lleva a graves agresiones contra la población cuando entran en choque por el control territorial nuevos actores armados ilegales o legales. Esas disputas armadas se dirigen contra el poder comunitario y étnico, conllevan enfrentamientos oscilatorios entre grupos ilegales narcoparas, disidentes o residuales de las FARC, con el ELN y también con las operaciones de las fuerzas armadas del Estado. La inestabilidad con graves hechos de violencia se prolonga en tanto no se impone un poder sobre los otros y puede pasar por momentos de arreglos territoriales y económicos entre violentos, de hegemonía estatal o de nuevas inestabilidades y escalamientos de violencias. En esa dinámica no lineal inestable se pueden presentar relevos de situaciones críticas entre regiones, con disminución de agresiones y asesinatos en unas como ocurre en Cauca, Antioquia, Nariño, Putumayo en 2021 comparado con el año anterior, y con nuevas expresiones de violencia como el ascenso del desplazamiento forzado en el Chocó, Nariño y la frontera con Venezuela. (ver informe sobre cinco años de asesinatos y masacres en www.indepaz.org.co ).
• La ausencia de programas integrales de desarrollo, democracia, bienestar, la omisión desde el Estado, la no implementación efectiva de los acuerdos de paz y la imposición de nuevas estrategias gubernamentales de guerra son factores decisivos para la persistencia de violencias.

¿Cuáles son los retos más importantes para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz?

• Entre esos retos para la implementación del Acuerdo sobresale la necesidad de reestablecer el consenso político para su implementación integral en sus seis componentes y sus enfoques étnico y de género, logrando que se convierta efectivamente en eje de realización del programa de los gobiernos entre 2022 y 2030, con recursos extraordinarios en los planes de desarrollo y presupuestos plurianuales.
• Además, como se ha señalado al hablar de fallas, se requiere poner en marcha reformas clave que incluyen entrega efectiva de 3 millones de hectáreas a los campesinos y pueblos étnicos en los dos próximos gobiernos, trámite de las Zonas de Reserva Campesina y de soberanía agroalimentaria; revisar los PDETs y las llamadas zonas futuro para garantizar la puesta en marcha de planes de desarrollo territorial cogestionados con las comunidades en las zonas con mayores impactos de violencia armada; planes de ordenamiento territorial ambiental y de uso de los territorios; cumplimiento de los mandatos del capitulo étnico garantizando los derechos territoriales, la autonomía y jurisdicciones especiales, el consentimiento previo y la objeción cultural; puesta en marcha de buena fe de la política sobre drogas y sustitución definida en el punto 4; reforma política y electoral para desarticular al clientelismo, la corrupción y el corporativismo en el Estado; desmantelamiento del narcoparamilitarismo, del complejo paramilitar y de conductas criminales contra la paz, adoptando políticas y planes de garantías de seguridad, avance efectivo en la reparación a las víctimas, en el SIVJRNR y en la reincorporación.
• Se ha destacado la necesidad de que funcionen efectivamente las instancias de coordinación, seguimiento y formulación de políticas y planes creadas por el acuerdo, entre las cuales están las de género y étnica, la Comisión de Seguimiento, Implementación y Verificación, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía, el Consejo Nacional de Paz, las entidades encargadas de coordinar la reincorporación y la protección, el Sistema de Alertas Tempranas, las coordinaciones participativas de los planes de desarrollo territorial y del PNIS.
• La grave situación de violencia en muchas regiones sustenta el llamado urgente a garantizar la vida, integridad y derechos a los lideres y lideresas sociales, de las personas defensoras de DD.HH. excombatientes en proceso de reincorporación, de comunidades y colectivos que defienden sus derechos y trabajan por la democracia y la paz.

Todos estos retos podrán asumirse en la medida en que se multiplique la movilización, organización y participación social y política para la ampliación de la democracia y de transformaciones que permitan un salto en equidad, bienestar social, no violencia y vigencia de los derechos humanos.

Por lo demás, la implementación del acuerdo del Colón reclama reafirmar las obligaciones del Estado y de la sociedad en la realización del derecho a la paz que incluye el impulso de las soluciones políticas a los conflictos con grupos insurgentes como el ELN, con otros menores y con el guerrerismo de ultra derecha.

¿Con qué mensaje se deben conmemorar los 5 años de la Firma del Acuerdo de Paz?

• Reafirmar la urgencia de implementación integral del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 y crear las condiciones para construir un Nuevo Pacto hacia la paz completa de Colombia en el siglo XXI

Nota. Se responden preguntas formuladas en el dialogo promovido por Defendamos la Paz.