Por Camilo González Posso
Presidente de Indepaz
Bogotá D.C. 1 de marzo de 2020
La abogada-columnista María Isabel Rueda es bastante irregular. Pasa de buenas a pésimas columnas que parecen redactadas por encargo, como la publicada el 1 de marzo de 2020 en la que se lanza en ristre contra el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia. Los calificativos, mejor dicho, los descalificativos, van y vienen en sintonía perfecta con la iracundia del Ministro de Defensa Carlos Trujillo y del comisionado Emilio Archila.
Para Rueda el informe como mínimo es “deshonesto” y, para descrédito de la periodista, ella es la que manipula en cada acusación. Veamos una por una.
Que Brunoni y la Señora Bachelett citan “equivocadamente las cifras de los asesinatos de defensores de derechos humanos, lideres sociales y excombatientes”, pues “no maneja cifras oficiales sino las suyas”. Miente María Isabel: El gobierno por decisión del mismísimo presidente de la República decidió que la cifra oficial es precisamente la que periódicamente da la Oficina de Naciones Unidas. Y si no se ha informado bien la periodista, pues mire el último informe de Francisco Barbosa, ex Comisionado para los DD.HH ahora Fiscal General de la Nación. Sobre esta cifra como referencia oficial se ha discutido mucho en el país pues es inferior a la que ha dado la Defensoría del Pueblo y a los registros de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Que el Informe de la OACNUDH (Bachelett – Brunoni) omite mencionar las medidas que se han creado para excombatientes y los “resultados de la Fiscalía y la justicia para esclarecer y condenar a los autores de esos homicidios”. Miente de nuevo la periodista: el Informe habla positivamente de las actividades de la Unidad Nacional de Protección, del Plan de Acción Oportuna y del aumento en investigaciones de la Fiscalía. Puede mirar por ejemplo el numeral 28 ¿Lo que le molesta a la periodista es que el informe recomiende mayores esfuerzos para identificar, investigar, juzgar y sancionar a los autores intelectuales? Para organizaciones como INDEPAZ se queda corto el nforme cuando no pone en evidencia la manipulación de cifras de eficiencia contra la impunidad. Se h criticado que la Fiscalía ha dando por esclarecido un caso por el solo hecho de haber iniciado investigación o remitido el caso al juez que debe evaluar y confrontar pruebas para llegar a una sanción. La realidad es que de más de 380 casos de homicidios de líderes que reporta la Fiscalía, solo en el 12% ha habido sentencia de los jueces y este esclarecimiento no llega a los autores intelectuales.
Que “el informe les pasa la mano por el hombro al ELN y demás actores violentos”. Miente otra vez María Isabel Rueda: el informe es contundente en señalar la responsabilidad de disidencias y del ELN. (ver numerales 8, 9 y 10 del Informe). Incluso hay que decir que el Informe se alinea innecesariamente con la tesis del gobierno que responsabiliza grupos armado ilegales por los asesinatos de personas defensoras de DDHH sin señalar al menos la hipótesis de responsabilidad o complicidad de algunos agentes del Estado y de políticos y acaparadores de tierras y recursos naturales que son promotores de la estigmatización y discursos del odio. En lo que se refiere al homicidio y atentados a excombatientes de las FARC que ya superan los 250 casos, ¿le parece exagerado a la periodista que el informe llame la atención sobre la necesidad de reforzar las medidas de protección?
Que el informe excede el mandato de esa oficina cuando habla de “exceso de la fuerza de la policía en el control del vandalismo”. Tergiversa la periodista: ¿En donde dice el Informe que hubo exceso contra los vándalos? La señora Bachelet menciona expresamente casos de abuso de la fuerza en acciones de orden público contra civiles, verificados por la OACNUDH y retoma la jurisprudencia de la Corte Interamericana que habla de no utilizar a las Fuerzas Armadas, al Ejercito, en el control de protestas ciudadanas. Puede leerlo en las páginas 11 y 12 numerales 48 a 56 del mencionado informe.
Y la joya de la corona. Que la Alta Comisionada y Alberto Brunori pecan por indebida injerencia en asuntos internos, (en la soberanía nacional dice el Presidente Duque), cuando recomienda que la policía tenga una subordinación al poder civil y no al militar. María Isabel pasa de la desfachatez al ridículo desconociendo que la Oficina de la señora Bachelet está en Colombia a pedido de Duque que pidió la prolongación de su presencia precisamente para que hiciera recomendaciones en defensa de los derechos humanos y siguiendo pautas de la comunidad de naciones como esta de desmilitarizar la policía.
María Isabel Rueda se cuida de mencionar por su nombre a la Señora Bachelet y descarga su furia contra Alberto Brunori quien es aún su delegado en Colombia. Lo ataca una y otra vez por deshonesto y resulta que cada una de las frases con las cuales sustenta la acusación son una mentira deliberada o la muestra de falta de profesionalismo de la abogada-columnista.
