Su extradición, dijo, fue una estrategia para tapar la responsabilidad criminal de algunos líderes políticos. Denunció que para garantizar su silencio, son amenazados sus familiares que permanecen en Colombia.
En la recepción del hotel, Piedad Córdoba me dijo que esa mañana del pasado viernes 22 de mayo tenía una sensación parecida a aquella que la embargaba durante los primeros días de su secuestro, cuando en el campamento de las Auc se esperaba la llegada de Carlos Castaño. En esta ocasión al que íbamos a ver era a otro de sus captores, Salvatore Mancuso, prisionero hoy en la Correctional Treatment Facility; una penitenciaría privada en Washington.
La reunión se prolongó durante cinco horas. En ella comprobamos que la extradición de la cúpula de los grupos paramilitares obedeció a la inminencia de las confesiones más decisivas que implicarían a sus aliados políticos, militares y económicos, que hoy detentan las más altas posiciones en el Estado. Para garantizar su silencio, se mantiene bajo amenazas a sus familiares, quienes no han podido ingresar a los Estados Unidos, pues no se les conceden los permisos especiales requeridos.
La estrategia de impunidad contempla, además, el encauzamiento judicial de sus familias y el asesinato de cientos de los desmovilizados que ejecutaban las órdenes o tenían contacto directo con los socios políticos y empresariales. También quedó claro en la reunión que algunos de los extraditados han entregado ya valiosa información a autoridades judiciales y aduaneras estadounidenses. Información que concierne a figuras colombianas del más alto nivel.
Los aspectos sustanciales de la verdad que tienen que contar los paramilitares ya se conocen en EE.UU. Esa información se hará pública tarde o temprano. Por ahora su contenido se mantiene en la reserva de las investigaciones. Ante la ausencia de un acuerdo integral de cooperación judicial, todavía es posible mantenerla al margen de los procesos que se adelantan en Colombia.
Durante la visita Mancuso nos relató unas cuantas de esas grandes verdades. Todas ellas impactantes por los personajes que auspiciaron y se beneficiaron de las acciones de las Auc. Algunos elementos de esa información confirmaron lo que ya intuíamos sobre la responsabilidad criminal de determinados líderes políticos y agentes estatales.
Nos impresionó escuchar de los labios del jefe paramilitar las precisiones de tiempo, modo y lugar de cómo se dieron los hechos. En otros casos aparecieron implicados nuevos protagonistas de la vida pública del país. Esas historias son las piezas del ascenso de sectores de las élites regionales y de los clanes familiares al poder utilizando las estructuras de lo que Mancuso llama el “paramilitarismo de Estado”; de la utilización del narcotráfico para financiar la política, de la usurpación de la tierra legalizada por medio del testaferrato y de la compra de la tierra destinada a la reparación por medio de consorcios de testaferros; de los asesinatos perpetrados contra los aliados paramilitares usando a los aparatos de seguridad del Estado, de la traición que hicieron los políticos a los pactos de complicidad; del empleo de ciertas instancias judiciales para obstaculizar las investigaciones acerca de la responsabilidad de los políticos implicados en las versiones rendidas ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz.
Con la extradición se buscaba clausurar para siempre la posibilidad de que esas historias se convirtieran en acervo probatorio. Pero la situación está cambiando. Ahora ya sabemos que las autoridades judiciales en Estados Unidos tienen copiosa información. Y nosotros también comenzamos a tenerla. Que se declare ante los jueces y se revele públicamente es cuestión de tiempo.
