El debate sobre el destino de las armas de las FARC ha venido pasando de rojo a chocolate oscuro por los duros cuestionamientos desde el uribismo a las palabras dejación de las armas que se incluyeron en la agenda de las negociaciones en La Habana. En la lista de “capitulaciones del gobierno ante los terroristas” lo mínimo que se dice es que se ha aceptado una “paz armada”, una “tregua incierta” o una retaguardia con fusiles. El tono de los alegatos ha subido con las afirmaciones de algunos voceros de la guerrilla sobre su perspectiva de mantener las armas hasta que los acuerdos sean ratificados por el pueblo y, más allá, hasta que esté garantizado su cumplimiento.
El texto del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de la paz le trasladó a la mesa la definición de la enigmática dejación de las armas que deja abiertas las modalidades operativas; ese texto no incluye expresamente temas relativos a las Fuerzas Armadas en el post conflicto, al estilo de lo acordado en El Salvador o Irlanda. Lo que estaría en discusión es el cómo y el cuando de la dejación, pero no la determinación, como parte del acuerdo final, de abandono definitivo de la acción armada o de la práctica de hacer política con armas. A su vez el gobierno se obliga a la persecución de “cualquier organización” que haya cometido homicidios y atentado contra los defensores de derechos humanos. No excluye a las organizaciones estatales ni las ejecuciones extrajudiciales.