Camilo González Posso[1]

Presidente de Indepaz

Bogotá, D.C. diciembre 31 de 2025

Nadie se esperaba que el aumento del salario mínimo legal para 2026 fuera del 23,7%, para elevarlo a dos millones de pesos más prestaciones. Los sindicatos habían pedido 17% y los empresarios subieron al 7% aceptando de hecho que se acercara al 10%. Ante el desacuerdo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales le correspondió al gobierno definir ese aumento y así lo hizo en el sorpresivo decreto firmado este 29 de diciembre.

Una medida como esta se tomó recientemente en Alemania y México, con parámetros distintos, pero con la idea de un choque keynesiano sui generis de inyección a la demanda, no por la vía fiscal sino por la esfera salarial y productiva. El aumento del salario mínimo real en México fue en 2022 mayor del que ahora se está decretando en Colombia y los impactos positivos están a la vista en empleo, productividad, inflación y otras variables económicas y sociales. Cada país ha tenido diferentes reacciones ante esas medidas y Colombia puede tener algunas similares y otras muy distintas e incluso de alto riesgo. Se trata de una medida audaz, novedosa en nuestro medio ultraconservador en materia macroeconómica y acostumbrado a seguir las pautas de los expertos neoliberales o de prudentes técnicos de la economía.

Un modelaje sencillo, realizado con apoyo de IA, muestra que un choque salarial como el adoptado por el presidente Petro, puede tener impactos positivos a corto plazo y encierra riesgos graves después del mes 18, desde julio de 2027. El multiplicador keynesiano es pequeño, del orden de 1,3, por las condiciones de alta informalidad, superior al 55%, alto déficit fiscal, alta indexación con el SMLV, bajo crecimiento de la productividad, fragilidad de microempresas y de pequeños municipios, entre otros.

Así que lo urgente no es dedicarse a criticar la medida salarial sino a colaborar para que se tenga un paquete multidimensional de medidas económicas que permitan afrontar los riesgos y aprovechar la situación para un revolcón mayor alejado de la ortodoxia neoliberal y más cerca al neoestructuralismo latinoamericano y a un crecimiento desde la equidad y la industrialización sostenible del campo y la ciudad, al nivel de la revolución del conocimiento que nos condiciona.  

Como lo confirman los modelos econométricos no es cierto que un aumento del salario mínimo como el definido en Colombia lleve automáticamente a disparar la inflación y el desempleo. La dinámica depende de las medidas complementarias y del conjunto de las políticas económicas. Además, se puede decir que, ceteris paribus, se puede tener una ruta virtuosa o positiva como ha ocurrido en otros países. Entonces el reto es tomar las medidas necesarias y urgentes.

El impacto fiscal agregado cercano al 0,8% del PIB asociado al gran aumento del salario mínimo es un contrapeso al impulso del crecimiento económico y de la equidad que puede ser de 1% adicional en el PIB. Esto se puede contrarrestar con medidas especiales para aumentar el recaudo, golpear la corrupción, tributación en la emergencia económica que compense el hueco que dejó el Congreso al no aprobar el ajuste tributario.

Son varias las medidas antiinflacionarias que están en el repertorio de gobierno y son recomendadas por los expertos serios. Entre ellas el relanzamiento del plan de fomento a la producción de alimentos, en línea con la Ley aprobada en el Congreso, con créditos blandos, abaratamiento de insumos ampliación de compras públicas, entre otras. El presidente Petro ha insistido en que el Banco de la República debe seguir la senda de disminución de la tasa de interés, así sea muy gradual, y de buscar opciones al dogmatismo contraccionista.

Para proteger el empleo y frenar presiones de crecimiento de la informalidad se han venido tomando medidas que en la nueva situación se pueden radicalizar. Además de los instrumentos monetarios y crediticios, se han identificado iniciativas de reducción de costos para las pequeñas y medianas empresas, subsidios para microempresas y para empleo joven, medidas transitorias de disminución de costos no salariales y parafiscales para nuevo empleo formal, etc.

No se olvida el papel motor que está llamada a cumplir la inversión pública y por lo tanto la necesidad de acelerar la ejecución de obras en curso, ya contratadas o con presupuestos garantizados. Por la alta sensibilidad e impacto se ha indicado la prioridad para los municipios de categoría 5 y 6, inversiones con alta utilización de mano de obra y efectividad en la ejecución de los recursos de transferencias, regalías y otras fuentes especiales.

A estos ejemplos de medidas anticíclicas, y de complemento del Choque keynesiano de expansión, se pueden agregar otros esenciales que apuntan al aumento de la productividad y que se alinean con un modelo socio económico ambientalmente coherente y solidario. Lo que intento mostrar es que sí es posible vislumbrar un devenir en contravía del neoliberalismo y del gradualismo conservador. Se puede imaginar un escenario inmediato en el cual todos ganan cuando se parte de la equidad y de un mejor reparto del valor agregado nacional.

Este reto que trae el aumento sustancial del salario mínimo exige pensar y ejecutar medidas que desde hoy marcan varios años y por lo tanto las decisiones del próximo gobierno. Por eso es importante que se creen espacios de concertación para llegar a un pacto para la equidad y el salto económico. En lo inmediato ese pacto puede dar bases a un CONPES y al tiempo ayudar a definir unos acuerdos básicos de convergencia entre sectores sociales, empresarios, partidos y candidatos.  Ojalá el cortoplacismo y la estigmatización no ahoguen la oportunidad.

[1] Magister en Economía