Titular de Programa para Colombia, Oficina Sobre Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA) www.wola.org. Corresponsal Especial de Actualidad Étnica.

El día 13 de noviembre el Senador Oscar Suárez Mira convoco una audiencia pública para hacer seguimiento a los 15 años de la implementación de la ley 70 de comunidades negras.

Desde el punto de vista de una observadora internacional, esta audiencia fue muy importante para visibilizar la necesidad de fortalecer los derechos que se encuentran en esta ley innovadora que fue desarrollada como respuesta al movimiento de derechos civiles de las comunidades afrocolombianas.

Hicieron presentaciones líderes afrocolombianos de varios consejos comunitarios y organizaciones afrocolombianas, la ONGs Justicia y Paz y Global Rights y representantes del Gobierno y Congreso Colombiano.

Los ponentes hablaron de los avances y retos en la implementación de la ley 70. Algunos avances incluyeron la titulación de más de 5 millones de hectáreas de tierras a las comunidades afrodescendientes, la creación de los consejos comunitarios y como estos consejos comunitarios han avanzando en la creación de sus planes de vida y manejo de los territorios colectivos.

En términos de problemas, los ponentes expresaron una gran frustración con el Gobierno Nacional y las entidades del Gobierno que representan a las comunidades afrodescendientes.

Se notó que el Gobierno Nacional ignora las propuestas de desarrollo de los consejos comunitarios porque no los integra en sus planes de desarrollo y no financia los proyectos de las comunidades.

Se expresó preocupación porque el Gobierno Colombiano viene impulsando proyectos como el de la palma aceitera en los territorios de los afrodescendientes que se consideran problemáticos,  y no se está respetando el derecho a la Consulta Previa de las comunidades afrodescendientes.

Los ponentes notaron que el decreto 3370, que fue pasado recientemente por el Ministro del Interior, “quiere quitarles la consulta previa” a comunidades afrodescendientes.

Ponentes criticaron la función que viene cumpliendo la Dirección de Asuntos de las Comunidades Negras del Ministerio del Interior por adelantar proyectos sin consultar las comunidades de base.

Igualmente, criticaron que ésta debiera ser una oficina que dependiera directamente de la Presidencia de la República y no ser una dependencia del Ministro del Interior y de Justicia.

Dijeron además que esta oficina debiera estar diseñando políticas públicas con el concurso de las organizaciones y no estar supeditada a lo que digan los funcionarios.

También se notó que en los últimos años varias leyes, como el Estatuto de Desarrollo Rural, han sido adoptadas generando un retroceso para los derechos de las comunidades afrodescendientes.

Hubo énfasis en que los proyectos de desarrollo para las comunidades afrodescendientes tienen que ser concertados con las comunidades afrodescendientes y que la Dirección de Asuntos de las Comunidades Negras del Ministerio del Interior debería apoyar a las comunidades afrodescendientes, e implementar una política pública real y eficaz a favor de las comunidades que se centre en combatir la discriminación racial y promover un desarrollo concertado de las comunidades.

En la audiencia se presentó el proyecto de resistencia civil autónoma para no perder el derecho al territorio y prevenir el desplazamiento de afrodescendientes a las ciudades del Consejo Comunitario de Yurumangui.

Primeramente se dijo que en Buenaventura la situación de derechos humanos de los afrodescendientes es muy grave por los homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos intra-urbanos, y que la mayoría de los casos se quedan en la impunidad.

Debido a ésto y al aumento de intereses nocivos sobre el territorio afrodescendiente, el Consejo Comunitario de Yurumangui tomó la decisión de actuar proactivamente para fortalecerse, intervenir las causas de violencia y desplazamiento, y resistir pacíficamente para preservar el territorio de las comunidades afrodescendientes.

Los habitantes de esta comunidad se opusieron rotundamente a que se implementen monocultivos legales e ilegales en sus territorios. Acerca de la coca, se explicó que este tipo de cultivo no es parte de la cultura afrocolombiana y trae consecuencias muy negativas para ellos.

La coca trae consigo las fumigaciones del Gobierno que afectan la seguridad alimentaria y salud de las comunidades. Estos cultivos hacen que el territorio sea más atractivo para las disputas y estrategias de control de los actores armadas. Todo esto lleva a masacres, violencia y permite la entrada de colonos que ponen en riesgo las prácticas tradicionales de los afrodescendientes.

Toda esta dinámica, la de la coca,  aumenta el riesgo de expropiación del territorio de las comunidades e incrementa problemas sociales como la prostitución y enfermedades conexas, debilita el proceso organizativo de organizaciones locales y los valores culturales de los afrodescendientes.

Parte de la estrategia impulsada por Yurumangui es actuar cuando se detectan cultivos de coca en la zona, aún poniendo sus vidas en alto riesgo para sacar la coca de la zona.

Adicionalmente, se creó una MINGA (trabajo de todos para todos) para educar a las comunidades sobre el peligro que trae la coca, que incluye la distribución de volantes, actos comunitarios como el futbol para consolidar las campanas y charlas de concientización.

Durante el día de la audiencia se mencionaron varios casos graves que afectan a los afrodescendientes en Colombia. Algunos de los casos más relevantes, desde la perspectiva de los EEUU, son la situación de la devolución de tierras en Jiguamiandó y Curvaradó, la  situación laboral de los corteros de caña en Cauca y Valle del Cauca, las violaciones de mujeres afrodescendientes por parte del ejército colombiano y las amenazas contra los líderes y liderazas afrocolombianos.

Acerca de las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, Cacarica (Bajo Atrato) y Naya (Buenaventura), se habló de la necesidad de mantener la identidad socio-cultural de las comunidades y garantizar la ocupación legal de los territorios que estas comunidades han habitado por decenas de años.

Para no desplazarse de los territorios, los consejos comunitarios han desarrollado mecanismos de auto-protección y resistencia como la creación de zonas humanitarias, espacios de refugio y zonas de biodiversidad.

Se notó que existen contradicciones en respuestas a estas situaciones y en las políticas públicas. De un lado, recursos del Gobierno Nacional están detrás del aumento del cultivo de palma aceitera y las actividades de las brigadas del ejército, como la Brigada 3 en el Naya, lo que conlleva el desplazamiento de afrodescendientes de sus territorios.

Del otro lado, la Fiscalía se ha pronunciado acerca de situaciones de ocupación ilegal de tierras como en el Curvaradó y la necesidad de combatir la impunidad. En estos casos, se expusieron los nexos que existen entre empresarios y paramilitares como “Mono Leche”, y otros como Don Berna, extraditado a los EEUU en Mayo 2008.

Los corteros de caña de azúcar afrodescendientes hablaron sobre las condiciones difíciles que encuentran en sus sitios de trabajo, y que llevaron a la protesta que duró más de 55 días.

A pesar de logros obtenidos por los corteros con su protesta, señalaron que todavía falta mucha conciencia sobre su situación a nivel nacional. Por eso, recomendaron mirar de forma profunda el tema de las cooperativas que debilitan los derechos de los corteros de caña y la posibilidad de conseguir contratos directos que les permitan sindicalizarse.

Ellos denunciaron esfuerzos por partes de algunas autoridades colombianas de criminalizar la defensa de los derechos laborales en el país. Los consejos comunitarios de Alto Mira y Frontera presentaron denuncias sobre el aumento de asesinatos políticos de líderes afrodescendientes este año, y amenazas contra sus líderes y habitantes en la zona.

Ellos dijeron que tomaron la decisión de “morir hablando”, en vez de morir en silencio y dejar de visibilizar las injusticias que están sucediendo en sus territorios.

Describieron la situación actual de sus habitantes como una mezcla entre el conflicto armado y el racismo, que lleva a que se violen los derechos básicos de los afrodescendientes.

Pidieron que los ministros del país mejoren las condiciones de servicios básicos en sus comunidades: sólo hay un puesto de salud en la zona y por lo tanto las personas se mueren por falta de atención médica; todavía no tienen agua potable y el acceso a la educación sigue siendo un obstáculo grande.

Los comuneros de los consejos sugirieron que los EEUU le exijan al Gobierno Colombiano que no viole los DDHH de las comunidades y trabaje para que haya igualdad para los Afrodescendientes.

Otro caso de gran preocupación es la situación de los jóvenes en sitios urbanos como Cali, donde muchos afrodescendientes jóvenes están siendo reclutados de forma forzada y donde existen casos de abuso por parte de la fuerza pública, debido al racismo y la discriminación.

Ahí se enfatizó la necesidad de investigar como el Estado Colombiano está viendo el tema de seguridad, cómo se asegura que los jóvenes afrodescendientes no sean tratados como sospechosos o criminales, y que se desarrollen programas reales y efectivos para dar a los jóvenes opciones alternativas al involucramiento con los grupos armados.

Desafortunadamente, la audiencia no contó con la mayor presencia de la Bancada Afrocolombiana. Esto es algo que muchos participantes de la audiencia interpretaron como un signo de su falta de interés de escuchar a las comunidades.

El Director de Asuntos de las Comunidades Negras del Ministerio del Interior expresó el compromiso de resolver las situaciones de disputa sobre territorios, en los casos de Jiguamiandó y Curvaradó, Alto Mira y Frontera, y el compromiso de avanzar para que las comunidades de base tengan mayor participación en las decisiones del Gobierno que las afectan.

Asimismo, defendió el Decreto 3370 como un paso positivo a ese respeto y argumentó que la Comisión Inter-Sectorial es un paso adelante para resolver los problemas de las comunidades.

Muchos líderes de base y de consejos comunitarios expresaron su desacuerdo con esta posición, pues según ellos la Comisión creada por este decreto, y él mismo, debilita los mecanismos de consulta desarrollados con base en la ley 70.

Al comienzo de la audiencia, el Senador López Maya, Presidente de la Comisión de DDHH enfatizó que hay que garantizar el cumplimiento de la ley 70 y que la Comisión de DDHH respalda el fortalecimiento de los derechos de las comunidades étnicas.

El Senador Mira, quien expuso sobre la situación crítica de las comunidades afrodescendientes, expresó que “solo cuando a todos los colombianos se le respeten los derechos”, Colombia será una verdadera democracia.

Él cerró el evento felicitando la valentía de quienes se presentaron en la audiencia y recomendó que se adopte una política de Estado para las comunidades afrodescendientes; que al nivel nacional e internacional se le haga un seguimiento a la ley 70.

La comunidad internacional, en particular los EEUU, debería escuchar las voces de los líderes que se presentaron en el Senado Colombiano, enfocar su apoyo político y financiero a fortalecer los derechos territoriales y humanos de los afrodescendientes y las propuestas de los consejos comunitarios.

EEUU debe cambiar su política anti-narcótica para que no agudice los problemas de los afrodescendientes, y debe apoyar políticamente y con financiación los proyectos innovadores en materia de erradicación de coca como el que se está adelantando en Buenaventura.

El nuevo Gobierno de los EEUU, que comenzará su trabajo en Enero, debe poner fin al inhumano y contraproducente programa de fumigación aéreo e invertir seriamente en el desarrollo rural, incluyendo un desarrollo alternativo diseñado con los consejos comunitarios en zonas donde habitan las comunidades afrocolombianas.

USAID tendría que garantizar que no está apoyando ningún proyecto económico implementado en tierras usurpadas o que fueron obtenidas de forma ilegal o mediante presiones indebidas.

Adicionalmente, EEUU tiene que usar la diplomacia para garantizar que los derechos de los Afrocolombianos se cumplan y Colombia de pasos firmes en el combate a la discriminación racial y protección de líderes y comunidades afrocolombianas.

Deben, los EEUU, seguir insistiendo en el avance de los derechos laborales tales como el derecho a la sindicalización y en garantías laborales según lo estándares internacionales, para como por ejemplo para los corteros de caña de azúcar.

El Departamento de Estado de los EEUU tiene la obligación de asegurar que las autoridades colombianas cumplan el condicionamiento F de la ley de apropiaciones EEUU para recibir el financiamiento militar de ese país.

Los casos mencionados en la audiencia de posibles violaciones de este condicionamiento en Buenaventura, Cali y el Bajo Atrato tendrían que ser investigados por la Embajada EEUU, antes de seguir entregando recursos para la guerra.