No es un nuevo ciclo: es el estertor de una violencia que nunca terminó
Leonardo González Perafán
Director de Indepaz
Cada cierto tiempo Colombia intenta explicarse a sí misma a través de una frase. Hoy algunos profesores y académicos insisten en que el país atraviesa un “nuevo ciclo de violencia”. La idea suele organizar la historia reciente en tres momentos: un primer ciclo asociado a La Violencia de mediados del siglo pasado; un segundo marcado por la expansión guerrillera, la contrainsurgencia estatal y el paramilitarismo; y un supuesto tercer ciclo que surgiría después del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC.
La interpretación parece útil porque ayuda a ordenar períodos históricos y resume la sensación de deterioro que viven muchas regiones: asesinatos, desplazamientos, confinamientos, extorsiones y control armado sobre la población. Pero también puede conducir a una lectura equivocada.
Nuestra impresión es otra: lo que vive hoy Colombia no es el inicio de un nuevo ciclo, sino el estertor o el residuo degradado del ciclo anterior. Es decir, de la larga violencia política y armada que tomó forma durante la expansión guerrillera, la guerra contrainsurgente y el paramilitarismo, y que no logró cerrarse completamente.
No estamos regresando exactamente a los años noventa ni a la guerra de grandes estructuras armadas con proyectos políticos nacionales claramente definidos. Lo que estamos viendo es la transformación degradada de esa misma violencia. Muchas de las antiguas estructuras desaparecieron, otras se reciclaron y varias mutaron hacia formas más fragmentadas, menos ideológicas y más ligadas a economías ilegales y control territorial.
Por eso hoy existen territorios donde ya no hay grandes confrontaciones permanentes, pero sí múltiples actores armados y redes criminales disputándose corredores estratégicos, rentas ilegales y control social sobre las comunidades.
La violencia también cambió de forma. Ya no depende necesariamente de grandes mandos unificados o de ocupaciones militares permanentes. Hoy predominan grupos fragmentados, alianzas temporales y redes criminales flexibles que ejercen control mediante amenazas, extorsión, sicariato y regulación de la vida cotidiana. En algunos lugares basta una mezcla de miedo, economías ilegales y control social para disciplinar comunidades enteras.
Eso hace que esta etapa pueda ser incluso más peligrosa para la población civil. La fragmentación dificulta identificar responsables, construir acuerdos humanitarios y proteger efectivamente a las comunidades. En muchos territorios conviven disidencias, bandas locales, estructuras narcotraficantes y redes ligadas a economías ilegales, mientras la población queda atrapada entre amenazas y silencios forzados.
Por eso es un error decir simplemente que “la violencia volvió”, como si hubiera desaparecido alguna vez. Muchos de los factores que alimentaron el conflicto siguen intactos: abandono estatal, desigualdad territorial, corrupción local, economías ilegales y una implementación incompleta del Acuerdo de Paz.
Pero reconocer esto tampoco significa cerrar la puerta a la paz dialogada. Al contrario. Si algo demuestra la experiencia colombiana es que las violencias prolongadas no se resuelven únicamente desde respuestas militares o de seguridad. La implementación integral del Acuerdo de Paz sigue siendo fundamental, especialmente en los territorios donde nunca llegaron plenamente las transformaciones prometidas: presencia integral del Estado, acceso a derechos, infraestructura, justicia y oportunidades económicas legales.
Al mismo tiempo, sería ingenuo pensar que el Acuerdo resolvería por sí solo la criminalidad organizada y las redes transnacionales que hoy operan alrededor del narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Esos fenómenos representan desafíos nuevos para el Estado y requieren capacidades distintas: lecturas y políticas nuevas a contextos nuevos, fortalecimiento de la investigación financiera en la fiscalía, lucha contra la corrupción, control de puertos y fronteras y recuperación de legitimidad institucional en los territorios, entre otros.
Y precisamente por eso el momento actual resulta tan decisivo, ya que el comportamiento de esta violencia degradada dependerá de cómo el país decida enfrentarla. Si Colombia responde únicamente desde la lógica militar o reactiva, probablemente veremos nuevas fragmentaciones y reciclajes armados. Si, por el contrario, logra combinar seguridad, implementación del Acuerdo, transformaciones territoriales y desmantelamiento real de economías ilegales y redes criminales, todavía es posible evitar que este estertor termine convirtiéndose en otra larga etapa de violencia crónica.
La discusión de fondo no es si estamos ante un “nuevo ciclo”. La verdadera pregunta es si Colombia será capaz, por fin, de cerrar bien el anterior.
